Ya veremos cómo acaba la cosa, pero, de momento, este jueves ha habido buenas noticias.

La Diputación Permanente del Parlamento autonómico de Cataluña ha derogado el decreto del Govern que ampliaba la limitación de los precios a los alquileres temporales de viviendas.

ERC, la CUP y los Comuns han votado a favor de la normativa, mientras que Junts, PP, Vox y Cs se han opuesto, y el PSC se ha abstenido.

La normativa pretendía evitar la fuga de la oferta de vivienda habitual al mercado temporal, que se había producido después de que se limitara el precio del alquiler de la primera.

Y es que limitar los precios o prohibir alquilar los pisos por el tiempo que propietarios e inquilinos pacten nunca es una buena solución para arreglar el problema de la vivienda.

No se puede trasladar ese conflicto a los particulares. La única forma de conciliar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y el derecho a la propiedad privada es que la Administración ofrezca vivienda asequible (construyendo nuevos pisos o comprando los que ofrezca el mercado y poniéndolos en alquiler), no interviniendo en el mercado con limitaciones de precios o medidas similares.

Al menos, no es razonable que esas regulaciones afecten a los pequeños propietarios, que llevan décadas depositando en ladrillo el ahorro fruto del esfuerzo de varias generaciones. Otra cosa son las grandes empresas inmobiliarias que acaparan decenas de inmuebles con carácter especulativo.

La posición del PSC en el debate de (no) validación del decreto es especialmente relevante, pues en adelante sus 42 escaños serán fundamentales para ver cómo acaba regulándose este asunto, y todo lo referente a la vivienda.

La socialista Alícia Romero ha criticado la normativa porque generaría inseguridad jurídica y desincentivaría a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado de alquiler. Romero ha subrayado que la solución pasa por construir mucha vivienda pública. Y se ha comprometido a que un futuro Govern encabezado por su partido buscará consensos al respecto.

Esperemos que ese sentido común también se aplique a otras situaciones incomprensibles e injustificables, como la vigente prohibición a las familias para que alquilen (si quieren) sus viviendas a los turistas.

Veremos.