Revertir la fuga de empresas de Cataluña ha sido una prioridad de los Gobiernos de la Generalitat desde 2017. Se ha hablado mucho de ello e incluso se ha amagado con sancionar a los que no reviertan la movilidad de su sede social. Con todo, este desiderátum no va acompañado de acciones políticas en firme que muestren la seguridad jurídica del territorio. Es más, se falla en los básicos.

El último gran tropiezo del Govern ha sido, por enésima ocasión, en un concurso público. Y no en uno precisamente menor; se ha errado en el contrato para organizar todo el transporte sanitario catalán (el urgente y el que usan los enfermos para ir hasta un centro de salud con regularidad), unos trabajos valorados en 2.382 millones de euros que convierten el proceso en el de mayor cuantía que se mueve en la Generalitat.

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) ha vuelto a dar un correctivo mayúsculo a una licitación clave para Cataluña. Ha decretado “retrotraer las actuaciones para que el órgano de contratación justifique de forma adecuada, siguiendo la sistemática de la Ley de Contratos del Sector Público y de conformidad con la doctrina expuesta, los cálculos que deben llevar a la determinación de los valores que forman parte” del contrato de servicio que se licitará. Es decir, la memoria económica del proceso.

Al actual Gobierno catalán le ha faltado tiempo para intentar minimizar la resolución. El mismo día en que el tribunal administrativo que garantiza la pulcritud en la contratación pública de Cataluña le sacaba los colores, los responsables del gazapo daban garantías públicas de que el concurso se podría adjudicar en tiempo y forma. Aseguraron que sólo se necesitaba ampliar el pliego actual.

La promesa será difícil de cumplir y recuerda demasiado a las resistencias de la Generalitat en reconocer los tropezones en grandes concursos públicos, con consecuencias tanto en las arcas públicas catalanas como en la imagen de la Administración como licitador fiable.

El caso más sonado fue el de ATLL. El periplo en los tribunales se prolongó casi una década y, al final, el revolcón a la Generalitat fue mayúsculo. Quedó probado que la Administración había adjudicado el servicio a sabiendas de que no lo podía hacer porque existía un vicio de fondo enmendado por el mismo TCCSP. Casi 13 años después de que tuviera lugar el acto administrativo, no sólo había decaído el concurso. El TSJC condenó a al Ejecutivo catalán a pagar 304,4 millones de euros de indemnización a la perjudicada, Acciona.

El mazazo al concurso de las ambulancias es formalmente menor, aunque el fondo es más grave. La memoria económica es la clave de vuelta de la licitación, ya que el precio por el que se realizará el servicio es lo que da más puntos en la mesa encargada de adjudicar el contrato. Rehacerla no es cuestión de semanas. Se debe ser extremadamente correcto, ya que las empresas aspirantes a gestionar ambulancias en el territorio mantienen las espadas en alto y están dispuestas a persistir en el pulso.

Lo que resulta más grave es que el error no se da en una cuestión técnica. Se ha fallado en una cuestión que, en el fondo, muestra que no se entiende de forma correcta de qué va la colaboración público-privada. Se ha probado que la Generalitat iba a licitar un servicio sin justificar de forma correcta que la previsión de actividad arrojaba algo de beneficio para los privados. Es más, se había advertido de que en algunos puntos se tenía que ir a bajas temerarias.

El Gobierno de la Generalitat quiere revertir la fuga de empresas, pero se ha demostrado incapaz de lanzar un concurso público muy sensible por la naturaleza del contrato bajo la bandera de la precariedad. Tiene poco margen para corregir. Queda saber si hace los deberes o, como otras tantas cuestiones, la resolución recaerá en la próxima administración. Algo que, al final, sí se ha convertido en una marca de los sucesivos Ejecutivos catalanes.