El decretazo a los apartamentos turísticos del Govern marcará el final de año en Cataluña. Mientras el debate de la amnistía acapara la política nacional, la regulación sobre los pisos para viajeros es la gran baza con la que cuenta Pere Aragonès para ganar oxígeno.
Las críticas por cómo ha abordado la situación de sequía son cada vez más unánimes y se suman a la censura sobre la falta de gestión del Ejecutivo. La guinda del pastel es la lentitud en abordar el debate presupuestario.
En este contexto, los republicanos han presentado una iniciativa para regular los apartamentos turísticos de toda Cataluña que les aproxima a los denominados partidos de la nueva izquierda. Se vende como otra fórmula para bajar los precios del alquiler porque se asegura que los pisos destinados a apartamentos pasarán a este mercado.
El espaldarazo del Consell de Garanties Estatutàries al decreto ley da fuerza al Govern para intentar recabar los apoyos que necesita para aprobarlo. Especialmente porque el redactado actual ha puesto en pie de guerra al sector.
La fórmula de café para todos que propone la normativa molesta incluso a colectivos ecologistas de la Costa Brava, quienes reconocen que los alquileres de segundas residencias son vitales para la economía de la zona y quieren evitar que se construyan nuevos inmuebles o hoteles para responder a una demanda turística que, como mínimo, se mantendrá.
También ha molestado al mundo local, que reclama tener voz y voto para decidir cuántas licencias deben estar activas en un municipio y recuerda que hay muchas realidades en Cataluña más allá de la de Barcelona.
Aragonès tiene todos los números para abrir la mano en el trámite parlamentario. Así se lo exige la oposición para contar con su apoyo y ERC necesita los votos de otros partidos. Y ha presentado el decreto por la vía de la urgencia, por lo que no hay tiempo para debates demasiado profundos ni se dará la tranquilidad para transaccionar.
Además, la norma es pasto de los tribunales. Por lo que sería bueno realizar un esfuerzo extra para lanzar una ley robusta que no ponga en duda la seguridad jurídica del sector. Aunque es muy probable que los anuncios de denuncias que los empresarios turísticos han avanzado no quiten el sueño del president.
Se apunta a que Aragonès contempla la normativa como un viento de cola para la precampaña electoral en la que se mete Cataluña con el inicio del nuevo año. Y no sería menor si, tal y como indican las malas lenguas, el de Pineda de Mar convoca elecciones finalmente antes del verano para esquivar la parte hard de la sequía.
En este capítulo, el Ejecutivo catalán intenta convencer de que comprar barcos de agua es la solución (y no una medida extrema) para mantener el suministro, aunque sea con limitaciones. Repite, asimismo, que no tiene más margen porque no controla la meteorología.
Pero no es tan sencillo eludir que la tecnología actual brinda suficientes soluciones para luchar contra la falta de lluvia en un territorio, incluso de forma sostenible, y que los motivos de la situación actual del suministro catalán están más relacionados con la carencia inversora que con la falta de precipitaciones.
Todo ello, sin eludir la lucha constante entre la bicefalia instalada en ERC. Hacer gala de que se han tomado medidas para bajar los alquileres supone un salvavidas para Aragonès al que no renuncia. Queda por ver si es el camino para que los catalanes votemos por dos en las próximas elecciones europeas.