El 'Constitucional' catalán bendice el decretazo turístico de Aragonès

Ninguna sorpresa en el Consejo de Garantías Estatutarias. Tal y como se esperaba, el organismo consultivo de la Generalitat ha decidido no interferir en el decretazo del Govern de Pere Aragonès contra los apartamentos turísticos pese a las serias dudas expresadas por expertos en derecho constitucional y administrativo.

La batalla de los empresarios del sector contra el cambio repentino y retroactivo de las normas del juego se tendrá que librar en el Parlament, donde la oposición podría bloquear la tramitación si no hay modificaciones. Si el texto tira adelante tal y como está planteado, se pasará a la pantalla del Tribunal Constitucional.

Dudas sobre su legalidad

Empresarios y turistas afirman que el decretazo elaborado por la Consejería de Territorio de Ester Capella con urgencia y sin negociar con las partes afectadas choca contra la legalidad vigente en Cataluña, España e incluso en la Unión Europea. El Consell de Garanties no lo ve así y ha respaldado el encaje de la norma tanto en el Estatut como en la Constitución.

Sede del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat, en Barcelona / ENFO (CC-BY-SA-3.0)

Avala así el decreto ley del Govern, que pretende cerrar cerca de 28.000 apartamentos de plataformas como Airbnb en 262 municipios. PSC, Junts, Cs, PP y Vox trasladaron sus dudas al organismo para que se pronunciase sobre la legalidad de la normativa.

Examina ocho artículos

El organismo explica en el dictamen que no ha encontrado vulneraciones de la normativa sobre la autonomía municipal, ni sobre los límites constitucionales y del Estatut. Considera, en cambio, que la Generalitat no se extralimita en sus competencias de urbanismo y vivienda.

Concretamente, los juristas de la Generalitat han analizado los artículos 64.1, 86, 137 y 149.5 del Estatut autonómico y el 9.3, 86.1, 140, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución. Ninguno de ellos ha hallado sombras en el texto en una resolución que ha sido aprobada por unanimidad.