Bueno, pues parece que ya se va aclarando el asunto. Tras los indultos, la supresión de la sedición y el bloqueo del 25% en castellano, llegan la amnistía, nuevas transferencias de competencias y una morterada ingente de dinero para la Generalitat.

Parece evidente que avanzamos en la destrucción del país. Por lo menos, en su concepto socialdemócrata de progreso, libertad e igualdad de sus ciudadanos en cuanto a derechos y obligaciones.

Y creo que hay que subrayarlo: esta destrucción del país se hace con la decisión plenamente consciente de sus ciudadanos. Todos sabían lo que votaban el pasado 23 de julio. A nadie le han engañado.

Pero la decisión soberana del país deja unos claros damnificados. Los de siempre. Los catalanes no nacionalistas son (somos) los más perjudicados de los acuerdos entre socialistas y nacionalistas del más diverso pelaje.

Digamos que a nuestros compatriotas del resto de España (o excompatriotas, como algunos dicen ya), como viene ocurriendo desde hace décadas, les importamos un carajo. Por lo que todo apunta a que seguiremos teniendo delante una Administración que nos trata como si fuéramos extranjeros en nuestro propio país.

En realidad, los catalanes no nacionalistas sufrimos una situación de desprecio tan profundo y sistemático por parte de las Administraciones (lengua, imaginario colectivo, acceso a subvenciones, etcétera) que no tenemos nada más que perder.

Y, si a eso se junta la falta de empatía de nuestros conciudadanos del resto del país (que han preferido claramente a los ultranacionalistas antes que a la ultraderecha), pues, hombre, qué quieren que les diga, el sentimiento empieza a ser recíproco.

Los catalanes nos vamos a comer con patatas a los nacionalistas por mucho tiempo (como ocurre desde 1980 de forma ininterrumpida --recuerden, el Gobierno socialista de Montilla fue exactamente tan sensible con los derechos lingüísticos de los catalanes castellanohablantes como lo ha sido el de Quim Torra, el de Artur Mas o el de Pujol--). Y ni con Salvador Illa al frente del Govern –-cosa que no tiene pinta de que pase ni en un millón de años, pues sería absurdo que ERC o JxCat le hagan presidente cuando ellos están sosteniendo a Sánchez en Madrid-- cambiaría un ápice.

Así que es humano apostar por socializar un poquito el sufrimiento, ¿no? Repartirlo equitativamente entre todos para que la cosa sea más llevadera. Al fin y al cabo, si los que han decidido que manden Puigdemont, Junqueras y otros tarados (por utilizar el lenguaje de Torra) han sido los ciudadanos españoles de fuera de Cataluña, también ellos deberían comérselos con patatas, digo yo.

Y la mejor forma de que eso ocurra es mantener a los secesionistas con fuerza en el poder. Por eso, aportaré mi granito de arena votando (en cuantas elecciones sean necesarias) a la opción más zumbada de los partidos nacionalistas, que yo sitúo en la formación que lidera el prófugo de Waterloo.

De entrada, el acuerdo de este jueves entre el PSOE y ERC incluye que el Estado asuma 15.000 millones de euros de la deuda del FLA con la Generalitat y entregue más pasta --todavía sin determinar-- para Mossos, cárceles, I+D+i, becas, Cercanías, inversiones, etcétera.

La financiación autonómica es un juego de suma cero, así que todo esto que viene para aquí es dinero de menos que tendrán los gallegos, andaluces, aragoneses, murcianos, madrileños, asturianos, canarios, castellano-manchegos, que, al fin y al cabo, son los responsables de esta situación. Y solo faltaría que encima se fuesen de rositas, ¿no?

Eso sí, al menos, no nos gobierna la ultraderecha. O eso dicen.