Desokupa ha saltado al campo cual ultra de La Curva del RCD Espanyol y la jugada le ha salido redonda. Los de Dani Esteve atinan en el diagnóstico, pues en España se presentaron 16.726 denuncias por okupación de inmuebles en 2022, casi 46 al día, según el Ministerio de Interior. Es una cifra en máximos históricos solo superada por los 17.000 escritos registrados en 2021. La okupación existe, y, en muchos casos, supone un problema. 

Los de Esteve han conectado también con el malestar de muchos ciudadanos de Cataluña. Siempre según los datos de Interior, Cataluña es líder destacada, con 1.673 denuncias de usurpación, el 42% del total y el triple que la segunda comunidad autónoma, que es Andalucía. Por mucho motivos, el territorio concentra una parte significativa de los edificios allanados. 

Y, por último, Desokupa ha tocado una tecla sensible: el malestar. ¿Hay problemas de convivencia en La Bonanova con La Ruïna y El Kubo? Al parecer, hasta hace unos meses y hasta que llegó la campaña electoral, no los había, dicen los portavoces del barrio. Pero no nos engañemos: parte del gobierno municipal ha dado carta blanca a determinados locales okupados, como Tres Lliris de Gracia --con un caso judicial contra el concejal Eloi Badia por malversación archivado, pero pendiente de recurso-- o con otra causa viva contra Janet Sanz, número tres de Ada Colau el próximo 28 de mayo, por hacer un traje a medida a los okupas de Casa Buenos Aires. O una tercera contra la propia Colau por el llamado Bloc Llavors de Sants. 

En La Bonanova, pues, parece que no había quiebra convivencial hasta hace pocas semanas, pero en el global de la ciudad sí se había instalado la sensación de cierta impunidad con algunos allanamientos. Y en algunos en los que no vivían familias vulnerables. En Gracia, por ejemplo, entró Arran en una antigua comisaría, se corrió juergas durante las restricciones contra el Covid, impagó el alquiler social al distrito y dejó sin espacio a los esplais del barrio, entre otras proezas. 

Es en este contexto, Desokupa ha saltado al campo en Barcelona, una urbe que, contra lo que pudiera parecer, tenía casi vetada por sus viejas rencillas con bandas criminales autóctonas. 

Como ocurrió desde su fundación, la empresa de Esteve acierta en cierto diagnóstico, pero se equivoca en los métodos y en la solución. Desokupa no tendría que existir, y las okupaciones deberían abordarse desde los poderes públicos. Avanzando los procedimientos judiciales con rapidez, por un lado, algo que no pasa actualmente, y ofreciendo soluciones habitacionales a las familias que irrumpen en viviendas que no son suyas por pura necesidad. 

El problema es que ni una cosa ni otra se pueden garantizar en estos momentos. Es ahora, a las puertas de las municipales, cuando algunos partidos abogan por abrir un segundo juzgado de primera instancia o se felicitan por el paupérrimo parque de vivienda pública creado. Solo un dato: en marzo, hasta 746 familias de Barcelona en situación agónica esperaban una vivienda de la Mesa de Emergencia, según su propio portal. 

Las administraciones no han dado solución al asunto de la vivienda, algunos se han tomado la justicia por su mano, han aparecido mafias que depredan en los más vulnerables y, en este escenario, Desokupa ha saltado al campo. Pero como anteayer en el RCDE Stadium, el matonismo y esta forma de actuar solo desacreditan a quienes la operan.