Vecinos de Gràcia piden reabrir la causa por malversación contra Eloi Badia

Según el recurso al que ha accedido este medio, los demandantes citan un reguero de presuntas irregularidades como motivos para volver a investigar a Badia. Detectan "arbitrariedad" en la cesión del edificio a los intrusos del Casal Popular Tres Lliris y lo ponen negro sobre blanco con un argumento: cuando el caso se estaba instruyendo en el juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, el distrito de Gràcia, que preside Badia, volvió a ceder el inmueble a los allanadores. 

Se saltan el proyecto técnico

Como en la primera ocasión en 2017, la segunda cesión por convenio en 2022 fue sin concurrencia ni publicidad. Ello supone, argumentan los vecinos, una "actuación arbitraria". Pero es que hay más, porque los okupas, como ya pasó en la anterior cesión, pasan del proyecto técnico aprobado con el distrito en 2017 y 2022 y hacen un uso abusivo de la terraza, donde hacen fiestas y actividades pese a que el documento lo prohíbe. 

En efecto, los radicales llevan provocando molestias al vecindario desde 2017. Como detalló este medio, la Guardia Urbana ha iniciado 78 actuaciones contra ellos, sin que se logre su desalojo. Lo que es más: en 2022, se renovó el convenio municipal con los antisistema. 

Más que la cesión

Esta actuación del distrito la llevó un grupo de vecinos a la justicia, pues sospechaban que podía ser indiciaria de prevaricación y malversación. El juzgado número 27 sobreseyó la causa al no ver acreditada ninguna actuación delictiva, avanzó El Diario. Ahora, los recurrentes piden a la Audiencia Provincial que ordene investigar de nuevo. Lo demandan porque su querella no se centra en la cesión del espacio, como argumentó el juez. 

Hay, dicen, mucho más. El distrito, con Badia al frente, tomó una cadena de decisiones "arbitrarias" para favorecer a los okupas. Y malversó caudales públicos, según ellos, al ceder un bien municipal --es el Instituto Municipal de Vivienda-- a los squatters. 

Impagaron el alquiler

Arbitraria o no, la conducta del equipo del concejal fue benevolente. El distrito de Gràcia pactó un alquiler social con los intrusos, pero éstos lo impagaron. Después y ante las reiteradas quejas de vecinos por ruido, incoó un expediente de cese de actividad que no se llegó a ejecutar. 

Los residentes pidieron en dos ocasiones, el 7 y 22 de octubre de 2021, por qué el expediente administrativo no se ejecutaba. No recibieron respuesta. 

Fiesta en la calle

No solo el ayuntamiento ha tratado a los allanadores con guante de seda, sino que les ha hecho favores. En 2021, les cedió un patio del Espai Jove La Fontana, un activo municipal, como explicó Crónica Global, con ocasión de la Fiesta Mayor de Gràcia. El año pasado repitió, y Valents, partido de Eva Parera, exigió detener la parranda antisistema. No ocurrió. 

El ayuntamiento, por su parte, enmarca esta acción judicial a una campaña jurídica contra el gobierno municipal de BComú y PSC.