El primer fin de semana de campaña electoral de las municipales se recordará como los días en que los partidos han intentado volver al carril de las estrategias trazadas con anterioridad. Esa maratón que corren los candidatos durante 15 días que está diseñada al milímetro y busca evitar que alguien meta la pata.

Ha sido una empresa como Desokupa la que ha marcado la actualidad en los primeros compases de la carrera hacia las urnas. Una compañía con una actividad que es, como mínimo, controvertida, que tiene necesidad de hacerse ver para dejar atrás los números rojos de su cuenta de resultados y con un líder tan amante de la polémica como es Daniel Esteve.

La inseguridad emerge como principal preocupación ciudadana de forma recurrente en los barómetros y encuestas de opinión de las ciudades. Hay mucho de ideológico en este tipo de debates y los discursos extremistas tienen el campo abonado para proliferar. Para hacerse virales, extremo que no ha desaprovechado Desokupa en la Bonanova y que ha arrastrado a las formaciones de todo signo a sumarse a un debate que va de la mano del de los problemas de acceso a la vivienda.

El propio Banco de España advirtió esta semana de que no existen “fórmulas milagrosas”, ni sencillas, para atajarlo. Es más, señalaba que la nueva ley de la vivienda “puede generar efectos indeseados a medio plazo” y complicar aún más la situación. Lo mismo que ha ocurrido con medidas como la reserva del 30% de las promociones en Barcelona, una medida con un buen fondo (repartir la vivienda pública por toda la ciudad) pero que en la práctica ha implicado una caída drástica de la obra nueva.

Hay suelo disponible y empresas con recursos para construir, pero la obligación de destinar parte del proyecto a vivienda de protección oficial eleva el coste del resto de unidades hasta el nivel de comprometer la viabilidad de la construcción. Así se ha explicado por la parte privada desde el primer momento y, ante la negativa de flexibilizarla (como concentrar las viviendas públicas en un solo edificio), la actividad está congelada a la espera de un cambio signo político municipal que implique revisar la normativa a fondo.

Mientras, la falta de vivienda a un precio asequible en Barcelona (y toda el área metropolitana) es cada vez más acusada. Las fórmulas con las que se han puesto sobre la mesa en los primeros días de campaña para atajar la problemática son cada vez más ocurrentes y se abona el terreno a discursos cada vez más extremistas.

Aunque sea una competencia que se escapa de las corporaciones locales, en los primeros compases de esta campaña se echa de menos la demanda de revisar a fondo los salarios. Y es que, quizá el problema en España no es que los pisos sean caros, sino que la gente cobra poco.