Colau tapa el fiasco del 30% para vivienda pública obligatoria con la intervención de 17 promociones

La normativa del Ayuntamiento de Barcelona que, desde septiembre de 2018, obliga a los promotores privados a reservar un 30% de sus construcciones a vivienda protegida no está surtiendo el efecto esperado. El consistorio que encabeza Ada Colau ha detectado 17 promociones inmobiliarias en la ciudad en las que, según su versión, se han ejecutado obras sin cumplir ese 30% destinado a vivienda asequible, lo cual supone según sus estimaciones unos 70 pisos de protección oficial desde 2019.

Según ha explicado este miércoles la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, el ayuntamiento barcelonés ha detectado un "modus operandi de estafa" con el que, según ella, los promotores tramitan diferentes permisos de obras menores en vez de solicitar una única licencia de gran rehabilitación para no destinar los pisos a protección oficial.

Barcelona aprobó en 2018 la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que obliga a las inmobiliarias a reservar el 30% de la obra para protección oficial de nueva construcción, así como las rehabilitaciones que afecten a todo el inmueble o a los cambios de uso del edificio.

Inspección de casi 1.400 inmuebles

Janet Sanz asegura que el ayuntamiento ha efectuado una campaña de inspección a 1.368 inmuebles con permisos de obra entre enero de 2019, cuando ya estaba vigente la normativa, y abril de 2022.

De los pisos analizados, se han detectado 138 casos de obras que no se ajustan al reglamento actual, 17 de los cuales deberían haber aplicado la reserva del 30% de vivienda asequibles que hubieran hecho que la ciudad sumara 70 pisos de protección oficial.

Los emplazamientos de estas obras donde no se ha aplicado la reserva del 30% se ubican en los distritos de Ciutat Vella (1), Eixample (8), Sants-Montjuïc (2), Sarrià-Sant Gervasi (3) y otros tres en Gràcia.

Sanciones de 90.000 a 900.000 euros

Según Sanz, el consistorio aplicará sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros, según se contempla en la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, a aquellos promotores que se hayan saltado la normativa. La edil advierte de que estas sanciones deben servir como un "aviso" para que no se repitan estos incumplimientos.

Además de sanciones, el Ayuntamiento de Barcelona exigirá a quienes se hayan saltado el reglamento ceder ahora este 30% de los pisos para vivienda asequible o, en el caso de que estas promociones ya se hayan vendido en su totalidad, ceder la misma cantidad de pisos en otro edificio del mismo barrio.