Los grupos de ERC y la CUP pretenden reformar parcialmente el Reglamento del Parlament para para que se pueda llamar al orden o expulsar de la Cámara a quien pronuncie “discursos de odio o intolerantes” o inciten “a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua, discapacidad o cualquier otra”. A priori, no es mala decisión, pues ya bastante cansados estamos de que ciertos políticos empleen las instituciones para generar crispación, pero surgen algunas preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Con qué intención? ¿A quién va dirigida esta censura? (en Vox se han dado por aludidos) ¿Qué ocurrirá cuando sean ellos mismos los que hablen en esos términos? ¿Solo se tendrán en cuenta las formas o bastará con el fondo?

No son cuestiones baladí. Entre otras cosas, porque se me vienen a la cabeza algunas expresiones xenófobas y supremacistas expresadas en el pasado reciente por diputados independentistas dentro del Parlament, como la de Anna Erra (Junts), que en 2020 instó a “poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o su nombre no parezca catalana”, o la de la exconsejera de Cultura Mariàngela Vilallonga, que manifestó que en la Cámara autonómica “se habla demasiado en castellano” y que “la lengua propia de Cataluña es el catalán”, o la del arrepentido Alfonso López Tena (SI), quien dijo en 2011 que “cada día España roba a cada catalán 3.000 euros” y llamó poco menos que “banda mafiosa” al país vecino.

Estos son solo tres ejemplos de lo que sus señorías han dicho dentro del Parlament, pero lo que han escrito y declarado fuera de esas paredes es mucho más abultado y ofensivo. En todo caso, es pertinente preguntarse si solo en esos casos se llamará al orden en el hemiciclo o si también se considerarán cuestiones como el procés, la animadversión al Rey o la defensa a ultranza de la inmersión lingüística, pues en el fondo son discursos de igual odio o intolerancia que los tres casos mencionados. La pregunta es retórica. Es evidente que solo callarán a quien les convenga, y rara será la vez que afecte a uno de los suyos, al menos mientras ellos tengan la presidencia, ahora interina, de la Cámara. Ojalá me equivoque. En ese caso, habría dos posibilidades: o que se usen las instituciones para tratar los problemas reales, o que los diputados dejen de trabajar, pues se van a quedar sin nada que decir.