Las frikadas habituales con las que los nacionalistas nos entretienen a diario han conseguido que pasara casi desapercibido un lamentable episodio que describe con precisión cómo (de mal) están las cosas por Cataluña.

Para quienes no estén al corriente, les pongo al día. Resulta que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) inició el 13 de marzo pasado unas obras de rehabilitación del firme en la autovía A-2 a su paso por la variante de Cervera, que incluían la renovación de algunos carteles.

Entre ellos, había un rótulo que indicaba la salida a “Cervera (nord)”, únicamente en catalán, que fue sustituido por uno que rezaba “Cervera-Norte”, en castellano (con la letra de la palabra “Norte” más pequeña).

Como era de esperar, eso generó la ira de los principales partidos nacionalistas en cuanto lo detectaron. Así, el 21 de marzo, ERC y Junts presentaron sendas preguntas al Gobierno en el Congreso y en el Senado pidiendo explicaciones por lo ocurrido y exigiendo que la señal fuera corregida inmediatamente.

Lo sorprendente es lo que vino a continuación. Al día siguiente al mediodía, el subdelegado del Gobierno en la provincia ilerdense, José Crespín, lanzó este tuit: “He comunicado al alcalde de Cervera el error en la rotulación de un cartel de salida de la A-2 en el tramo actualmente en obras. Se procederá al cambio lo más pronto posible y se recuperará la rotulación en catalán como es habitual en la red de carreteras del Estado en Cataluña”.

Dos horas y media después, publicó otro tuit acompañado de una fotografía con un nuevo cartel que ponía “Cervera-Nord” y decía: “Error en la rotulación subsanado. Perdonen las molestias que haya podido ocasionar”.

O sea, una señal solo en español es un “error” y una “molestia” inaceptable para el Gobierno, mientras que un cartel solo en catalán es lo correcto y “habitual”. En otras palabras, lo que el subdelegado Crespín dice viene a ser: que os den por saco, catalanes castellanohablantes; sois ciudadanos de segunda y como tal os hemos tratado y lo seguiremos haciendo.

Pero es que, lo que es más grave todavía, es que el rótulo es ilegal. Sí, es cierto que la normativa autonómica exige que las señales de las carreteras estén escritos “al menos, en catalán” (artículo 42.6 del Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de carreteras de la Generalitat), pero la normativa nacional exige que también lo estén en castellano (artículo 56 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

El subdelegado Crespín no solo comete una ilegalidad al ordenar colocar un cartel únicamente en catalán, sino que admite que esa ilegalidad es “habitual” en las carreteras que gestiona el Estado en Cataluña.

Así las cosas, o el subdelegado Crespín es un necio (no tiene ni idea de la ley) o es un prevaricador (la conoce y la incumple a sabiendas). En ambos casos, ya debería haber dimitido. Mientras que, en el segundo, además debería responder ante la justicia.

De lo que no hay ninguna duda es de que el subdelegado Crespín es un tipo patético al servicio del nacionalismo catalán. En apenas unas horas el personaje consiguió cambiar el cartel, ¡para que luego critiquen la lentitud de la administración en la ejecución de las obras! No es de extrañar que uno de los comentarios a su tuit fuera: “¡Las rodilleras, José!”.

Como también es destacable la respuesta que le ha dedicado el presidente de Convivencia Cívica Catalana, el incombustible abogado Ángel Escolano: “Pues oiga, ya que usted es tan amigo del alcalde de Cervera, podría aprovechar para pedirle que cumpla la ley y cuelgue la bandera de España en el balcón del ayuntamiento [en el que solo ondea una estelada]. Sólo si tiene tiempo, que se le ve muy ocupado trapicheando señales en la autopista”.

Algunos ilusos insisten en que con la muerte del procés las cosas ya funcionan razonablemente bien en Cataluña, pero acontecimientos demenciales como este nos recuerdan que la putrefacción nacionalista sigue impregnando a la administración pública hasta el tuétano.

Los derechos de buena parte de los ciudadanos de Cataluña se pisotean de forma sistemática, inmisericorde e impune todos los días. Y eso ocurre con la pasividad o la complicidad del Gobierno actual.