Es un lugar común de los terceristas apelar a algún tipo de fórmula para “encajar” a los nacionalistas catalanes “en España” con el objetivo de superar la “crisis territorial” (en realidad, crisis del secesionismo).

“¡Algo habrá que hacer con los dos millones de independentistas que rechazan esta España!”, exclaman algunos. “Admitimos que sus dirigentes se han echado al monte, pero ¿lo único que proponéis es imponerles la Constitución? ¿Eso es todo?”, se preguntan indignados otros. “Hay que ofrecerles una salida política”, añaden. “Es mucha gente y no se la puede ignorar. El constitucionalismo no puede apostar solo por combatirla judicialmente”, insisten.

En las elecciones generales del 28A, Vox obtuvo más de 2,6 millones de votos y 24 diputados, lo que les permitió irrumpir como la quinta fuerza a nivel nacional. Siguiendo el criterio de los defensores de la tercera vía, los partidos constitucionalistas deberían buscar alguna fórmula para “encajar” a la extrema derecha en el sistema y ofrecerles “una salida política”, pues es mucha gente y no puede ser ignorada.

Arguyen los terceristas que no es lo mismo. Que las reclamaciones independentistas deben ser atendidas porque son más relevantes dos millones de personas concentradas en una comunidad autónoma que 2,6 millones repartidas por toda España. Porque la exigencias nacionalistas son sostenidas en el tiempo desde hace mucho, no como el apoyo a Vox. Y porque el secesionismo es políticamente influyente y supone un problema real que afecta a la convivencia, mientras que la extrema derecha no lo es.

Sin embargo, no parece muy razonable otorgarle mayor trascendencia a una reivindicación política con menor apoyo popular por el hecho de estar concentrada en una parte del territorio. Ni debería tener menos valor una demanda porque sea más reciente. De igual modo que la justicia de una exigencia social no debería medirse en función de los problemas que sus seguidores generen al resto de la población.

De hecho, este último debería ser un argumento en sentido contrario. Por muy despreciables que nos puedan parecer ambos proyectos, hay matices. Así, los líderes independentistas se han saltado innumerables leyes para intentar conseguir sus objetivos, mientras la extrema de derecha --al menos, de momento-- propone cambiar las leyes --no saltárselas-- para imponer los suyos.

Lo cierto es que la solución no pasa por “encajar” ni a a los partidos nacionalistas ni a los extremistas, sino por combatirlos en el marco del Estado democrático de derecho.

Este planteamiento parece estar ampliamente aceptado en el caso de Vox pero hay más dudas al referirse al independentismo catalán, a pesar de que los propios dirigentes nacionalistas hacen todo lo posible por disiparlas. Verbigracia, las amenazas constantes del presidente autonómico, Quim Torra, y el expresidente Puigdemont con volver a las andadas; la nueva hoja de ruta de la ANC, que prevé “revalidar” la DUI de 2017; o los ataques xenófobos de Núria de Gispert (Demòcrates) contra la líder de Cs, Inés Arrimadas. Una práctica a la que últimamente también se apunta Sergi Sol, asesor de Junqueras en ERC, la formación presuntamente en fase de moderación en la que tienen puestas todas sus esperanzas los terceristas.

La politóloga Astrid Barrio advertía este domingo en una entrevista en Crónica Global de que “la historia cuenta y en diversos momentos de esa historia los republicanos han demostrado ser poco de fiar”.

No son tiempos de encajes.