Las noticias sobre los que se han puesto la vacuna contra el Covid sin atender al parecer a esperar el turno que en teoría les correspondiera en relación con su edad o condición sanitaria se han extendido por todos los medios de comunicación. Se han destacado los cargos políticos o de instituciones del Estado atribuyéndoles un acto de prevaricación y corrupción por el puesto que ocupaban al no atender a lo que supuestamente el protocolo tiene establecido. Todo ello ha generado un alud de criticas negativas sin que haya habido una ponderación de los distintos casos que, aunque escasos en su totalidad, no por ello han dejado de destacarse como un abuso de poder. Incluso se ha insinuado la posibilidad de una responsabilidad penal. Enseguida los dirigentes políticos han dado por supuesto que habían cometido una falta grave, sino un delito, y les han exigido la dimisión sin más, incluso quitándoles la militancia política.

Los partidos políticos actúan en función de la coyuntura social en la que se vive y con criterios divergentes según los casos. A veces se protege en exceso al militante cuando salta a la luz pública un asunto que puede afectar a la honorabilidad de la organización política. Hasta hace poco no se reparaba en una tesis doctoral o máster que tuviera defectos de cita, copia o falsificación del certificado para seguir desempeñando un cargo público, y ahora, en cambio, ya se toma en consideración para pedir la dimensión del mismo. Es verdad que a veces resulta difícil distinguir lo que puede constituir una falta o llegar a ser un delito, antes de que los jueces así lo consideren. Pero si los medios de comunicación lo difunden y lo analizan suele ser difícil no aventar la responsabilidad política, muchas veces complicada de aplicar habida cuenta de la casuística. La oposición, sin duda, lo utilizará como una manera de desgastar al que gobierna en nombre de una moral o ética política que la proclama impoluta, aunque cuando esa oposición llega al gobierno en ocasiones no practica la misma contundencia.

Todo ello viene a cuento por la suspensión cautelar de militancia del PSPV-PSOE impuesta a tres alcaldes de la Comunitat Valenciana --Rafelbunyol, Els Poblets y El Verger--, y también a otros políticos de otras Comunidades y a personalidades de la Administración militar del Estado se les ha pedido igualmente la dimisión o se les ha cesado. Con ello se pretende dirimir las responsabilidades políticas por haberse vacunado del Covid cuando por su edades o condiciones al parecer no les correspondían. Resulta que la vacuna de Pfizer tiene un tiempo limitado y cada cápsula sirve para un número determinado de personas, y puede ocurrir que los responsables de ponerlas se encuentren con que, cumplidas las previsiones diarias, con la cantidad sobrante busquen con urgencia a quien pudiera interesarles antes que desecharla, porque una vez abierto el vial pierde su eficacia al cabo de un tiempo, y después de lo que ha costado fabricarla y obtenerla, no parece lo más adecuado desaprovecharla.

Los responsables sanitarios habrían acudido a estos alcaldes porque no encontraron a nadie mas (en EEUU cuando ocurre esto las vacunas se sortean o se las ponen al primero que pasa) y estos han supuesto que era una manera de demostrar a sus ciudadanos que no existía ningún problema para pinchárselas. Y otros han considerado que por sus cargos estaban en situación de posible contagio. Tal como están las cosas se ha dado la impresión de que lo hicieron dentro de una picaresca para conseguir la vacuna antes de lo que les correspondían por sus edades y condiciones, pero no parece que ese haya sido su comportamiento porque han dado la justificación, e incluso se han disculpado si eso ha causado alguna alarma. En efecto, en el mudo en que vivimos todo se mira con ojos sospechosos y probablemente los alcaldes y otros responsables públicos podían haber reaccionado proponiendo que se buscara a otros para aprovechar las vacunas, pero las cosas ocurrieron, estimo, sin mala intención y con la creencia de que de esa manera se está favoreciendo su divulgación y aprovechando una dosis porque no existían listas de reservas a las que acudir.

En el protocolo no podía contemplarse que una vez cumplimentadas las que se utilizaban para la vacunación a las personas convocadas existiera un sobrante y este se utilizara con urgencia para quien pudiera estar a mano habida cuenta sin que los cargos públicos intervinieran para aprovecharse a priori de una situación de privilegio. Pero curiosamente cuando comenzó esto de vacunarse una gran mayoría era precavida y pedía que primero lo hicieran los políticos para ver el resultado.

Pero vienen los aparatos políticos y para evitar que los otros partidos les acusen de prevaricación y de ser unos sinvergüenzas, --como un dirigente del PP catalán los ha calificado desde una televisión valenciana, seguramente frustrado porque su partido cuenta con escasa fuerza política elección tras elección en el Principado-- se invisten de una sobrepuesta autoridad ética. No existe ponderación por lo que ha sucedido, abundan en lo que puedan opinar los medios o la oposición. Toman, entonces, medidas como la suspensión de militancia o la propuesta de dimisión en función del otro, sin atender a todas las circunstancias de los hechos, ni darles audiencias para que se expliquen, poniendo por delante la supuesta honorabilidad del partido sin considerar cómo el tema afecte a los políticos, y su repercusión en los ciudadanos que les han votado, ya que, si el partido ha decidido esa sanción, es una atribución de culpabilidad sin ninguna otra consideración.

Una desproporción, en mi criterio, de las medidas disciplinarias y de comportamiento populista, dando pábulo a ese sentimiento generalizado de que los políticos son corruptos per se y se aprovechan de sus cargos. Al actuar de esa manera están abundando en la consideración de la política como algo negativo: “ven como, parece decir la opinión publica, al final los máximos dirigentes no tienen más remedio que tomar cartas en el asunto y pedir la dimisión de los implicados”. Se disparan así en su propio pie al dar carta de naturaleza a esa visión degradante de la política, y avalan de alguna manera un sucedáneo de linchamiento. Y los medios de comunicación entran en el asunto para cobrarse sus piezas en su camino para alimentar su audiencia y servir a su línea editorial.