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La soledad del movimiento cívico constitucionalista

Isabel Fernández Alonso
8 min

Recuerdo una entrevista con una enviada especial francesa poco antes del 1 de octubre de 2017. Tras haber intentado sin éxito recabar en la calle durante toda una mañana opiniones de catalanes contrarios a la independencia, había contactado con Societat Civil Catalana y así llegó hasta mí. Estaba muy sorprendida por el miedo de muchos transeúntes a hablar. Solo había obtenido testimonios de separatistas. Conversamos mucho rato. Traté de explicarle que existía una Cataluña silenciada por un nacionalismo que había copado los medios de comunicación --tuve que mostrarle el editorial conjunto de 2009 porque no daba crédito-- y que controlaba nodos tan importantes en una sociedad como son los colegios profesionales, las cámaras de comercio, las universidades… ¡Todo el tejido asociativo! En definitiva, le hice ver que los secesionistas estaban muy movilizados mientras que los constitucionalistas apenas empezábamos a sacudirnos la presión ambiental a la que llevábamos tantos años sometidos. También le expliqué que esta situación obedecía a una cuidadosa operación de ingeniería social diseñada desde el poder y regada con millones de euros.

En estos tres años, lamentablemente, las cosas han cambiado poco, pese a la emergencia de algunas entidades cívicas que han logrado éxitos muy significativos, especialmente en el ámbito universitario, como son los casos de S’ha Acabat y Universitaris per la Convivència, y al fortalecimiento de otras como Impulso Ciudadano o la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Todo ello sin menoscabar, por supuesto, otras magníficas iniciativas entre las que destacaría a la histórica Asociación por la Tolerancia o al ingenioso movimiento articulado en torno a la idea de Tabarnia.

El problema es que se trata de colectivos de ciudadanos que trabajan en defensa de los valores constitucionales soportando un evidente ninguneo, cuando no una beligerancia explícita, del poder nacionalista, y con muy pocos socios para plantar cara al tremendo despliegue de las entidades independentistas, que sí cuentan con un claro apoyo institucional --financiación incluida-- y muchos militantes que pagan religiosamente sus cuotas y compran sus productos.

Así, nos encontramos, por ejemplo, con Òmnium Cultural y su manifiesto Dialogue for Catalonia, que ha sido difundido —como publicidad— en The Washington Post y The Guardian reclamando la amnistía para los presos del procés, mientras que Impulso Ciudadano apela a nuestro Ministro de Justicia, a la Comisaria de Justicia de la Unión Europea y a las fuerzas políticas del Parlamento Europeo para tratar de concienciarles sobre la gravedad del fracaso del mecanismo de la euroorden. Dicho de otro modo: una pequeña entidad constitucionalista, que no recibe ningún tipo de financiación pública, advierte a las autoridades españolas y europeas de los peligros que corre nuestro Estado de Derecho, mientras una organización independentista sigue tratando de minarlo, con la complicidad y más que generosa financiación de la Generalitat. En concreto, 525.000 euros —que se sepa— en los últimos presupuestos catalanes.

También nos encontramos a la Plataforma per la Llengua —que en estos mismos presupuestos percibió 135.000 euros— organizando campañas para “jugar en catalán”, parar “la castellanización de TV3” y, en general, señalar obsesivamente a quien utilice la lengua española…, mientras la Asamblea por una Escuela Bilingüe se ocupa —sin que ni siquiera le den la palabra en el Parlament y soportando insultos las pocas veces que la invitan a la televisión pública— de reclamar una escuela respetuosa con los derechos lingüísticos de todos.

Recomiendo comparar, en los informes del CAC sobre la observancia del pluralismo político en radio y televisión a lo largo de 2019 --el último año analizado al completo--, el tiempo de palabra que han otorgado los medios públicos catalanes a las entidades sociales constitucionalistas. En el periodo enero-abril se aprecia que en TV3 es de un 3,4% y en Catalunya Ràdio, de un 2,1%. A título orientativo, Òmnium Cultural se llevó el 45,3% en TV3 y el 47,4% en Catalunya Ràdio. A la vez, en el periodo mayo-diciembre se observa que en TV3 el tiempo de palabra de las asociaciones constitucionalistas es del 8,1% y en Catalunya Ràdio, del 6,4%. Òmnium Cultural, en esta ocasión, copó, respectivamente, el 39,5% y el 36,2%.

Así las cosas, no puede sorprender, por ejemplo, que en los últimos meses de 2020 nuestros medios públicos no diesen voz --ni un segundo-- a Universitaris per la Convivència, al hilo de la llamativa sentencia que, resultado de una demanda interpuesta por este colectivo, condenó a la Universidad de Barcelona por vulneración de varios derechos fundamentales; ni a la Asamblea por una Escuela Bilingüe, al hilo del fortísimo debate suscitado en torno a la enmienda relativa a la lengua de la Ley Celaá o a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a implementar en todos nuestros centros educativos parte de las medidas que esta asociación lleva años reclamando.

Nos encontramos, por tanto, ante entidades que, sin apenas recursos y pese a todas las trabas --tratar de silenciarlas es la más sangrante--, trabajan mucho y bien en defensa de unas instituciones neutrales y de derechos fundamentales como la libertad ideológica o el derecho a la educación; que obtienen en no pocas ocasiones el amparo judicial; que elaboran informes rigurosos que nadie contesta y que elevan con frecuencia a organismos internacionales; que intervienen, siempre que tienen ocasión, en el debate público, combatiendo la tremenda espiral de silencio --el temor al aislamiento por discrepar-- que padecemos los constitucionalistas en Cataluña.

¿Cómo es posible, entonces, que el Gobierno de España no se haya planteado ni siquiera reunirse con estas entidades antes de diseñar un supuesto “diálogo con Cataluña”? ¿Cómo es posible tanta desconsideración hacia activistas que fueron esenciales para las grandes movilizaciones que pararon el golpe a la democracia de 2017?¿Cómo es posible que ni siquiera se les concedan entrevistas ante la aprobación de leyes tan claves para la convivencia como la de Educación?

Creo que la respuesta la sabemos todos y es desoladora.

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¿Quién es... Isabel Fernández Alonso?
Isabel Fernández Alonso

Profesora titular de Comunicación de la UAB y miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores.