Hace unos meses dije que este gobierno de nuestro país va realizando sibilinamente actos con la intención de dejarnos huérfanos de instituciones. Y lo va haciendo sin prisa, pero sin pausa.

La orfandad de instituciones no es solo carecer de ellas, sino también dejarlas vacías de contenido, o sin la libertad de sus miembros para que puedan ejercer sus funciones con serenidad y sin injerencias.

En estos últimos días hemos visto hechos, manifestaciones y declaraciones de miembros del gobierno que, para nuestro desasosiego, no son desmentidos ni neutralizados por el Presidente, un Presidente que dice defender un Estado democrático y de derecho, pero que en momentos clave no hace el gesto determinante y definitivo que lo demuestra.

El TS ha resuelto revocar el tercer grado a los condenados por el 1-O. Para quien está acostumbrado a tratar temas judiciales no resulta una sorpresa. No es el primer ni único caso. Lo que sí  sorprende, y mucho, es que la más alta representante del ámbito de la justicia en Cataluña, la consejera Esther Capella, tras tener conocimiento de la resolución salga a decir públicamente que se fundamenta no en un razonamiento jurídico sino en una venganza. Ya sabemos que estas manifestaciones sin sentido únicamente pretenden desprestigiar a los jueces y magistrados españoles y también al conjunto del sistema judicial. Sin embargo estas declaraciones son expuestas públicamente por alguien con repercusión mediática y a quien el público le suele conferir, por el simple hecho de ostentar su cargo, un plus de conocimiento sobre el ámbito del que habla, por lo que sus aseveraciones influyen en la percepción de quienes la escuchan tergiversando, así, de una forma peligrosa la opinión que pueden tener los ciudadanos sobre uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Y, además, mermando la credibilidad y la confianza en la justicia. El riesgo también está en aquellas personas que creyendo las tesis de que las resoluciones son arbitrarias pueden llegar a la conclusión de que hay que tomarse la justicia por su mano. No es ficción, es la realidad que ocurre con más frecuencia de la que llegamos a saber, y por poner un ejemplo que tan solo es la punta del iceberg podríamos citar a la Juez que fue agredida gravemente por un individuo hace unos días porque había recibido una sentencia civil condenatoria.

Las manifestaciones de la consejera son, sin duda, de una grave irresponsabilidad, pero se me quedan cortos los calificativos que dedicar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien hace unos días sin rubor alguno señaló al poder judicial como reaccionario y “más exaltado que la extrema derecha del Parlamento”.

Nos estamos acostumbrando a oir sin pestañear estas barbaridades, a hacer caso omiso y no exigir ni esperar que el Presidente del gobierno, de un gobierno del que forma parte este ministro, salga a defender el respeto que merecen los jueces y magistrados por su trabajo, pero lo que es más importante aún: a defender nuestro Estado de Derecho.

Sería bueno reflexionar sobre el verdadero trasfondo de estas manifestaciones públicas y en que nos repercute a los ciudadanos de a pie. Y en este punto no puedo dejar de pensar en esa falsa moralidad que imparten quienes salen a la palestra a verter estas aseveraciones; atribuyéndose el papel de honestos defensores de los derechos de los demás. Y pienso que utilizan la manida táctica que Sun Tzu nos definió en el libro El arte de la guerra y que no es otra más que “la mejor defensa es un buen ataque”. Por eso me queda la sospecha, cuando el ministro dice: “es desde ahí desde donde nos van a disparar” de si tendrá algo que ver aquellos casos de presunta financiación ilegal o presunto descubrimiento y revelación de secretos que se encuentran “sub iudice” y que comprometen a los líderes de estos partidos.

La corrupción tiene muchas formas distintas de presentarse, cambiantes en muchas ocasiones y, sin duda, el tiempo es sabio y pone a cada uno en su lugar, pero mientras tanto la vida sigue, y las situaciones que nos rodean nos exigen acudir a profesionales por lo que es necesario que reflexionemos sobre la necesidad de que nadie, por muy alto cargo que tenga o por muy mediático que sea, nos quite la confianza en el trabajo y en la pericia de aquellos que alejados del escenario político únicamente hacen su trabajo, careciendo en muchas ocasiones de los necesarios recursos que aquellos mismos que les ofenden debieran proveerles, no para su beneficio, sino para beneficio del conjunto de los ciudadanos.