La pobreza energética que impacta en una parte de los consumidores con menores rentas va unida, en Cataluña, a la escasez de la oferta. Cataluña llega tarde a las renovables después de una década perdida. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ve así: “En España, en el 2021, se han instalado casi 6.000 megavatios fotovoltaicos y 600 megavatios eólicos, pero ninguno en Cataluña”. Por su parte, Teresa Jordà, la consejera de Agricultura y Acción Climática de la Generalitat, esconde su responsabilidad en la defensa del territorio frente a los impactos visuales de los parques eólicos y fotovoltaicos.
¿Qué es lo prioritario, defender el territorio o suministrar energía y contribuir a la reducción de la tarifa que eleva la inflación hasta niveles inasumibles? Cataluña dependerá pronto de Aragón, la comunidad autónoma vecina, capaz de suministrar, a través de la red, la energía verde que aquí es deficitaria. Endesa ostenta el monopolio del mercado regulado y, a través de sus comercializadoras, se lucra del mercado liberalizado, gracias a un sistema de precios basado en el coste marginal del gas natural. Las compañías venden el agua a precio de gas; generan electricidad en centrales hidráulicas y la venden al precio internacional del gas natural. Es un mecanismo de transferencia que enriquece a los monopolios y que la UE trata de modificar con la oposición de los lobis energéticos.
Precisamente el gas natural, la otra gran pata de la energía en Cataluña, está en manos de Naturgy, una compañía que ha rechazado la oferta pública (OPA) de la australiana IFM. Naturgy sigue como estaba; se beneficia por dos vías: vende gas natural como energía primaria a las centrales de ciclo combinado y, como simple distribuidora, lo vende también a los usuarios particulares.
El magro balance de la energía verde hipoteca el futuro cercano del previsible cambio del sistema de fijación de precios. Con la entrada del año, la UE inicia una apuesta a cuatro bandas, Francia-Alemania-Italia-España; los cuatro motores influirán por la vía fiscal en el mapa energético de todo el continente, incluida la península. Así lo han puesto de manifiesto Mario Draghi y Emmanuel Macron en un artículo conjunto aparecido recientemente en el Financial Times, el diario inteligente. Entramos en una nueva etapa en la que Bruselas apuesta por centrales nucleares y ciclos combinados de gas, como solución de emergencia, a corto plazo, además de reforzar las renovables, a largo plazo. El mercado español está mucho peor regulado que el europeo, donde los ciudadanos no han sufrido subidas tan bruscas.
La interacción de las redes europeas integra ya la tradicional ínsula ibérica de distribución, separada del resto por los Pirineos y pretexto para una regulación endiablada. En este marco general, la escasez de renovables en el mapa catalán es un mal negocio, porque cuando cambie el sistema tarifario europeo, los usuarios no podrán beneficiarse de una bajada de precios a causa de la insuficiente oferta de renovables. Cataluña ha perdido diez años. La inoperancia en la década del procés ha incubado nuestra pobreza energética, por el lado de la oferta y por el lado del consumo.
