El independentismo catalán, una vez más, ha optado por doblar la apuesta. Su negativa a aprobar los Presupuestos del Estado comportará unas nuevas elecciones, en las que hay probabilidades ciertas de que acabe por imponerse el triunvirato derechista que compite en pública subasta por resultar más identitario y que ha convertido el combate contra el independentismo en su mejor carta de presentación y en el único argumento político. Grupos de derecha que abarcan desde los más ultramontanos de Vox hasta los más liberales de Ciudadanos, pasando por los aznaristas castizos del Partido Popular. Guste o no, esta deriva conservadora y españolista es el resultado de años de un discurso supremacista del nacionalismo catalán, que no ha hecho sino provocar una reacción casi idéntica, pero de signo contrapuesto. Una conquista triste, por cierto, que lo que consigue es conformar una dinámica de antagonismo que se lleva por delante todo intento de conciliación y de salidas intermedias. Es lo que algunos querían, y lo tendrán. Pero los derrotados, en realidad, seremos todos. También, una vez más, ha quedado patente que a la hora de la verdad a todos los independentistas les tiemblan las piernas cuando hay que tomar caminos más realistas y prefieren sumergirse en verdades que, aunque irreales, les resultan más cómodas. Aquellos que confiaron en que, más allá de la radicalidad verbal, algunos políticos y partidos de El Proceso, querían una salida y un pacto, iban errados. Hay cosas que van incorporados a la naturaleza de determinadas ideologías y planteamientos políticos.

Se dirá que el contexto del juicio por los hechos del 1 de Octubre que se ha comenzado a dirimir el Tribunal Supremo, imposibilita ninguna transacción y que induce al mantenimiento y radicalización de las propias posiciones. No sé si se es suficientemente consciente del alcance y consecuencias de lo que esto significa. El juicio resultaba inevitable, más allá de si la prisión preventiva era necesaria o si los tipos penales de la acusación resultan adecuados o pertinentes. No me pronunciaré al respecto porque no tengo el conocimiento y me niego a formar parte de la plétora de expertos en Derecho penal que hay en estos momentos no sólo en todos los medios de comunicación sino en todas las esquinas de Cataluña. De manera genérica, me resulta incuestionable que un intento hecho desde el poder para romper con un Estado constituido al margen de los canales jurídicos e institucionales lleva a la comisión de algún tipo de delito. Todos los Estados están obligados a defender los principios constitucionales de los que se han dotado, así como su integridad territorial. Como tampoco tengo duda de que la salida al callejón sin salida política y social en el que estamos inmersos, requeriría de política, de generosidad y de una cierta grandeza de espíritu, que no está y que parece que tardará en estar presente. Lógicamente que el ámbito judicial dirime, pero no resuelve los conflictos, y que más bien los puede profundizar a nivel anímico. Resolver las cosas en los juzgados, resulta siempre una derrota.

Los independentistas juzgados han apostado de manera mayoritaria para aumentar el tono de descalificación del Estado y de sus instituciones, en muchos casos impelidos por los que están fuera, o por lo que se denominan entidades de la "sociedad civil", y en todo caso siguiendo una estrategia política de mantener y aumentar la confrontación. Cualquiera puede tomar la estrategia de defensa que crea conveniente, pero se debería ser consciente de que el mal político y personal que se puede cometer puede ser inmenso. Una defensa más técnica, centrada en la idoneidad o no de determinados tipos penales de que se les acusa, seguro haría mucho más para obtener una sentencia más leve, que no la exaltación épica de carácter delegitimador no sólo del tribunal, sino de la democracia española. Una defensa de carácter instrumental, "político", puede inducir mucho más fácilmente a una condena "política" que pretenda resultar ejemplar. Pero, además, las salidas de tono en un juicio retransmitido en directo, tendrán un largo alcance y trascendencia política en España. La pretensión nada oculta de llevar todo ello a la justicia europea haciendo todo tipo de campañas al construir una nueva "leyenda negra" española, no es sólo que haga imposible cualquier transacción política futura con el independentismo, sino que perjudicará, y mucho, el conjunto de la ciudadanía de Cataluña. En el juego, la dinámica de ir doblando la apuesta es garantía de ruina asegurada.