El día que un auditor de BCE estudie las cuentas del ICF sabremos lo que vale un peine. El ICF de los convergentes fue un grano en salva sea la parte de Antoni Subirà y Jordi Pujol, en la línea de las irregularidades que habían marcado a los avales de la CARIC ((Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña). Hubo un tiempo en que todos los préstamos y avales, obtenidos por la vieja guardia convergente, los Sumarroca, Prenafeta, La Seda y compañía, eran fallidos. El banco público de la Generalitat firmaba pólizas al exdueño de Chupa Chups, Enric Bernat, a cambio de algún favor financiero a los niños de la corte pujoliana. El ICF se utilizaba para tapar agujeros y para apuntar pérdidas que serían enjuagadas después en ampliaciones de capital, con dinero de todos. Es la contraparte de una herencia envenenada. Vergonzoso.
Albert Castellanos, por FARRUKO
La entidad se ha mantenido en silencio en los años del rencor y ahora sale, con su presidente, Albert Castellanos al frente, para avalar a los políticos que malversaron. Castellanos, que se cansó de buscar trabajo en Linkedin, es el cerebrito económico de Oriol Junqueras, una tapadera moral que dice “no todos somos profesores y lingüistas del catalán; también sabemos de Economía”. Lamentable. Castellanos que ha sido el número dos de Pere Aragonès, cuando era vicepresidente de la Generalitat, participó en aquella tormentosa Agencia Tributaria Catalana, estructura de Estado, verbi gracia. Dice que quiere convertir el ICF, con una ficha bancaria, pero la señora Christine Lagarde y el consejo del banco del euro no están por la labor. Privatizar el ICF exigiría dotarlo de enormes fondos propios, pero nadie lo ve, sin olvidar las carcajadas que sueltan las sociedades de valores, que conocen el percal. Si la Generalitat lo privatiza y lanza una OPV en Bolsa para incrementar su capital sería otra cosa ¿Pero quién va a quedarse con el ICF? Los Santander, BBVA y Caixabank huyen despavoridos. Nadie quiere que el soberanismo ponga en marcha una machine de guerre que algún día habrá que salvar del próximo naufragio.
El pasado miércoles, tres de los miembros del consejo del ICF se mostraron a favor de conceder los avales a los políticos que han malversado y otros tres votaron en contra; el resto fueron abstenciones incluida la del Ceo de la entidad, Víctor Guardiola. El voto de calidad del presidente del organismo, Albert Castellanos, decantó la balanza. Los juristas discuten ahora si el ICF puede conceder avales sin tener los contravales de los bancos privados, que se han negado a darlos. Da lo mismo, porque a los del procés, si se les pone en la mollera hacer una cosa, la hacen. Después vienen el llanto y las firmas de apoyo de los premios Nobel, como en el caso de Mas-Colell, que parece lo que no es. Cuando España creó la Sareb, el llamado “banco malo”, la UE obligó al Gobierno a incluir sus balances en las cuentas públicas. La Sareb se convirtió así en un contenedor de hipotecas impagadas por valor de 13.000 millones de euros. Con Luis de Guindos de ministro, la Deuda Pública española aumentó en 35.000 millones. Es decir, los bancos limpiaron sus activos tóxicos con el dinero de todos.
Si ahora ponemos en marcha el ICF como entidad, puede volver a ocurrir lo mismo. Puigdemont, Junqueras y Mas se agarran al bote neumático, después de que el mismo instituto público no consiguió modificar sus estatutos para conceder avales personales. De momento solo sería un aval de 10 millones de euros para los sancionados por el Tribunal de Cuentas. Pero teniendo en cuenta los antecedentes, el ICF acabará siendo un contenedor de fallidos. Los de ERC no son solo lingüistas, también conocen el arte de birlibirloque. Su análisis económico arranca en el empresario schumpeteriano y acaba en el axioma de la “ciencia lúgubre”. Dinero público para socorrer a empresas afines y dinero público para salvar los proyectos, todo con cargo a nuestros bolsillos.
