Cuando se estudie el procés con una cierta distancia, se analizará, sin duda, el papel de las universidades. Como profesora, he tenido que soportar estos últimos años un alud de declaraciones de diferentes órganos de gobierno de la UAB, absolutamente todas en la línea del discurso nacionalista; llamamientos de las autoridades académicas a concentraciones por motivos políticos (los suyos); un aviso de suspensión de la actividad docente por un denominado “paro de país”… ¡Incluso he presenciado agresiones a estudiantes constitucionalistas cada vez que han tratado de realizar alguna actividad en el campus de Bellaterra!

Todo esto se relata en el capítulo 10 de un extenso informe sobre la instrumentalización del sistema educativo en Cataluña en torno al 1 de octubre elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y la Agrupación de Enseñanza de SCC, y presentado públicamente en septiembre de 2018.

Este otoño se ha producido otro gran embate del separatismo contra la independencia de nuestras universidades, coincidiendo con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero esta vez hemos visto cómo el colectivo de profesores Universitaris per la Convivència (UpC) y la asociación de estudiantes S’ha Acabat, dos entidades con apenas un año de vida, han plantado cara a las dos estrategias diseñadas por las fuerzas nacionalistas para convertir una vez más a las universidades en voceras de una propaganda claramente orientada al descrédito de nuestra democracia.

Por un lado, se introdujeron simultáneamente en todos los claustros de las universidades públicas catalanas propuestas para que se aprobase un manifiesto realmente aberrante en el que se reclamaba el derecho de autodeterminación y la libertad de los “presos políticos”, y se condenaba “la represión y la violencia policial”. El objetivo: trasladar a la opinión pública la existencia de un pensamiento único de apoyo al discurso nacionalista en los campus catalanes (entorno intelectual).

Por otro lado, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) trató de paralizar la vida académica, convocando a una (mal llamada) huelga indefinida a partir del 29 de octubre. El objetivo: hacer visible la fuerza del separatismo, en particular entre los jóvenes.

Pero el resultado no fue el esperado. Dos actuaciones muy contundentes lo impidieron. En primer lugar, el mismo día 29 se hizo pública una carta abierta a los rectores de las universidades públicas catalanas, impulsada por UpC y Foro de Profesores y suscrita por más de 800 académicos que, ante el manifiesto único, reclamaba respeto a la libertad ideológica de quienes en los campus no comulgamos con el ideario nacionalista.

Explicaba la carta que los claustrales carecen de respaldo legal y moral para pronunciarse en nombre de toda la comunidad universitaria. Legal, porque las administraciones no tienen libertad de expresión, al ser este un derecho que corresponde exclusivamente a las personas. Moral, porque en modo alguno han sido elegidos por sus ideas políticas.

El impacto en medios fue enorme, hasta el punto que el Ministro de Universidades dio su total apoyo en Twitter a los firmantes de la carta. En los días sucesivos, los promotores recibimos multitud de apoyos por diferentes vías, mientras que los presidentes de la Generalitat y del Parlament recibían a sendos grupos de claustrales, que se arrogaron la representación de sus universidades para entregar los manifiestos a altos representantes de los dos grandes partidos separatistas, puede que celosos por llevarse el mérito de semejante despropósito.

UpC también denunció estos manifiestos antes las juntas electorales y ante el Defensor del Pueblo. La Junta Electoral Central ya se ha pronunciado, dejando claro que vulneran el principio de neutralidad política establecido en el artículo 103.1 de la Constitución.

En segundo lugar, fue muy efectiva la campaña “Yo voy a clase”, lanzada por S’ha Acabat en la Plaza de la Universidad de Barcelona, el 16 de octubre. Esta campaña hizo visible la oposición de muchos alumnos a las coacciones de grupos de encapuchados cuyos comportamientos violentos dañaron claramente la imagen del SEPC, que finalmente se vio obligado a desconvocar la “huelga”.

Las mencionadas estrategias nacionalistas engarzan perfectamente con algunas de las prioridades del Plan de Nacionalización de Cataluña (Programa 2000), que Pujol llevó a su Consejo de Gobierno en 1990, como son “potenciar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las universidades catalanas” y “potenciar las asociaciones de estudiantes nacionalistas”.

Lo que seguramente no preveía aquel infame plan eran disfunciones como UpC y S’ha Acabat que, además, han iniciado vías de colaboración muy fructíferas como el estupendo acto “Tú, que crees en unas universidades de todos”, o la demanda conjunta contra la UAB por haber modificado el sistema de evaluación a raíz de las presiones del SEPC.

Hace algún tiempo todo esto era impensable…