Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, suspende a España en su informe anual, si bien reconoce el gran logro que representa el ingreso mínimo vital, de reciente aprobación.

Señala que la recuperación económica en la última década no ha alcanzado a todos, pues ha beneficiado especialmente a los ricos, mientras que los poderes públicos han fallado a los pobres. En concreto, apunta tres carencias que llevan a que la población vulnerable se sitúe en un 26,1% de los ciudadanos: ausencia de vivienda asequible; burocracia que dificulta --cuando no impide-- el acceso a las prestaciones; y una fiscalidad insuficiente para financiar la protección social, pues mientras los impuestos representan el 35% del PIB en España, el porcentaje se eleva a un 41,7% en la zona euro.

En este contexto, su mayor crítica se centra en Madrid. Pese a ser la comunidad con el segundo PIB per cápita más elevado del país y la que más viene creciendo en los últimos años, la pobreza extrema se ha doblado en la última década, alcanzando a cerca del 8% de la población, y con un porcentaje de población vulnerable superior a la media española. Y no es casualidad.

Algunos dirán que la eclosión económica de Madrid es consecuencia de decisiones políticas, especialmente en tiempos de José María Aznar, cuando la ciudad se vio muy favorecida por la desregulación y privatización de empresas. O del mero hecho de ser la capital del Estado en un mundo abierto que tiende a reforzar el papel de las grandes metrópolis, especialmente si ostentan la capitalidad. Siendo ello cierto, el gran mérito del despegue de Madrid es de los propios madrileños, de su dinamismo y de su entender las nuevas maneras del capitalismo global.

A este dinamismo, que se da en todos los ámbitos y no solo el económico, se le añade esa simpatía y cercanía natural de sus ciudadanos y su espíritu de ciudad abierta y acogedora para quien quiera hacérsela suya. Todo ello la convierte en el primer polo de atracción de profesionales españoles y también de América Latina.

Sin embargo, todo ello convive con un deterioro social notable, como bien señala el relator. Y no es de extrañar pues, desde hace unas décadas, la ciudad --mejor dicho, la Comunidad-- se está convirtiendo en una especie de experimento neoliberal a la española. Una serie de gobiernos que, de Esperanza Aguirre a Isabel Díaz Ayuso, se caracterizan por una desregulación radical, un deterioro de la protección social y una dinámica de reducción de impuestos.

Hace pocos días escuchaba nuevamente cómo la presidenta de la Comunidad, ufana y altanera, daba lecciones al conjunto de comunidades autónomas. Su discurso tan frágil como populista puede resumirse en: gestionamos de manera tan eficiente y transparente que podemos reducir impuestos, al reducirlos generamos más actividad y riqueza y, en consecuencia, nuestro PIB per cápita aumenta.

Ante ello, se le recuerda habitualmente la trayectoria de escándalos políticos que han azotado a la Comunidad, la dificultad por determinar la calidad de una gestión autonómica dado el caos en que se ha convertido el modelo de financiación, la carencia de criterios homogéneos para que las comunidades rindan cuentas, los beneficios del efecto capitalidad o el deterioro social pese a la acumulación de riqueza en la ciudad. No sirve de nada. Esta semana, el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema ha aportado datos contundentes. Tampoco servirá de nada. Isabel Díaz Ayuso seguirá, tan petulante como siempre, dando lecciones. Se trata de no hacerle caso.