Los gobiernos están empeñados en recaudar más y mejor. Necesitan dinero para poder mantener el nivel de gasto. Una vez secados los caminos del IRPF, IVA e Impuestos Especiales, se exploran otros caladeros como los impuestos medioambientales, pero también hay otras opciones que a simple vista no recogen rechazo en la opinión pública.

Primero fue el Gobierno catalán quien apuntó una nueva medida que, a tenor de sus explicaciones, persigue defender la salud de los ciudadanos apuntando directamente a los productores de bebidas azucaradas. Los ciudadanos acogen con simpatía esta medida porque el objetivo de defender la salud es saludable, valga la redundancia. El Gobierno de España, que mira con lupa los movimientos de Puigdemont y Junqueras, copió la medida que se encontrará en los presupuestos del año en curso que Rajoy trata de aprobar en los próximos meses. Se están intensificando las conversaciones con Ciudadanos y con el PNV a la espera de que el PSOE tome alguna posición.

Así, las bebidas azucaradas se han convertido en ese oscuro objeto de deseo. Sin embargo, me sorprende que nuestros gobernantes concentren el foco en estos productos cuando, si realmente se persigue proteger la salud de la ciudadanía y se pretende recaudar fondos para mantener el maltrecho Estado de bienestar, se obvie todo el mercado alimentario plagado de productos rebosantes de azúcar que nos sitúan en la segunda posición en Europa en obesidad y sobrepeso. Nada más y nada menos, el 57% de la población española tiene sobrepeso y un 17% obesidad.

El azúcar, si es malo, es malo en todas sus facetas. No sólo en las bebidas. Si hemos de vigilar la obesidad, se debe actuar en todo el sector de la alimentación

Quizás en su afán protector, los gobiernos deberían tomar cartas en el asunto porque, por ejemplo, los niños españoles tienen entre 5 y 10 kilos de más. Primero, exigiendo medidas a los productores para limitar los azúcares; segundo, favoreciendo la transparencia en la composición para que el comprador sepa realmente lo que compra, y tercero, actuando de forma impositiva.

¿Sabe usted cuánto azúcar tiene un yogur de Nestlé? Más de dos terrones, según la web sinazucar.org. Lo mismo que Mi Primer Danone y menos de los 3,4 terrones que tiene el brick Puleva Peques de 200 gramos y que, por cierto, cuenta con el sello de la Asociación Española de Pediatría. Si seguimos repasando el ranking nos encontramos con los donuts con 4 terrones o los bricks pequeños de tomate frito con 16 gramos de azúcar. En el grupo de los 4 terrones también vemos al yogur Activia, 0% de grasa, por debajo de los 6,5 del Flan Dhul, los 8,5 de 4 galletas chips Ahoy y del Cacaolat de 250 ml con 33,5 gramos de azúcar, el equivalente a 8,4 terrones. La lista es infinita, según la citada web. Sorprenden algunas cosas como que el Bollycao, que se le supone bomba dulce, sólo tiene 3,6 terrones, algo similar al Actimel con 3.

Viendo este listado --lo que han leído es simplemente una reseña-- sorprende que los gobiernos mantengan un discreto silencio blandiendo únicamente la bandera de la salud en las bebidas azucaradas. Además, no quiero ni pensar en los componentes que contienen otros alimentos que poco tienen que ver con el azúcar y más con las grasas, los ácidos grasos trans, la sal, o los ácidos grasos. La salud de los ciudadanos es algo más serio que imponer un impuesto, quizás se debería actuar un poco más allá mejorando la calidad de los productos y aumentando el criterio de los compradores. El azúcar, si es malo, es malo en todas sus facetas. No sólo en las bebidas. Y, no es lo único que atenta contra la vida saludable. Si hemos de vigilar la obesidad del españolito de a pie y la salud de las generaciones futuras, se debe actuar en todo el sector de la alimentación. Más que impuestos, deberíamos ser más taxativos en la promoción de la vida saludable. Y eso, visto lo visto, brilla por su ausencia porque con un impuesto no se defiende la salud por mucho que se nos llene la boca.