Hasta ahora eran especulaciones, muy fundadas, eso sí, pero ya sabemos por boca de Carles Puigdemont que las elecciones no se celebrarán hasta febrero del 2021, al menos, aunque al oráculo de Waterloo lo que le gustaría es agotar la legislatura, que culmina en diciembre del año próximo. Lo ha dicho en unas declaraciones, el jueves, a RAC1, en las que ratifica todo el plan preparado con su sucesor, Quim Torra, para no convocar elecciones aunque el Tribunal Supremo le inhabilite.

Ese plan consiste en que cuando el Supremo confirme la inhabilitación de Torra, decidida por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no se presente un candidato alternativo –es “una manera de no acatar la inhabilitación”, dice Puigdemont— ni se convoque a las urnas. En ese caso, el presidente del Parlament, Roger Torrent, tiene diez días de plazo para que se presente un candidato alternativo.

Como no lo habrá, empezarán a correr los dos meses establecidos para la disolución de la Cámara, y al agotarse el plazo sin candidato las elecciones quedarán convocadas automáticamente para celebrarse 54 días después. Aunque ha habido dudas sobre si el plazo de dos meses empieza a correr pese a que no se vote ninguna investidura, los letrados del Parlament defienden esta solución basándose en el precedente de la Comunidad de Madrid cuando se produjo el tamayazo, la traición de dos diputados del PSOE que frustraron la investidura de Rafael Simancas.

Durante ese plazo con Torra inhabilitado, el vicepresidente Pere Aragonés se haría cargo de la presidencia en funciones. Torra se convertiría --¡lo ha propuesto la CUP, ese partido convergente de extrema izquierda!— en “presidente simbólico”, con lo que la imaginería política del procés daría un nuevo paso insólito. Pasaríamos así del “presidente legítimo” al “presidente simbólico” después de haber tenido tres años al “presidente vicario”. Torra, que el 29 de enero dio la legislatura por “agotada” por la “deslealtad” de ERC, ocho meses después está dispuesto a prolongarla, utilizando además la Generalitat con un partidismo descarado, como se ha visto en la reciente remodelación del Govern.

Antes de convertirse en simbólico, al presidente vicario aún le ha dado tiempo, en el mensaje de la Diada, para falsificar de nuevo la historia e insultar a España, a la que ha definido como “Estado autoritario y vengativo”, aparte de adjudicarle todos los muertos catalanes en la guerra civil y en la represión posterior como si entre los franquistas no hubiera catalanes y como si catalanes no hubiesen asesinado a otros catalanes en la contienda y en la posguerra. Solo unos días después de que se anunciara que la ley de memoria democrática anulará la condena al president Lluís Companys, Torra exigió que "el jefe del Estado y el jefe del Gobierno", el Rey y Pedro Sánchez, se disculpen por su fusilamiento y por “la persecución de todos los miles de catalanes muertos en el exilio, en los campos nazis de concentración o en las cárceles catalanas”.

En ese mensaje, Torra se refirió la mayor parte del tiempo a la reivindicación independentista y solo dedicó una mínima parte a hablar de la lucha contra el covid-19 cuando, en teoría, ese es el motivo por el que se retrasan las elecciones. Una falacia porque la razón por la que no se convocan las autonómicas es para dar tiempo a que el nuevo partido de Puigdemont se implante en el territorio y tenga más posibilidades de derrotar a ERC en las urnas.

En las mismas declaraciones a RAC1, Puigdemont criticaba de nuevo a ERC, como hace en los dos libros que acaba de publicar, por su “deslealtad” y por la falta de “unidad”, y en un discurso con motivo de la Diada volvía a descalificar la mesa de diálogo que defiende Esquerra. Pese a la lección de octubre del 2017, Puigdemont cree que “el Estado está debilitado y hay que aprovecharlo” por lo que es preciso prepararse para “la confrontación”, que “es inevitable y un deber inexcusable”. “Con los regímenes autoritarios no se pacta, para salvar la democracia hay que derrotarlos”, dijo.

 Ante el desvarío permanente de la presidencia de la Generalitat, ante el partidismo en favor de Puigdemont y ante las acusaciones del expresident al partido republicano, la pregunta es: ¿por qué ERC no rompe el Govern y la mayoría parlamentaria y provoca la convocatoria electoral? Hay dos posibles respuestas. La más evidente es el terror cerval que los dirigentes de ERC le tienen a Puigdemont, que ya les ganó en la photo finish de las elecciones del 21 de diciembre del 2017.

Romper con el puigdemontismo provoca en ERC un temblor de piernas insoportable. La segunda razón es que la apuesta estratégica de Oriol Junqueras y la cúpula de ERC es la alianza con Junts per Catalunya. Pese a las constantes profesiones de fe izquierdistas de Gabriel Rufián y algún otro dirigente, la prioridad de ERC no es la cuestión social, sino la independencia, aunque sea ilusoria. Hace años, uno de los máximos dirigentes de ERC antes de la llegada de la dirección actual, hizo a quien firma estas líneas la siguiente confidencia: “Oriol Junqueras no es de izquierdas, es lo que podríamos definir como un patriota catalán”.