El 41 aniversario de la Constitución de 1978 se celebra dos días después del décimo aniversario de la muerte de uno de sus redactores, Jordi Solé Tura, cuya figura adquiere una dimensión descomunal por su trascendente papel en la elaboración de la Carta Magna en representación entonces del espacio comunista y por su anticipación al prever hace más de 30 años lo que está ocurriendo en Cataluña a raíz del inicio del proceso soberanista.

Como Joaquim Coll resumió muy bien en este medio en su último artículo del 4 de diciembre, Solé Tura fue un visionario en su libro Autonomies, federalisme i autodeterminació (1987). Es estremecedor releer lo que el gran político e intelectual escribió sobre las fracturas que se producirían en Cataluña, sobre las repercusiones en toda España --incluida la Monarquía-- y sobre el peligro que un experimento como el que se produce en Cataluña representaba para el sistema político nacido de la Constitución de 1978.

Esta Constitución y su actualización siguen siendo el debate de fondo que planea sobre la crisis de la democracia española. Pero los partidos y sus líderes, que hablan mucho de la Carta Magna, continúan sin estar a la altura. La necesidad de reformar el texto es palmaria, pero basta cualquier nuevo acontecimiento en la vida política para congelar el debate y seguir pasando el tiempo sin mover un dedo.

Ahora, la irrupción de la extrema derecha de Vox en la política española, con 52 diputados en el Congreso, es la excusa para que los partidos releguen la reforma constitucional porque el objetivo prioritario, dicen, es defenderla frente a quienes la quieren destruir (Vox) o frente a quienes la desprecian y la combaten (el independentismo catalán). Vox aboga lisa y llanamente por acabar con el Estado de las autonomías para sustituirlo por un Estado unitario con un solo Gobierno y un solo Parlamento, mientras que los partidos independentistas ya violaron la Carta Magna y el Estatut en septiembre y octubre del 2017 y siguen denostando la Constitución cada día. Ni el líder de Vox, Santiago Abascal, ni el president Quim Torra estuvieron en el Congreso de los Diputados en los actos conmemorativos.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, calificó la Constitución el día del aniversario de “límite de hierro”, que frena las aspiraciones de Cataluña, mientras que Torra agradeció a Heribert Barrera y Lluís Maria Xirinacs haber votado en contra del texto, en lugar de recordar al 91,09% de los catalanes que votaron a favor. Por no hablar de los patéticos intentos de Jordi Puigneró de andar buscando resquicios legales para conseguir que los funcionarios trabajen el 6D o el 12 de Octubre, fiesta de la Hispanidad. ¿Hay algo más ridículo que un conseller intentando que sus empleados trabajen un día festivo solo porque conmemora algo que no es del gusto de quienes gobiernan? Este año parece que halló el modo de sortear la ley, pero ni aun así tuvo éxito. Mientras, los CDR celebraban el aniversario intentando colapsar las salidas de Barcelona para molestar a quienes querían pasar el puente fuera de la ciudad y quemando ejemplares de la Constitución en un ejercicio que rememora las piras de libros de infausto recuerdo.

La cerrazón, la marcha atrás, el retraso en la revisión del texto constitucional por temor a Vox o a los independentistas es un error porque la mejor defensa de la Constitución es su reforma. En cuatro décadas, no se ha tocado ni una coma de los capítulos más importantes de la Carta Magna y los únicos retoques se han limitado a cuestiones menores, excepto la modificación del artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda exterior durante la crisis financiera. Contrasta este miedo a los cambios con lo que ocurre en otros países. En Francia, por ejemplo, la Constitución de 1958 se ha reformado en 25 ocasiones.

Es cierto que la situación política, dominada por la polarización y en enfrentamiento, no favorece la reforma constitucional, pero la revisión es imprescindible para abordar muchas cuestiones pendientes, entre ellas la solución del problema catalán. En cualquier caso, y pese a las dificultades que conlleva, es mucho peor el inmovilismo que la reforma.