Menú Buscar

Combatir la irresponsabilidad con un error es un error

Jordi Mercader
6 min

PSOE y Unidas Podemos amenazan con cometer un error mayúsculo para combatir la enorme irresponsabilidad del PP en negarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay que confiar en que la rebaja de la mayoría parlamentaria para la elección del gobierno de los jueces sea solo un amago para hacer entrar en razón a Pablo Casado, cuya cerrazón en mantener en sus cargos a los miembros del consejo después de dos años de haber cumplido su mandato roza la militancia anti sistema, como ayer le afeó el presidente del gobierno en su habitual rifirrafe de los miércoles.  

La crisis político-judicial empeora por momentos. Hay una situación insostenible (el incumplimiento del mandato constitucional de renovación del CGPJ), una actitud inconcebible (la negativa del PP a negociar la renovación) y ahora el anuncio de una rebaja democrática impropia de unos partidos de izquierda. La discusión sobre la forma más adecuada para elegir el CGPJ no acabará nunca, probablemente.

La independencia del poder judicial parecería reclamar una elección sin participación del poder legislativo y menos aún del ejecutivo, aunque esta tesis siempre presentará el temor al corporativismo. Los mensajes que periódicamente envía Europa sobre los déficits del sistema judicial español apuntan a la participación de los jueces en la elección de sus dirigentes, como mínimo para la mitad de los integrantes del consejo.

La soberanía que pertenece a la ciudadanía y reside en las Cortes reclamaría una elección democrática por parte de los padres de la patria, sabiendo que el partidismo de estos riega el amiguismo, enemigo declarado de la independencia de los profesionales. Hasta ahora, el punto de encuentro se fijó en la elección de los 20 vocales, avalados profesionalmente, por una mayoría cualificada que obliga al consenso parlamentario, como mal menor a la politización.

Al parecer, estamos a punto de contemplar como los grupos parlamentarios del gobierno caen en la provocación del PP. Casado podrá situar el conflicto en la voluntad de PSOE y Unidas Podemos (especialmente de Unidas Podemos, según el guion de la derecha) de controlar a los jueces, relegando a un segundo plano su resistencia a cumplir el mandato de la renovación. ¿Por qué el presidente Pedro Sánchez quiere correr con tanta responsabilidad?

Los socialistas, para cumplir la actual exigencia de la renovación por mayoría reforzada, no tienen suficiente con pactar con el PP, deben contar inexcusablemente con sus socios de gobierno. Aunque pudieren alcanzar los 210 votos sin ellos, no se entendería una brecha de esta magnitud en el gobierno ante una cuestión tan sensible y con los muchos frentes abiertos entre ambos. Los socios del PSOE, especialmente el vicepresidente Pablo Iglesias, ha protagonizado diversos encontronazos con la cúpula judicial y ahora él mismo está pendiente de una decisión del Tribunal Supremo que por muy absurda que parezca no puede descartarse ningún desenlace. La suma de todo ello dibuja un escenario poco propicio para afrontar una modificación de la ley para rebajar las exigencias de consenso.

No habría que descartar que todo este ruido sobre una posible reforma de la ley sea tan solo un movimiento táctico para hacer ver al PP la decidida voluntad del gobierno de no someterse a su incomprensible bloqueo, cuando hace un año se cerró un acuerdo de renovación que saltó por los aires por un estúpido whatsApp de un dirigente del PP. El objetivo no sería otro que animar a los partidarios de la negociación (que los habrá en el partido) a modificar la actitud de Casado, haciéndole ver la importancia de no perder de un solo golpe toda su capacidad de influencia.

De fallar el amago y persistir Casado en su resistencia, la mayoría que apoya al gobierno de coalición todavía podría atenuar el volantazo introduciendo en la ley vigente un artículo que fijara un límite temporal para la búsqueda del consenso, transcurrido el cual se rebajaría la exigencia de los 210 votos a la mayoría absoluta para evitar el incumplimiento constitucional de la renovación. La pelota volvería a estar en el tejado del PP, porque de ellos dependería la puesta en marcha de esta cláusula de seguridad que significaría perder la oportunidad de participar en la negociación de los miembros del consejo.

De verse obligado el gobierno Sánchez a llegar hasta el final en su pulso con el PP, sería de agradecer que aprovechara la reforma para modificar la fórmula, abriendo las puertas a la participación de los jueces en la elección de al menos la mitad de sus componentes. Así evitaría avanzar en dirección contraria a las indicaciones europeas y las críticas del PP por la supuesta deriva bolivariana de PSOE y Unidas Podemos serían solo humo.

Artículos anteriores
¿Quién es... Jordi Mercader?
Jordi Mercader

Periodista, analista de la actualidad y escritor.