La mayoría parlamentaria independentista, y más en concreto JxCat y ERC, los dos grupos que conforman el actual Gobierno de la Generalitat presidido por Quim Torra, siguen mareando la perdiz y se resisten a poner de una vez en marcha la reforma legal de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), la entidad pública formada por las emisoras de radio y televisión de la Generalitat.

Es esta una reforma que viene dilatándose de forma reiterada desde hace ya mucho, demasiado tiempo, con todo lo que comporta la continuidad de un consejo de gobierno de esta corporación que tiene a todos sus componentes con sus mandatos caducados, tres de ellos desde hace ya más de tres años y los otros tres desde hace algunos meses, y encima con una presidenta en funciones porque el hasta ahora titular es ahora alto cargo del Departamento de Interior y, por tanto, se vio obligado a cesar en el ejercicio de su cargo.

La reforma legal de la CCMA es tan urgente como imprescindible. Lo es por una mínima exigencia de dignidad democrática, porque no es de recibo que esta potente corporación pública audiovisual no cuente todavía en su equipo de dirección con una representación que sea un reflejo de la composición actual del Parlamento catalán. Baste decir que Cs, el partido vencedor en las últimas elecciones autonómicas, no tiene ningún representante en este consejo de gobierno, ni ha tenido todavía la oportunidad de participar en su elección, mientras que el PP, que es el grupo parlamentaria con menor representación, cuenta aún con un consejero --que, por cierto, lleva encadenando mandato tras mandato, desde hace casi un cuarto de siglo y que, sorprendentemente, lleva ya muchos años apoyando a la mayoría independentista en la CCMA--.

La instrumentalización partidista y sectaria de unos medios de comunicación como son los de la CCMA, al servicio exclusivo y sistemático del Gobierno de la Generalitat, de las dos formaciones políticas que lo integran y sobre todo de la causa secesionista, ha llegado a unos límites escandalosos, inadmisibles en un país democrático. La exclusión absoluta o casi absoluta de cualquier opinión no independentista es una práctica sistemática en los debates políticos y sociales, toda la información está orientada al servicio único de la pura propaganda del secesionismo, incluso en los programas de supuesto entretenimiento son muy frecuentes los mensajes independentistas, y gran parte de las voces y caras más populares de estas emisoras de radio y televisión suelen ser participantes destacados en todo tipo de actos y manifestaciones secesionistas.

No obstante, todo esto se produce de forma paralela a un enfrentamiento sordo, pero no por ello menos perceptible, entre JxCat y ERC, e incluso entre el sector de JxCat más leal a Carles Puigdemont y Quim Torra y otro sector más vinculado al PDeCAT, y por tanto a la antigua CDC. Parece que JxCat y ERC pretenden repartirse el control de la gestión económica y también política de la CCMA como lo han hecho ya con todos los departamentos del Gobierno de la Generalitat. Quieren hacerlo con un consejo de gobierno con su mandato ampliamente caducado y sin contar para nada con una oposición que representa a la mayoría de la ciudadanía de Cataluña y que cuenta con una representación amplia y muy plural en el Parlamento autonómico.

Por dignidad democrática, la reforma legal de la CCMA es tan urgente como imprescindible. Y lo más curioso es que esta reforma legal ya existe y cuenta, además, con un muy amplio consenso parlamentario. Lo único que impide que se convierta en realidad es el empecinamiento sistemático de la actual mayoría parlamentaria absoluta del independentismo.