Tanto PP como Ciudadanos parece que no se hayan dado cuenta de ello, pero Vox ha llegado a la política española para quedarse. No es una mera anécdota; tampoco es un fenómeno pasajero. Entronca en la corriente emergente, no solo en gran parte de Europa sino en casi todo el mundo, de una nueva derecha extrema, un nacionalpopulismo aparentemente de nuevo cuño pero que de alguna manera entronca con la tradición más extrema y radical de una ideología iliberal. No deja de ser sorprendente que PP y Ciudadanos, que tanto y con tanta frecuencia se reclaman como portadores prácticamente únicos de los valores democráticos y liberales de la Constitución española de 1978, sigan sin percatarse todavía que gran parte del corpus ideológico y programático de Vox esencialmente es, como mínimo, aconstitucional, por no decir que es, pura y simplemente, anticonstitucional.

El pacto firmado en público por las cúpulas de PP y Vox, al que Ciudadanos no se ha sumado de un modo formal pero que sin duda alguna afectará al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, es una clara victoria política de Vox. Al mismo tiempo es un triunfo rotundo de José María Aznar, de la FAES y sin duda alguna de Steve Bannon, exportador del trumpismo a Europa con la intención inequívoca de hacer implosionar a la Unión Europea a través de la acumulación y extensión de formaciones nacionalpopulistas en la práctica totalidad de los países europeos.

Vox es y seguirá siendo la mano que mece la cuna del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Aunque no cuente con ningún representante en él, desde el mismo momento de su constitución dependerá de Vox. Como ya le sucedió a Artur Mas con la CUP, Juan Manuel Moreno Bonilla accederá a la presidencia de Andalucía gracias a los apoyos de los diputados de Vox y puede verse obligado a renunciar si así lo deciden ellos. La continuidad del nuevo gobierno andaluz de PP y Ciudadanos dependerá en todo momento del apoyo que Vox quiera darle; dependerá también de la posible retirada de este apoyo y de las nuevas exigencias que Vox plantee en los próximos tiempos.

PP y Ciudadanos han hecho caso omiso de los avisos y consejos que les han hecho llegar sus principales socios europeos, conservadores, democristianos o liberales. No han querido llevar a la práctica el cordón sanitario que casi todas las derechas europeas han planteado para aislar a una emergente derecha extrema que se basa en un ultranacionalismo radical y un conservadurismo trasnochado, nada acorde con los principios democráticos, liberales, pluralistas y transversales que inspiran desde sus mismos orígenes a la Unión Europea.

El nido de la serpiente está aquí, con todo cuanto ello representa de amenaza. PP y Ciudadanos tienen toda la legitimidad democrática para acceder al control de la Junta de Andalucía, que el PSOE, y con él también el conjunto de las izquierdas andaluzas, han perdido por méritos propios después de cerca de cuatro décadas de poder ininterrumpido, omnímodo y con numerosos casos de supuesta corrupción, más que probable causa principal de la creciente desafección surgida en amplios sectores progresistas que se abstuvieron en los comicios autonómicos andaluces del pasado día 2 de diciembre.

No obstante, lo cierto es que la indiscutida e indiscutible legitimidad democrática de la Junta de Andalucía  formada por PP y Ciudadanos, con Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente y con Juan Marín como vicepresidente, llega empañada por lo que en gran titular de portada definió El Periódico de Catalunya: “el pacto de la vergüenza”. Porque resulta vergonzoso comprobar cómo quienes tanto y tan a menudo se presentan como casi únicos defensores y garantes del constitucionalismo aceptan con complacencia los apoyos de una formación poco o nada constitucionalista.

Que PP y Ciudadanos se palpen sus cueros ante el abrazo del oso de Vox. Y que PSOE y Adelante Andalucía asuman de una vez y por todas las lecciones y consecuencias de su derrota electoral y sepan actuar desde la oposición con rigor y solvencia, atentos en todo momento a la evolución de un pacto que puede ser el anticipo de los que pueden producirse en nuestro futuro más próximo, tanto a nivel municipal y autonómico como también nacional e incluso europeo.