Libertad y seguridad, dicen algunos, son dos ideas contrapuestas, ya que, a su entender, si los poderes públicos optan por dirigir sus políticas hacia la mayor protección de una de ellas, ello implicará necesariamente la desprotección de la otra.
Ahora bien, si esto puede ser cierto cuando nos referimos al reconocimiento de determinados derechos y, sobre todo, en la actualidad, al excesivo intervencionismo del Estado en la vida cotidiana, no suele serlo en el estricto ámbito de la seguridad ciudadana. Aquella que permite (o debería permitir) a cualquiera de nosotros y a nuestras hijas e hijos salir de casa sin temor a ser víctimas de un delito contra el patrimonio, contra la integridad física o contra la libertad sexual.
Y es que, sin seguridad en las calles, es imposible hablar de libertad. Sin condiciones que aseguren la efectividad de un derecho, no existirá este y su plasmación legal se convertirá en papel mojado. En otras palabras, si llega el momento en que una persona, por miedo, decide permanecer en su domicilio y no ir al cine o a cenar, no será libre, sino que estará presa. Y la responsabilidad, cómo no, recaerá en quienes, debiendo hacerlo, con más inversión, más medios personales y materiales y mucho mejores reformas legales, por una u otra razón, se abstuvieron de intervenir o lo hicieron de forma defectuosa.
Pues bien, esta indeseable situación está más próxima de lo que pensamos. Porque Barcelona, nuestra querida Barcelona, es cada vez más insegura. No es una opinión, subjetiva por naturaleza, sino que las estadísticas y los balances de la Junta de Seguridad Local hablan por sí solos. Las denuncias por agresión sexual han aumentado un 24,5%, hasta el punto de que el Hospital Clínic cerró el pasado año 2023 con el espeluznante número de 678 mujeres atendidas, de las cuales un 65% sufrieron penetración vaginal, anal o bucal y un 37% registraron lesiones físicas. Los hurtos, los delitos más comunes en la ciudad, incrementaron un 6,5%, así como las detenciones de ladrones multirreincidentes, que experimentaron un crecimiento de un 30%. Y los robos con fuerza se sitúan en 320 delitos por cada 100.000 habitantes, una cifra sólo superada en Europa por Bruselas.
Pese a esta realidad, hay quienes todavía salen a la palestra y dicen que vamos bien, que Barcelona va bien porque aún no hemos llegado a los números del año 2019. Y claro, eso, según ellos, es una buena noticia. Que se lo digan a las víctimas. En cualquier caso, en la medida en que la delincuencia aumenta cada año, con toda probabilidad superaremos las cifras prepandemia muy pronto. De hecho, hay policías que dicen que será este año, a raíz de los miles de delitos que seguro se cometerán con ocasión de la Copa América. Dos millones y medio de visitantes, como se prevé, en un período de dos meses, desde finales de agosto a finales de octubre, supone mucho movimiento.
La preocupación es notable, sobre todo entre los que, por experiencia profesional, saben bien lo que la celebración de este evento supondrá en términos de seguridad ciudadana. Los efectivos policiales, pese a las últimas convocatorias de plazas, siguen siendo insuficientes, tanto en Mossos d’Esquadra como en Guardia Urbana. Al parecer, nadie lo previó. Y, además, como será necesario reforzar la presencia policial, mediante el traslado de efectivos, en toda la línea de costa, desde el Parc del Fòrum hasta Ciutat Vella, otras zonas de la ciudad quedarán desprotegidas.
Pero las complicaciones no serán exclusivas de las fuerzas de seguridad, sino también de los juzgados, debido a un manifiesto abandono por parte de los poderes públicos, a quienes corresponde la creación de órganos judiciales y el suministro a estos de medios personales y materiales. Y es que, si ya se ven obligados a señalar juicios rápidos a más de un año vista, el aumento de la criminalidad supondrá sin duda superar esta intolerable barrera temporal. “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, dijo Séneca.
Y, por último, tenemos el problema de la multirreincidencia en la comisión de delitos leves de hurto. Aquellos en que la cuantía de lo sustraído no supera los 400 euros, castigados con una mínima pena de multa de uno a tres meses, por lo general, con una cuota diaria de 4 o 5 euros; es decir, poco disuasoria. Un problema no resuelto y que tampoco se solucionará con reformas tales como la conversión de un número determinado de delitos leves en delito menos grave, pues los antecedentes de las penas por delitos leves, según el Código Penal, quedan cancelados a los seis meses y la justicia, ante la ausencia de medios, va demasiado lenta.
En resumen, pese a que la delincuencia aumenta, faltan policías, faltan juzgados, faltan medios materiales y las modificaciones legislativas propuestas para combatir la multirreincidencia servirán para poco en tanto no se invierta y no nos planteemos de una vez si, tal vez, tiene sentido mantener el citado límite de 400 euros.