La abogacía de Barcelona pone cerco a la multirreincidencia y las okupaciones: "En Europa resuelven en 24 horas lo que aquí nos lleva 20 meses"

La abogacía barcelonesa ha presentado este martes dos nuevas propuestas legislativas para combatir la okupación ilegal y la multirreincidencia, dos asuntos que preocupan especialmente a la sociedad catalana ante el incremento de casos conocidos y denunciados.

En una presentación dirigida por Jesús María Sánchez, decano del Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB), los juristas han ido desgranando las propuestas, que han desarrollado a instancia de entidades como Foment del Treball, los comerciantes del paseo de Gràcia y el Gremio de Hoteles de Barcelona.

Los hurtos, atascados en los juzgados

En 2015, por primera vez, se realizó una reforma legal para frenar la multirreincidencia, de forma que los hurtos menores de 400 euros cometidos por personas con tres antecedentes pasaban de considerarse delitos leves a delitos graves. Sin embargo, en 2017, el Tribunal Supremo la dejó sin efecto al entender que el salto que había hecho el legislador no era justo. 

Los 'fura' de Badalona efectúan un patrullaje contra la multirreincidencia LUIS MIGUEL AÑÓN Barcelona

Tan solo dos años después, en 2019, Barcelona registró una oleada de hurtos. ICAB elaboró un informe encargado por Foment del Treball y se presentó una nueva propuesta legislativa en la que se planteaba que al delincuente que hubiese cometido un hurto y tuviese tres delitos anteriores de la misma naturaleza no le correspondía una pena por delito grave, pero sí por delito menos grave.

Esta propuesta la asumió el PDECat, que se quedó sin representatividad parlamentaria, y sufrió una enmienda que fijaba que, además de tres antecedentes penales por hurtos leves, entre todos ellos tenían que superar los 400 euros. 

Mossos en la Ciutat de la Justícia de Barcelona SARA CID

Esto provocó un problema práctico en los juzgados, dado que los jueces tenían que pedir las sentencias anteriores a los tres tribunales diferentes, lo que imposibilitaba la celebración del juicio a tiempo. “A veces los fallos ni siquiera figuraban las cuantías, especificando sólo que eran inferiores a los 400 euros”, ha explicado el abogado Emilio Zegrí. 

El valor de un móvil

Ahora, la abogacía barcelonesa propone una reforma del Código Penal para volver atrás y que el delito leve pase a menos grave. “Hemos establecido una cláusula que permite al juez, en el caso de que aprecie la irrelevancia de los tres delitos anteriores, reducir la pena, por lo que no tiene que buscar las sentencias anteriores. Ahora, será la defensa quien tenga que probar la irrelevancia de los hurtos anteriores y no el juez”, ha aclarado Zegrí.

Además, la abogacía solicita que se endurezcan las penas en casos de sustracciones de dispositivos móviles, ahora castigadas con una multa. “No puede considerarse como un hurto menor a los 400 euros”, ha subrayado el decano, que ha añadido que la sustracción de un dispositivo electrónico supone “un robo de nuestra vida” al atentar contra el derecho a la privacidad.

Una detención de un multirreincidente en Ciutat Vella por parte de los Mossos Mossos d'Esquadra

Ha argumentado que este caso debe tener una entidad suficiente para que sea considerado un delito menos grave, de forma que los jueces puedan tomar medidas cautelares. “Que la gente sepa que robar el móvil comporta la posibilidad de que un juez dicte una medida cautelar de prisión”, ha remarcado.

Pero, para todo esto, ha señalado Sánchez, es necesario agilizar los juicios rápidos, por lo que también ha solicitado más jueces penales y más salas en la Audiencia Provincial para paliar el incumplimiento de la ley. 

"Los multirreincidentes se ríen de la policía"

Así lo ha reclamado también el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que ha remarcado que los juicios rápidos, previstos para celebrarse en un plazo máximo de 15 días, no pueden dilatarse hasta el año. “¿Qué hacen mientras no son juzgados? No podemos permitirlo. Las mejoras deben ir rápido y la dotación de la planta judicial es una prioridad absoluta en Barcelona y Cataluña”, ha solicitado. 

Jaume Collboni, responde a los periodistas en una nueva edición del 'L'alcalde respon 2024' Gala Espín

Estas medidas, ha insistido, permitirían que los “multirreincidentes dejen de reírse de nuestra policía, de la Administración y de la judicatura”. El socialista, uno de los actores que han impulsado estas propuestas desde finales de la pandemia, ha remarcado la importancia de un cambio legislativo para frenar la delincuencia en Barcelona. Ha señalado que pese al despliegue en el último año de más de 1.000 agentes de la Guardia Urbana y de 500 mossos, “lo que estamos viviendo es un auténtico despropósito”. 

Cataluña, a la cabeza en okupaciones

La segunda de las propuestas se centra en la reducción de las okupaciones delincuenciales. Antes de exponer las medidas, el decano ha querido aclarar que desde ICAB “siempre se han defendido los derechos de las familias más vulnerables” que se ven obligadas a okupar. Sin embargo, ha expresado que gran parte de estos allanamientos son obra de mafias y que, por ende, es necesario buscar medidas cautelares en el ámbito civil y administrativo para recuperar la posesión de una vivienda en caso de que haya sido usurpada delincuencialmente. 

Imagen del vaciado de El Kubo y La Ruïna en La Bonanova CG

La situación es dramática. Las denuncias por okupación de inmuebles pasaron de 10.619 en 2017 a 17.274 en 2021. El incremento, con respecto a estos datos facilitados por el Ministerio del Interior, fue en esos cinco años del 62,67%. Durante el primer trimestre de 2022 se registraron en España 10.220 okupaciones ilegales, de las que casi la mitad, 4.341, fueron en Cataluña. “Lo hemos normalizado”, ha denunciado la abogada Cristina Vallejo.

La flagrancia

Con este escenario, la abogacía propone modificar el artículo 795 de la LECrim, en relación con la flagrancia. Hasta ahora, la "vocación de permanencia" impedía desalojar al okupa. “Pedir una pizza no puede ser un obstáculo para frenar un desalojo”, ha expresado Vallejo. “Deben considerarse ser un delito flagrante tanto el de okupación como el de allanamiento”, ha remarcado. 

En España los desalojos se demoran de forma extraordinaria, rondando de media los 20 meses hasta que un propietario pueda recuperar una vivienda okupada delincuencialmente.

Caso de Francia

“Se está incentivando la okupación”, ha insistido Vallejo, mientras que en países fronterizos se están endureciendo las penas. En Francia, por ejemplo, una modificación legislativa permite desde el año pasado los desalojos policiales en 24 o 48 horas, además de elevar las penas privativas de libertad hasta los tres años de cárcel, no sólo para los okupas, sino para todos aquellos que alienten el allanamiento como las mafias dedicadas a vender llaves. 

Aquí, la dilación se debe a que no se incoa un desalojo hasta que la sentencia no es firme. Mientras tanto, desde ICAB proponen que se puedan adoptar dos medidas cautelares. La primera supone que en cuanto el titular de la vivienda solicite al okupa que aporte un título válido el órgano judicial tenga que pronunciarse en un plazo máximo de 24 horas.

En el segundo, planteado para casos en los que haya daños por riesgos evidentes para la vivienda, para el edificio o que haya problemas vecinales y de convivencia, que en 24 horas el órgano judicial tenga que resolver a petición de la fiscalía o de una parte acusadora. Todo ello, para brindar algún tipo de apoyo a la propiedad desde la legislación del Estado.