Neus Pujal, fiscal jefe de Barcelona: “La ciudad necesitará más juzgados de detenidos para la Copa América de vela”

Neus Pujal cumple un año al frente de la Fiscalía de Barcelona. Doce meses en los que ha podido ya dejar su impronta: ha creado una fiscalía de personas vulnerables y con discapacidad, que lidera Antoni Torres; también una sección de víctimas, "con muy buen resultado"; y ha tratado de reforzar el carácter neutral del ministerio público en plena trifulca política. 

Pujal, considerada progresista por su pertenencia a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), fue fiscal de jurado durante diez años. En 2008, la también especialista en derechos humanos accedió a la fiscalía de área de Sabadell hasta 2022. Al año siguiente, recalaba en la Jefatura de Barcelona.

Ahora hace balance de su primer año en la Fiscalía en una entrevista con Crónica Global sobre la multirreincidencia. 

¿Cómo está trabajando la Fiscalía de Barcelona contra la multirreincidencia?

Desde 2009 se creó una comisión y se constituyó la Junta Local de Seguridad de Ciutat Vella, a la que acude la fiscal Carmen de Frutos en el Ayuntamiento, con los distintos cuerpos de seguridad, específica sobre multirreincidencia. En ella se analiza la evolución de la criminalidad y se estudian nuevas medidas. 

Una de las propuestas que se planteó desde la fiscalía fue la adopción de medidas cautelares de alejamiento de centros comerciales o de estaciones de tren, pero se puso de relieve que, como medida cautelar, era problemática. Como pena accesoria se puede acordar la prohibición de acudir a determinados lugares, pero como medida cautelar tiene mayores exigencias legales. No obstante, se ha aplicado en el Aeropuerto de El Prat para personas conocidas por la policía, cuyo modus vivendi es ir al aeropuerto a sustraer las maletas día tras día. Hay cinco o seis personas que ya no se pueden acercar a El Prat por mandato judicial. Aunque no se aplica masivamente por las exigencias legales, para ellos sí hemos conseguido que los jueces acuerden esta medida cautelar de alejamiento. Son pequeños pasos. 

También se exploró, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, la posibilidad de catalogarlos como grupos criminales para acusarlos por este delito, además de por el de hurto. Todo esto incrementa las penas y facilita la prisión provisional.

Otro de los objetivos de estas reuniones es la práctica de la prueba preconstituida, que ya se está haciendo cuando las víctimas son turistas, porque vuelven a sus lugares de origen y es difícil que regresen para declarar o que las localicen para hacerlo vía Webex.

En julio de 2022 se introdujo un subtipo agravado del delito de hurto para endurecer las penas en casos de multirreincidencia. Casi dos años después, ¿qué balance hace la Fiscalía?

Esta reforma no ha tenido, al menos en un primer momento, el efecto deseado, pues tienen que existir tres condenas previas por delitos leves de hurto, pero que la suma de lo sustraído superase los 400 euros.

Por un lado nos encontramos con que no hay un registro de delitos leves de hurto, por lo que se tenía que pedir testimonio de estas sentencias y tasar o determinar el importe. Esto supone que estos asuntos no se puedan celebrar en la guardia de delitos leves. Cuando un multirreincidente llega a una de las dos guardias de delitos leves de Barcelona y tiene antecedentes penales, ahora se tienen que recabar estas sentencias, aportar un testimonio a la causa y tasar el valor de los artículos para ver si supera o no los 400 euros. Así las cosas, este juicio no se puede celebrar, aunque esté señalado por la guardia, pero tampoco calificar como urgente, porque se tiene que recabar todo esto. Ralentiza el proceso. 

Las cosas que van mejorando: en la hoja histórico-penal, cuando se pone la condena ya se pone el importe, si está en la sentencia. Hasta ahora los jueces sólo ponían cantidad inferior a 400 euros, pero sin precisar el importe. Ahora en su relato de hechos ya ponen el importe de los sustraído, por lo que no hace falta pedir las sentencias para tasar y sumar estas cantidades. Los resultados se empiezan a ver ahora. Desde la Fiscalía de Barcelona hemos pedido que cada fiscal y funcionario haga una leve relación de asuntos que han tenido ese día en la guardia de delitos leves, antiguos juicios de faltas, y cuántos se han transformado: hemos visto que ya el 24% de delitos leves se transforman en menos graves, pero nos falla el enjuiciamiento rápido.

La filicida de Sant Joan Despí, a juicio en la Audiencia Provincial TSJC

"Necesitamos juzgados de lo penal de guardia"

¿Haría falta aumentar los juzgados de lo penal?

En Barcelona se califican muchos delitos por trámites de diligencias urgentes, pero no tenemos un juzgado de lo penal de guardia. Eso es lo que reivindica la fiscalía, que haya varios juzgados de lo penal de guardia. La imagen que ven en las películas del juez británico con el mazo, celebrando y dictando sentencia en el mismo día. Eso es lo que necesitamos.

Hay un colapso muy importante en los juzgados de lo penal, porque si tenemos guardias de detenidos que sacan un montón de calificaciones, de escritos de acusación en el caso del fiscal, tenemos guardias de delitos leves, pero no tenemos un juzgado de lo penal de guardia, pues se colapsa. Los juicios rápidos no se celebran hasta un año y medio después o más, aunque la ley establezca que debe hacerse en un máximo de 15 días. Faltan recursos. Se necesitan juzgados de lo penal de guardia, además de juzgados de lo penal. En el caso de la multirreincidencia lo ideal sería sentenciar el mismo día o al día siguiente. Hay un tapón en los juzgados catalanes. Hacen falta más medios.

¿Son las condenas demasiado laxas?

Las condenas no son laxas. En el subtipo agravado es de uno a tres años de prisión, lo que permite que se pueda acordar como medida cautelar la prisión provisional, aunque es inusual porque suele acordarse en casos de robos con violencia. Es difícil que se acuerde por delitos de hurto, aunque en casos de hurto agravado se está haciendo.

En los casos en los que no se acuerda la prisión provisional, en algunos casos no se les localiza. Pero dentro de la prescripción del delito, si no van el día del juicio, se puede acordar su busca y captura. Si es superior a dos años, el juicio no se puede celebrar en ausencia, por lo que el fiscal pedirá que se le localice, y la prisión provisional cuando ello ocurra.

¿Fiscalía tiene detectados grupos o bandas organizados que se dedican a los robos en Barcelona?

Mossos d’Esquadra considera que no hay ninguna banda latina ajustándose a los parámetros de la Secretaría de Estado, pero sí múltiples grupos criminales por nacionalidad. No hay un perfil, a veces se agrupan de diferentes componentes.

El fenómeno de los relojeros se ha generalizado últimamente. Esto puede ser, si es al descuido, un hurto; si es un tirón o hay resistencia, es un robo con violencia. Causa inseguridad y preocupa a comerciantes y usuarios. También los hurtos de cobre están previstos en el subtipo agravado, cuando afectan a las comunicaciones, ya sean telefónicas o ferroviarias

¿Está la ciudad preparada para la celebración de la Copa América? Según el estudio de la UPF, vendrán 2,5 millones de personas.

Mensualmente nos reunimos con los tres cuerpos policiales y nos informan sobre la criminalidad y los asuntos que están investigando, que no están judicializados, o judicializados de mayor interés. Cada vez hay más equipos conjuntos entre distintos cuerpos.

Respecto a la Copa América, recientemente, el 17 de mayo hubo una Junta de Seguridad extraordinaria en la que se trató este tema. Los Mossos están preparándose y la fiscalía necesitará refuerzos en la guardia. Cada vez las guardias son más gravosas: hay muchísimos detenidos, muchos escritos de acusación, los fiscales acaban muy tarde, no dan abasto. Es agotador. Vamos a plantear a la Fiscalía General, y a su vez al Ministerio de Justicia, que hace falta un apoyo, como se hizo en Barcelona 92, que se crearon dos juzgados más de detenidos. Ahora quizás no hace falta sólo reforzar fiscalía, sino otro juzgado de detenidos. En lo que a mí respecta, hará falta algún tipo de apoyo.

"Hay una campaña contra la Fiscalía"

Imagen de una detención practicada por los Mossos d'Esquadra EFE

Algunos partidos asocian a los multirreincidentes con los inmigrantes irregulares...

No se puede relacionar la multirreincidencia con los menores no acompañados, porque como en el resto de los jóvenes, algunos de estos menores, al faltarles el soporte familiar lo harán, pero otros muchos no. También hay jóvenes con una familia absolutamente estructurada que delinquen. No se puede asociar menores no acompañados y delincuencia.

Cuando los menores tutelados alcanzan la mayoría de edad, la fiscalía de menores ya no puede hacerles un seguimiento, porque ya no tiene competencia sobre ellos. Cuando cumplen los 18, el expediente de protección cesa, pero se llevan a cabo programas de acompañamiento a la emancipación y la autonomía de personas jóvenes extuteladas en situación de riesgo social, que se realiza desde el Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat.

Cuando llegan siendo menores, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) asume la tutela automática, se ocupa de ellos y les busca un centro. Pero nos hemos encontrado con chicos que, tras hacerles las pruebas para determinar su edad, en las que participa la fiscalía, sí se ha determinado que eran adultos por una diferencia de pocos días con respecto a otros, y se han echado a llorar porque nos decían que no tenían a dónde ir, que no tenían a nadie. Están solos con 18 años recién cumplidos. Son chicos que no tienen recursos, ni soporte familiar, ni una red. Hay centros de la Generalitat, pero están desbordados, son conscientes de que hay un problema.

¿Funciona el modelo penitenciario de reinserción social y de reeducación en el caso de los multirreincidentes?

Las prisiones están sobresaturadas, faltan centros penitenciarios y funcionarios y profesionales en los mismos. El cierre de -la cárcel- La Modelo, sin ser sustituida por un nuevo centro penitenciario, está tensionando el sistema penitenciario. Los parches consistentes en relajar los parámetros para excarcelar a los internos no es el sistema adecuado. La Generalitat está buscando fórmulas alternativas a la prisión, que me parecen muy bien, como la pulsera, la justicia restaurativa, pero no tienen que ir asociadas a que no cabe gente en las cárceles. Se tiene que resolver esto y, al margen, explorar otras medidas alternativas a la prisión. Tenemos que estudiar vías para establecer sanciones que no necesariamente sean penas de prisión, como la justicia restaurativa, que es muy positiva.

Sobre la efectividad de la reinserción, creo que el modelo catalán es muy bueno, y el español también. Somos herederos de Concepción Arenal, de Victoria Kent, del humanismo en las prisiones. El sistema de prisiones español es muy avanzado y muy progresista, se preocupa de la rehabilitación de los presos, pero evidentemente, en una prisión sobresaturada no se pueden desarrollar igual que si hubiese menos gente. La Ley Orgánica Penitenciaria y el reglamento son muy progresistas y creo que eso debe aplaudirse, pero al mismo tiempo debe compaginarse con que haya una ratio de funcionarios por preso que sea la adecuada. Los funcionarios no pueden estar exhaustos ni de baja, porque tienen que hacer más trabajo del que les corresponde. Es un pez que se muerde la cola, porque ya no hay suficientes, y acaban de baja. Los funcionarios de prisiones tienen mucha carga. Si tuvieran menos presos a los que atender sería mejor para ellos, para la reeducación social y para la reinserción. Pero, como siempre, es un tema económico.

¿Cómo ha vivido las críticas de alguna oposición a la Fiscalía en su primer año en la jefatura de Barcelona?

Existe una campaña sistemática de desprestigio contra las instituciones que emanan de la Constitución Española y en particular contra el Fiscal General del Estado (FGE), que se aleja de la sana crítica y no contribuye al respeto que los órganos del Estado deben tener entre sí, fruto del pacto social, en un Estado social y democrático de Derecho.