El Ministerio de Transición Ecológica y el Govern han hallado la solución mágica para combatir la devastadora sequía que nos asola desde hace cuatro años. Consiste en ampliar la capacidad de la planta desalinizadora de Blanes y erigir otra de nuevo cuño en Cubelles. La inversión conjunta se cifra en la bagatela de 500 millones. El dinero provendrá del maná europeo.
De la ejecución de las obras se va a encargar la compañía madrileña Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Hacienda. Entre otros cometidos, tiene a su cargo la gestión de las plantas desaladoras ubicadas en el Levante peninsular.
Lo más problemático de semejante decisión estriba en que tanto el engorde de Blanes como la entrada en servicio de las flamantes instalaciones de Cubelles no son factibles antes de 2028. ¿Y entre tanto que harán las Administraciones para saciar la sed de los ciudadanos? Pues pretenden trasladar una flota de barcos cargados de agua desde la planta potabilizadora de Sagunto hasta el puerto de Barcelona.
A juicio de los colegios de ingenieros y economistas, la medida hidráulica más sensata, barata y rápida habría consistido en conectar las cuencas del Ebro y del Ter-Llobregat. Pero ocurre que la provincia de Tarragona está poblada de alcaldes de ERC. Y el president Pere Aragonès quiere evitar a toda costa que sus parroquianos se solivianten. Por tanto, ha decidido que el trasvase no se lleve a cabo, y a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga.
En cualquier caso, nunca es tarde si la dicha es buena. El acuerdo de levantar una desalobradora en la región asegurará el suministro futuro del área metropolitana de la Ciudad Condal.
En una materia tan esencial como el agua, el Govern lleva quince años sesteando. Y no ha promovido un solo aprovechamiento hídrico digno de nota. Los sucesivos ejecutivos vernáculos anduvieron ocupados en otros cometidos mucho más importantes y trascendentales.
Por ejemplo, en el citado periodo inyectaron 4.000 millones de euros a TV3 y Catalunya Ràdio, a fin de que sigan contribuyendo las 24 horas del día a la formación del espíritu nacional de los catalanes. Como eso aún no les parecía suficiente, dilapidaron otros 400 millones en publicidad, propaganda, autobombo y subvenciones a los medios informativos privados.
Adicionalmente, la Generalitat malgastó ingentes fondos oficiales en lubricar entidades de Valencia, Baleares y el sur de Francia, consagradas a la promoción de los Païssos Catalans.
El Govern tampoco los escatimó para instituir una red de “embajadas” por todo el ancho mundo. Ya lleva inauguradas 21, cada una de ellas con su correspondiente dotación de vividores colocados a dedo.
El delirio de la representación propia en el ámbito internacional llegó al extremo de montar nada menos que una consejería de Acción Exterior, a cargo de Meritxell Serret. El engendro consumirá en el corriente ejercicio la nadería de 108 millones. Con este aporte, el dispendio que el departamento acumuló en los últimos ocho años se dispara hasta los 600 millones.
Los alucinantes despilfarros descritos tienen un objetivo que los propios gobernantes separatistas propalan sin recato. Se trata de erigir las estructuras de un Estado propio, que solo figura en sus mentes calenturientas. El propósito de tales desafueros está meridianamente claro. Crear un tinglado tras otro y enchufar a su ubre una cohorte de parásitos del partido.
Otro gallo nos cantaría a los habitantes de esta baqueteada comunidad si esa descomunal masa de recursos públicos que han fundido los políticos secesionistas se hubiera empleado en el provecho y el bienestar del pueblo catalán.