No hay nada más conservador e insolidario que el nacionalismo que reclama la secesión. Los catalanes progresistas son mayoritariamente no secesionistas. Tengo serias dudas de que esta afirmación sea asumida y comprendida por todos los partidos y dirigentes de la plural y fragmentada izquierda española.

Durante las negociaciones del Gobierno de España con el secesionismo, los partidos progresistas catalanes, entre otros el PSC, no han tenido el protagonismo que corresponde a su relevancia en la sociedad catalana. Llama la atención que la primera reunión de la “mesa de diálogo” de PSOE y Puigdemont, orientada a encauzar la “cuestión catalana”, no contó con la participación de los socialistas catalanes. ¿Olvido o imposición de Puigdemont? El socialismo catalán debería de haber estado desde el primer momento en una negociación que afecta a los catalanes/as, su no presencia y aparente marginación podría tener un coste electoral.

El PSC es sin duda un buen interlocutor para trasladar el verdadero relato de los hechos acontecidos durante septiembre y octubre del 2017. De lo que significó el procés en relación con la transgresión de los derechos de los catalanes constitucionalistas, de cómo se vulneró la democracia y se quebró el orden constitucional en Cataluña. Por cierto, un relato magníficamente narrado y defendido por el diputado Joan Coscubiela al oponerse valientemente a las “leyes de desconexión” aprobadas esos días en el Parlament.

La gran mayoría de los trabajadores y las organizaciones que los representan nunca fueron secesionistas, defendieron y defienden los derechos e intereses de Cataluña desde una posición de clase y una perspectiva social integradora. Las fuerzas progresistas catalanas han sido constitucionalistas desde el primer momento, contribuyendo masivamente a la aprobación de la Constitución sin los aspavientos de algunas fuerzas conservadoras que se manifiestan ahora con el fervor del converso.

Una población trabajadora con un alto porcentaje de procedencia de otras comunidades autónomas, que mayoritariamente votó desde el primer momento a los partidos de izquierda catalanes, como el PSC y el PSUC. Estas organizaciones desarrollaron la pedagogía que facilitaba su identificación con las reivindicaciones propias de Cataluña, sin perder su sentido de clase, solidario con el resto de los trabajadores españoles. Estos “nous catalans” estuvieron en primera línea en las manifestaciones reivindicando un “Estatut d’Autonomia” para Cataluña. Era fácil identificar el acento andaluz y extremeño en las manifestaciones del 1 y 8 de febrero de 1976. Se afiliaron a las organizaciones sindicales de CCOO y UGT e hicieron del movimiento obrero catalán el más organizado y potente de toda España.

Viajemos a través del tiempo desde la Cataluña de la Transición democrática a la actual Cataluña post-procés gobernada por fuerzas secesionistas. Los indultos y la ley de amnistía podrían ser instrumentos válidos para emprender la vía del diálogo y la reconciliación, entre los catalanes de “origen y de adopción”, y de éstos con el resto de los españoles. Sería inadmisible que el Gobierno de España termine cediendo en algunos temas al chantaje permanente del secesionismo más sectario. En este contexto cuesta entender la escasa o nula participación de los constitucionalistas catalanes en todo el proceso de negociación que ha abierto el Gobierno de coalición.

Quizás se ha olvidado que las manifestaciones de algunos centenares de miles de catalanes convocados por la Sociedad Civil Catalana  los días 8 y 29 de octubre del 2017, lideradas entre otros por personas inequívocamente de izquierdas como el actual comisario de la UE, el socialista Josep Borrell y el fallecido exdirigente comunista Paco Frutos, contribuyeron al fracaso del movimiento secesionista al visualizar que la clase trabajadora de la RMB se oponía con rotundidad a la insolidaria secesión.

Al histórico conflicto entre el nacionalismo catalán con el resto de España, se suma el enfrentamiento cainita entre las organizaciones secesionistas, la lucha sin cuartel por el control del poder autonómico entre Junqueras y Puigdemont. Sin duda un conflicto que dificulta la solución del “problema “catalán.

El Gobierno de coalición, negociando sólo con los secesionistas, los convierte en los únicos interlocutores, con el riesgo añadido de identificar a todos los catalanes con el secesionismo. Satisfacer algunas de las demandas de los secesionistas se puede justificar como necesario para facilitar la gobernabilidad de España; sin embargo, ningunear a los catalanes constitucionalistas puede tener un coste en votos y suponer la pérdida del Gobierno de España.