El nuevo Govern de Pere Aragonès no es un tripartito ni un anticipo de tripartito, como se ha llegado a decir. La incorporación de Joaquim Nadal, procedente del PSC; de Carles Campuzano, ex de Convergència y del PDECat, y de Gemma Ubasart, efímera líder de Podemos en Cataluña, es, como mucho, un intento de apertura hacia otros espacios políticos, pero el Govern ni siquiera es transversal, sino monocolor de ERC.

El primer Gobierno monocolor de Esquerra de la historia de Cataluña es también el más débil porque cuenta con solo 33 diputados de 135, un 24% de la cámara, lo que aboca a Aragonès a negociar con otras fuerzas políticas para mantenerse y aprobar los Presupuestos. Y esa negociación, pese a que el president sigue hablando de hacerla con Junts per Catalunya (JxCat) y con la CUP, solo puede sostenerse con los comuns y con el PSC, ambos grupos de izquierda abiertos a la colaboración.

Junts, pese a que su conseller Jaume Giró es el autor de los Presupuestos, ya ha manifestado que, antes de negociar, Aragonès debe someterse a una cuestión de confianza, una iniciativa inaceptable para ERC y que está en el origen de la ruptura del independentismo y del Govern, por lo que lo más probable es que Junts vote en contra de las cuentas. En cuanto a la CUP, hace meses que abandonó la mayoría independentista y, aunque está dispuesta a negociar, sería una sorpresa que apoyara los Presupuestos.

Solo quedan, pues, los comuns y el PSC para poder gobernar con los Presupuestos ya prácticamente elaborados o la prórroga de los de este año, lo que sería un grave error en plena crisis económica e impediría llevar a cabo proyectos financiados con el dinero de los fondos europeos, aunque Aragonès asegure que existen mecanismos para utilizar los 3.100 millones de euros procedentes de la liquidación de la financiación autonómica.

Para la aproximación al PSC, sin embargo, Aragonès topa con la oposición cerrada del presidente del partido, Oriol Junqueras, que prefiere la prórroga presupuestaria a la negociación con los socialistas, a quienes ha vuelto a acusar de haber aplaudido la “represión” y su encarcelamiento y el de los otros dirigentes del procés. Pero esta no es la única razón de Junqueras para vetar al PSC. El actual presidente de ERC siempre ha sido un antisocialista militante, como se demostró con su decisión de pactar con la derecha independentista de Convergència y de Junts antes que  con los partidos de izquierda no independentistas. Con Junqueras al frente de ERC, en lugar de Josep Lluís Carod-Rovira, no hubiera habido tripartitos.

Este antisocialismo militante, sin embargo, solo se aplica en Cataluña porque el PSC es, para Junqueras, el principal adversario electoral, pero no en Madrid, donde ERC practica una política de peix al cove renovada, al estilo de Jordi Pujol, que permite a los republicanos exprimir al PSOE y obtener concesiones que luego sirven para exhibirlas en Cataluña. 

La obsesión de Junqueras en impedir el pacto con el PSC, aun a riesgo de poner en peligro la continuidad del Govern en minoría, coincide, paradójicamente, con la política de las derechas “españolistas”. Ciudadanos y el PP prefieren ir a elecciones anticipadas que la consolidación de ERC en el Govern. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la misma línea, ha criticado a los socialistas por ofrecerse a sostener al independentismo.

¿Pero de qué les servirían al PP y a Ciudadanos unas elecciones anticipadas? El PP quizá mejoraría algo sus pésimos resultados de febrero de 2021, pero el partido dirigido ahora por Carlos Carrizosa podría desaparecer del Parlament. La ceguera de la derecha le impide ver que para su objetivo a largo plazo de debilitar al independentismo es más productivo que el Govern monocolor de ERC continúe mientras sea posible, con apoyos externos del PSC y los comunes, para agudizar las contradicciones del independentismo y profundizar la brecha entre los republicanos y Junts. Y más cuando no hay alternativa constitucionalista posible.

Esa brecha se ha abierto con crudeza como prueban las acusaciones de Laura Borràs de que el Govern es “ilegítimo” y la respuesta de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que ha comparado a Junts con Vox por su lenguaje “populista” y por utilizar el argumento de la ilegitimidad del Ejecutivo. Todo indica que a partir de ahora la brecha se abrirá aún más con la dura oposición que anuncia Junts. El interés de los partidos contrarios a la independencia debería ser, en consecuencia, agravar la división entre los independentistas.