La carta que el rey emérito, Juan Carlos I, ha enviado a su hijo, Felipe VI, en la que anuncia que seguirá residiendo en Abu Dabi, aunque visitará “con frecuencia” España, pone fin a una de las incógnitas que persistían referidas a la monarquía tras los escándalos protagonizados por el anterior jefe del Estado.

Después de meses de especulaciones sobre su vuelta España e incluso al palacio de la Zarzuela, como él mismo había expresado que era su deseo,  Juan Carlos aclara que seguirá residiendo en Abu Dabi de “forma permanente y estable”, que volverá con frecuencia a España “para visitar a la familia y amigos” y que si en el futuro optara por regresar a su país residiría “en ámbitos de carácter privado, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”.

Estas dos condiciones --la residencia en Abu Dabi con viajes a España y no volver a la Zarzuela ni vivir en ningún edificio del Patrimonio Nacional-- eran del agrado del Gobierno, aunque la primera se ha cumplido parcialmente porque el Ejecutivo hubiera deseado que la primera visita a España de Juan Carlos se retrasara más de lo que puede ocurrir. Es probable que el rey emérito asista entre el 10 y el 18 de junio a una regata que se celebra en Sanxenxo (Pontevedra).

Este movimiento de Juan Carlos se produce solo cinco días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decretara el archivo de las tres investigaciones a que era sometido el emérito debido a la inviolabilidad de que gozaba hasta que abdicó en 2014, a la prescripción de algunos delitos y a las regularizaciones a Hacienda que presentó, sobre las que existen dudas de si hubo o no trato de favor. Los delitos de que habla la Fiscalía son al menos tres: delito fiscal en el IRPF de 2012; delito de cohecho impropio, por la donación de 65 millones de euros en 2008 por parte del entonces rey de Arabia Saudí, y delito de blanqueo de capitales por la transferencia de esos fondos a su examante Corinna Larsen.

El relato de la Fiscalía es todo un reproche moral de la conducta de Juan Carlos, aunque no ha podido haber reproche jurídico en gran parte por la inviolabilidad del monarca. Por eso, todo lo ocurrido en el caso del emérito debería ser aprovechado, al menos, para eliminar la inviolabilidad del Rey en lo que afecta a sus actos privados y mantenerla solo, como sucede en muchos países, para los actos públicos en función de su cargo. La inviolabilidad está recogida en el artículo 56.3 de la Constitución, que dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Entre los juristas no hay unanimidad sobre si afecta a todos los actos --incluidos los privados-- o solo a los públicos, aunque la mayoría se inclina por la primera opción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha manifestado en varias ocasiones en el sentido de que ese privilegio “es producto de otra época” y ha reaccionado a la publicación de la carta de Juan Carlos repitiendo que debe dar explicaciones de sus actos a los españoles porque el contenido de la misiva, en la que “lamenta sinceramente” los “acontecimientos pasados” de su vida privada, es insuficiente. Los partidos aliados del Ejecutivo han reclamado la eliminación de la inviolabilidad para los actos privados. Especialmente duro ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha hablado de “auténtica vergüenza”, de “negocios para provecho propio” desde “una institución tan importante” y de que la inviolabilidad “no es propia de un Estado democrático”.

El problema es que para revisar el alcance de la inviolabilidad, en principio, hay que reformar la Constitución por el procedimiento agravado --disolución de las Cortes, elecciones y referéndum--, algo inviable por su complejidad y por la oposición del PP. La única salida viable sería la que propone la Abogacía del Estado: reformar por ley orgánica la ley del poder judicial, siempre que Felipe VI esté de acuerdo en renunciar a una parte del privilegio, sin retocar la Carta Magna.

Esta reforma sería la culminación de otras pendientes desde hace un año en que se acordaron entre la Moncloa y la Zarzuela para mejorar la transparencia y la fiscalización de la monarquía. Entre esas medidas figuran la obligación de publicar el patrimonio de los reyes, la transparencia de los gastos de la Casa del Rey ministerio por ministerio y la fiscalización de la institución a través del Tribunal de Cuentas.

Debido a todas las informaciones sobre las actividades delictivas del rey emérito, que Pedro Sánchez ha calificado de “perturbadoras” y “decepcionantes”, las reformas en la jefatura del Estado, incluida la limitación de la inviolabilidad, son más urgentes que nunca. Y, ahora, aclarado ya el futuro del emérito, no hay excusa que valga.