Como no teníamos bastantes asuntos para el barullo y la refriega, vamos a tener el tema de los indultos durante las próximas semanas hasta en la sopa. Asunto espinoso que divide a la opinión pública, tanto en Cataluña como en el resto de España y en el que política y justicia caminan de la mano. Entre el sentido de la oportunidad y el debate jurídico más técnico, para unos, básicamente los independentistas, será una cuestión de estricta equidad; para otros, momento de superar el llamado problema catalán; para la inmensa mayoría, un asunto puramente emocional y más complejo de entender que la física cuántica. Sin que falten los bienintencionados que crean que puede ser buena ocasión para resolver el encaje de Cataluña en España o quienes piensen que es una gran oportunidad para arrinconar al Gobierno.

Habría que saber, en primer lugar, qué piensan los propios afectados, es decir, los presos indepes, los en principio más interesados. Sobre todo porque el indulto es un derecho de gracia individual que debe pedir el reo, sabiendo además que no borra el delito por el que se impuso la pena y al margen de que haya o no arrepentimiento. El problema es que aquello de “lo volveremos a hacer”, más que una bravata, resulta una amenaza explícita para cuantos no comulgan con el independentismo, en Cataluña y fuera de ella. Sin duda, un mal comienzo para cualquier pretensión de entendimiento.

Una petición para todo el colectivo de presos se acercaría más a la idea de una amnistía, cosa que reclamó Pere Aragonès desde su investidura pero que la legislación no permite. La mayoría de los afectados ya declinó hacerlo en su día, optando por el silencio cuando el propio Tribunal Supremo les dio un plazo de cinco días para ratificar la petición de indulto formulada por terceros. Ahora, el Ministerio de Justicia o tal vez el Gobierno podrían brindarles la oportunidad de hacerlo antes de activar la iniciativa.

En segundo lugar, queda abierto el debate, con no pocas dudas razonables, de que los indultos sirvan de algo para bajar el suflé independentista e impere el diálogo. Todo parece indicar que prevalecen las dudas sobre las certezas. Incluso al margen de que se dibujen dos perfiles de independentistas: los que buscan mantener el pesebre y la llama encendida o los que tratan de salir del embrollo porque perciben que no tiene recorrido. Ignoro si todos, pero algunos de los presos deben estar clamando aquello de “¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros!”, después de oír a Elisenda Paluzie. La presidenta de la ANC aseguró que los indultos “serían nefastos para el independentismo que quedaría políticamente desarmado”, al tiempo que llamaba a la confrontación y la desobediencia al Estado. Aunque hay un detalle que no es baladí: los exiliados, en particular Carles Puigdemont, quedarían fuera de juego, marchitándose en una suerte de limbo perdido, porque no les afectaría el indulto.

Ha sorprendido en general la dureza del Tribunal Supremo (TS), aunque hay quien opina que es más lo que se ha limado del texto inicial que lo que ha quedado. En todo caso, la debilidad del indulto es que la decisión del Consejo de Ministros puede ser recurrible ante la Sala Tercera de lo Contencioso del TS por la ausencia del requisito de arrepentimiento, quedando además por resolver el asunto del pago por malversación. Es difícil aventurar como armará su decisión el Gobierno y cómo argumentarán el PP o Vox su interés legal para impugnarlo.

De momento, la derecha ya ha decidido volver a la madrileña plaza de Colón y la instalación de mesas petitorias para recoger firmas contra los indultos. Por incomprensible que resulte, cuando parecía tener el viento a favor, parecen empecinados en cometer el mismo error de febrero de 2019 que acabó volviéndose en su contra. Es como si volviésemos a la Fiesta de la Banderita, cuando se hacía una cuestación que dio lugar a aquella película de Las chicas de la Cruz Roja, en la que participó un elenco de actores y actrices de lo más granado de la época. Ya no sé si a los populares les falta sentido de Estado o fineza política, o ambas cosas. Pero a Moncloa se lo pondrán relativamente fácil otra vez.

La papeleta tampoco es fácil para Pedro Sánchez y su Gobierno, con el PSOE y el electorado escindidos. Con Pere Aragonès y su alegre muchachada dando la matraca día tras día con la amnistía y la autodeterminación, si el TS revocase el indulto, el conflicto institucional alcanzará una magnitud estratosférica que hará revolverse en su tumba de la iglesia parisina de San Sulpicio a los restos de Montesquieu. El presidente, que reiteró tras la sentencia del procés el “cumplimiento íntegro” de las condenas, se ha metido él solito en este charco. Tanto da si lo ha hecho o no por mantener la fidelidad de los votos de ERC en el Congreso.

Conociéndole, más allá de la grandilocuencia de sus palabras, como “venganza/revancha” o “concordia/convivencia”, siempre cabe la posibilidad de que se saque algún nuevo conejo de la chistera: por ejemplo, la reforma por vía de urgencia del Código Penal para modificar los delitos por sedición. Ciclópea tarea, si se tiene en cuenta que, por tratarse de una Ley Orgánica, esta reforma requiere de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 diputados. Un saco en el que hay que meter a prácticamente todos los grupos de la Cámara, salvo, claro está, PP, Vox y Ciudadanos. Esa sería una vía de escape para eludir el choque de trenes con los jueces: descriminalizar la conducta sancionada mediante la aplicación al reo de forma retroactiva la ley penal que le es más favorable. Y todos a la calle.