No sé si es un atentado a los derechos fundamentales, pero se le parece mucho. No podremos ir a votar hasta el 30 de mayo, pero los socios del Barça podrán hacerlo el 7 de marzo. A ellos no les deben afectar las alarmas sanitarias. Alarmas que, por cierto, eran más benévolas este viernes, que cuando se convocó la reunión en el Parlament para retrasar las elecciones.

Soy un naíf y pensé que el necesario aplazamiento sería meramente técnico. Un mes, a lo sumo mes y medio. Un retraso para normalizar una situación. Pero no, el aplazamiento tiene una profunda carga política. No hacemos elecciones hasta que las podamos ganar, deben pensar en el mundo independentista --“ahora tenemos tiempo para ganar bien”, decía en un tuit, borrado por vergonzoso, el dircom de JxCat, Pere Martí--, en una decisión que ha contado con el entusiasmo de sus enemigos íntimos de PP y Ciudadanos. Y en la misma melé de “la derecha española”, en su argot --quién lo diría--, los Comunes. Se ha optado por un retraso de tres meses y, además, quedamos a expensas que el Govern lo retrase sine die.

La argumentación en el decreto para justificar la fecha no existe. Bueno, en verdad, tampoco existe una argumentación que diga por qué el aplazamiento no puede ser inferior. Ayer un buen amigo mío, jurista, me decía que el Supremo ha avisado en múltiples ocasiones que “la falta de motivación de los decretos ha sido interpretada por el Tribunal Supremo como un indicio de arbitrariedad y puede dar lugar a su nulidad”. Lo cierto es que si este decreto no es arbitrario, se le parece: está claro es que su argumentación es inexistente.

Lo que parece evidente es que todos los partidos, excepto Vox, que estudia presentar un recurso, han cerrado filas en contra del PSC. No han sido sutiles el resto de las fuerzas políticas que han unido sus intereses, legítimos, pero intereses de partido, ante los intereses de país. ¿Realmente Ciudadanos, PP, Comunes y CUP piensan de verdad que al país le va bien con este gobierno interino hasta mayo? Bueno, mayo es un decir, porque le han dado las herramientas para que este gobierno pueda retrasarlas hasta agotar la legislatura, porque según los juristas el decreto no garantiza que el 6 de abril, día de la convocatoria, ésta se produzca. “Cosas veredes, amigo Sancho”, dijo el Quijote. O quizá lo que piensan es dar una patada adelante para evitar una mejoría de resultados del PSC. No sé si la razón es esta, pero lo parece.

Por si acaso, el ministro Illa, que no dejará de ser ministro, y se dedicará a abanderar la vacunación, está haciendo planes en su ministerio hasta el verano. Toda una señal en medio de este ruido ensordecedor. En el PSC, la decisión no ha sentado bien, pero se han puesto a trabajar lanzando ese mensaje de que “Illa ganará el 14 de febrero o el 30 de mayo”. Algún dirigente con mucha mili compara al Govern y a sus nuevos aliados con Susana Díaz. “Susana cometió un grave error, retrasar el congreso del PSOE. Eso le dio aire a Pedro, le permitió recuperarse y ganar. Ahora los nuevos susanistas catalanes han hecho lo mismo”.

Seguramente es mucho pedir, pero no estaría de más que entidades cívicas, empresariales, sindicales, ciudadanos a título individual, o partidos presentaran un recurso para que la JEC o el TSJC definan el terreno de juego. Los derechos políticos han sido conculcados. Está claro qué si la JEC o el TSJC obligan al Govern, y acólitos, a modificar sus planes y no les dejan robar el derecho de voto de los ciudadanos sustentado en esa tesis que dice que “convoco cuando pueda ganar”, se rasgarán las vestiduras por la intromisión del Estado en Cataluña, por la intromisión de los jueces. Estoy convencido de que lo harán, pero no será así. Lo pedirán ciudadanos de Cataluña, catalanes, que no quieren que les lleven a dar un paso al frente cuando están en el borde del acantilado. Solo falta que se presente el recurso. Espero que sea esta semana. Solo se me ocurre decir que alguien lo haga “per Catalunya” ("por Cataluña").