Como no cabe que sea de otro modo, hoy se habla y se entrevista a juristas y políticos que, de alguna manera, tuvieron y tienen relación con el tema y aportan y esclarecen cuestiones sobre la sentencia absolutoria del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís trapero y de sus compañeros de penurias.
Todas esas voces, reputadas y expertas valoran si el fallo tendrá trascendencia o no; si los hechos probados son modificables o no; y si el Tribunal Supremo puede o no rectificar en algo la sentencia de la Audiencia Nacional.
Den por supuesto que oiremos reflexiones acertadas, técnicas y sensatas del veredicto e incluso aportaciones aclaratorias sobre lo qué es y qué trascendencia tiene el voto particular en contra de la exculpación.
Todo eso está muy bien y, sin duda, nos aportará luz a los profanos en leyes y jurisprudencia jurídica; ahora bien… y ¿la pena de banquillo?
¿Y esa lamentable exposición, no solo a merced de la opinión pública, que ha supuesto estar tres años con la espada de Damocles de una posible entrada en prisión?
Hoy le ha tocado al responsable de los Mossos y a esos colegas, --que en 2017, tomaron conjuntamente una serie de decisiones puestas en entredicho por parte de la Fiscalía General del Estad--, salir inocentes de aquello de lo que se les acusaba. Pero, a pesar de la natural alegría que hoy puedan tener estos policías y a todos los esfuerzos de empatía que tengamos a bien hacer, ninguno de nosotros sabemos lo que han supuesto este tiempo de inseguridad, fragilidad, desconcierto, rabia e impotencia para ellos.
¿Ninguno? ¿Nadie? No. Nadie no.
Lo saben todas y cada una de las personas que están o han estado inmersas en un proceso penal y que son inocentes.
Lo saben todos aquellos individuos que permanecen en un sumario desde hace años y que la lentitud de la justicia y la demora en las resoluciones les deja en la intemperie profesional y personal.
Lo saben todos aquellos profesionales y empresarios que forman parte de los sospechosos de cometer un delito por parte de la policía o la Fiscalía y esto les supone, ahora mismo, el desvalor reputacional y, en numerosas ocasiones, la muerte civil.
O, ¿no es una muerte civil para cualquier empresario o empresaria (dejaremos las reivindicaciones de genero para otro momento) encontrarse en una causa judicializada como imputado, es decir como investigado, cuando algún departamento de Compliance Penal de cualquier entidad bancaria les llama y les plantea e invita, educadamente eso sí, a sacar sus cuentas privadas y las de su negocio de dicha entidad?
¿No es dejar injustamente en el abandono el desarrollo de esas sociedades cuando una iniciativa empresarial nacional o internacional se ve abortada porque tus posibles socios tiran de sus canales de control y salen luces rojas que les avisan de tu incriminación en un determinado delito?
¿Somos conscientes que esto representa dejar en el desamparo al titular del negocio y amputa sus instrumentos para seguir con la actividad y con su capacidad para cumplir con los compromisos con sus trabajadores y pagarles el sueldo con el que viven ellos y sus familias?
¿Alguien piensa que el desprestigio al que se ven sometidos estas personas encausadas es inocuo y justo?
Si bien es cierto que cualquier delito, lo haga quién lo haga, debe ser perseguido, investigado y, si procede, castigado, ¿somos conscientes de la imposibilidad de resarcir, corregir y mitigar la perdida tangible y , sobretodo, la intangible de la reputación cuando no se te condena formalmente pero la dilatación en el tiempo que ha costado llegar a demostrar esa inocencia te ha hecho ya un daño irreparable?
Todos aquellos que no hemos tenido ninguna causa penal abierta en la que se nos acuse de algún acto ilícito no sabremos nunca lo que representa esa pena de Telediario que puede llevarte a la ruina económica y al ostracismo personal y social de una manera tan arbitraria que hace que el resultado moral sea inmerecido y demoledor.
