La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, compareció el jueves ante la Comisión del Estatuto de los Diputados para rechazar la concesión del suplicatorio que pide el Tribunal Supremo para juzgarla por cuatro presuntos delitos: fraude a la Administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. En su apasionada defensa, Borràs dijo que todo proviene de una frase grabada en una conversación entre su amigo informático Isaías Herrero, beneficiario de supuestos contratos irregulares por valor de 259.863 euros, y su socio Marc Gómez, al que le decía: “Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí”.

La diputada asegura que trapis se refiere al menudeo de droga (Herrero está condenado a cinco años y tres meses por tráfico de estupefacientes, entre otros delitos), una palabra habitual entre drogodependientes, pero deduce que se inicia una investigación sesgada no por esa mención frecuente, sino por la cita en la conversación de ella, diputada independentista. Según Borràs, “esa frase se convierte en el detonante para una investigación prospectiva”, prohibida en el ordenamiento jurídico español.

Este trapicheo dialéctico para exculparse de las acusaciones no es el único que Borràs expuso a puerta cerrada ante los diputados del Congreso. El segundo trapicheo consiste en contraponer lo que investigaron los Mossos d’Esquadra a lo que posteriormente averiguó la Guardia Civil. Dijo que comenzaron investigando los Mossos a petición de un juez instructor y no del Tribunal Superior de Justicia a pesar de estar aforada, como si eso no fuera habitual (normalmente, investigan los jueces instructores y después, si hay un caso de aforamiento, se traslada a un tribunal superior). La diputada afirma que los Mossos concluyeron que no había ningún delito y por eso la juez los aparta del caso y lo traslada a la Guardia Civil, el equipo “que ya sabe cómo juega”, y que de repente aparece no un delito, sino cuatro.

En este trapicheo de mezclar a los Mossos, la juez y la Guardia Civil, Borràs recurrió incluso a los recientes acontecimientos, ligando el caso a la “policía patriótica”, a los informes sobre el 8-M y al cese de Diego Pérez de los Cobos. Hay también “una fiscalía y una justicia patrióticas”, dijo. “Son demasiados informes arbitrarios, subjetivos o inventados. El lema de Todo por la patria se ha extendido por los mecanismos de la justicia española”, añadió.

El tercer trapicheo lo hizo al asegurar que se le ha aplicado ya la “presunción de culpabilidad”. “Quienes me acusan no han tenido necesidad de probar mi culpabilidad y soy yo quien tiene que demostrar mi inocencia”, afirmó, olvidando que la Guardia Civil no acusa a nadie de ser culpable. Eso lo tiene que decir el juez, en este caso el Supremo, cuando, además, pedir un suplicatorio no significa que alguien vaya a ser declarado culpable, es solo una autorización para ser procesado y juzgado.

El cuarto trapicheo se produce al negar que vaya a envolverse en la estelada, cuando desde el primer momento Borràs atribuye la causa a una “persecución política” por su condición de independentista. “A pesar de que muchos se envuelven en la bandera para considerarme culpable, yo no me voy a envolver en la estelada o la senyera para demostrar mi inocencia”, afirmó, en un intento fallido de superar una contradicción evidente.

Borrás reconoció que no ha podido localizar a Gabriel Rufián para conocer la posición de ERC ante el suplicatorio, y pidió una postura común del independentismo, aunque ese alineamiento, si se da, solo puede ser en la negativa a concederlo porque JxCat votará en contra. ERC aún lo está debatiendo, pero el suplicatorio se otorgará porque hasta Unidas Podemos, que se abstuvo en una votación anterior, votará ahora a favor porque es “inevitable, un trámite que debe llevarse a cabo”.

Es inevitable, en efecto, porque en este caso no se trata de ninguna cuestión política. Con sus trapicheos dialécticos, Borràs solo busca desviar la atención de lo fundamental: si cometió algún delito, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, al conceder a su amigo informático 18 contratos por importe total de 260.000 euros, troceados por menos de 18.000 euros para eludir el concurso público, y si los trabajos correspondientes se realizaron conforme a lo contratado.