La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está logrando que Quim Torra parezca un político razonable. “Me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato”, exclamó el 7 de mayo el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. El gobierno madrileño solicitó pasar a la fase 1 de la desescalada, mientras el Govern hacía nuevamente bandera de la prudencia y no pedía ese cambio excepto para las dos regiones sanitarias de la provincia de Tarragona y la del Alt Pirineu. Igea, médico de profesión para más señas, ha demostrado ser un político honesto y valiente. Hace unos meses osó enfrentarse a Inés Arrimadas por el liderazgo de Ciudadanos, denunciando los errores de Albert Rivera, y ahora cuestiona abiertamente la forma como la autonomía vecina quiere llevar la desescalada, a la que acusa además de hacerse trampas al solitario con los datos. En efecto, Madrid practica desde hace semanas una trampa contable para aparentar tener menos nuevos contagios de los reales y así ganar la batalla de la opinión frente al Gobierno.

La dimisión de la directora de Salud Pública de la Comunidad, Yolanda Fuentes, por disentir de que Madrid reuniese las condiciones para superar la fase 0, hizo suponer que Ayuso y su equipo agacharían las orejas y adoptarían en adelante un tono comedido. Esa renuncia evidenció además que la líder madrileña era perfectamente consciente de que su solicitud tenía nulas posibilidades de superar la evaluación técnica de los funcionarios del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige el doctor Fernando Simón. Y, por tanto, que en su demanda había otro cálculo. Bien fuera contentar a determinadas presiones económicas, o sencillamente ensayar ya una estrategia de confrontación institucional con el Gobierno de Pedro Sánchez desde la Comunidad de Madrid, a la que Pablo Casado ponía como ejemplo de buena gestión y de aquello que el PP haría en caso de estar al frente del Gobierno de España.

Pero la sonora dimisión de Fuentes no moderó el tono de Ayuso, que no ha hecho más que subirse a la parra, sobre todo cuando la semana pasada le fue rechazado nuevamente el pase a la fase 1. Desde entonces ha adoptado un discurso muy encendido de agravio territorial, afirmando que su gobierno es víctima de una “persecución por razones ideológicas”, argumentos que se parecen mucho a los que tan a menudo utilizan los independentistas.

En los últimos días ha dicho que los madrileños se sienten “rehenes y amordazados” por un Gobierno central que busca su ruina, y que les ha declarado nada menos que “la guerra política”. El portavoz del PP en el Congreso, Teodoro García Egea, ha invocado la palabra “odio” para describir el trato que recibe el ejecutivo regional por parte de Sánchez. En realidad, Ayuso practica una especie de separatismo inverso cuando afirma que “la unidad de España” y el “diseño constitucional” están en peligro porque el mando único que ejerce el Ministerio de Sanidad desde que se aprobó el estado de alarma le impide el ejercicio de sus competencias. Da la impresión, por el cariz incendiario de sus palabras, que la presidenta de la comunidad está a un paso de la rebeldía institucional y que, entre tanto, ha decidido calentar unas protestas callejeras donde se tilda de “ilegítimo” y “dictatorial” al Gobierno de Sánchez.

No pasará nada grave porque, afortunadamente, no estamos en 1934 cuando Lluís Companys se rebeló desde la Generalitat contra la legalidad republicana y ese choque acabó a tiros. Aclaremos que el líder de ERC no buscaba la independencia de Cataluña, sino volver al “espíritu” de la II República, amenazado, según él, por la “involución derechista” del gobierno de Alejandro Lerroux. Mutatis mutandis la líder madrileña considera ahora que la Constitución de 1978 está en peligro por culpa de un Gobierno “socialcomunista” aliado de los independentistas, que amenaza la libertad, del que mejor sería emanciparse para que Madrid pudiera recuperarse económicamente cuanto antes de la crisis provocada por el coronavirus.

La comunidad que preside Ayuso se ha convertido así en el ariete del discurso de Casado y la derecha mediática más aguerrida, que sueña con una revuelta popular contra el Gobierno, al que se culpabiliza en todo momento de la enorme virulencia de la pandemia en España por haber antepuesto la agenda feminista del 8M a los avisos de la OMS y, por tanto, responsable ahora del paro, la pobreza y la ruina empresarial. Algunos politólogos como Pablo Simón ya hablan de que la derecha radical querría hacer de la crisis del Covid-19 su particular 15M. Sobre todo pensando en un otoño muy complicado socialmente. Decepciona que Casado haya optado por esa estrategia institucionalmente tan insensata, que se explica sobre todo por la subasta electoral con Vox, y que provoca la misma loca carrera de discursos inflamados que tantas veces hemos visto en el campo separatista entre JxCat y ERC.