La espectacular huida de millares de empresas catalanas está provocando opiniones contradictorias entre los elementos más recalcitrantes del separatismo.

Hasta tal punto es así, que mientras unos prebostes declaran una cosa, otros sostienen la contraria, sin el menor rubor y sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza.

Por ejemplo, Elisenda Paluzie, mandamás de la hipersubvencionada Assemblea Nacional Catalana, afirma con todo desparpajo, que a lo hecho, pecho, y “lo mejor es que las compañías no vuelvan”.

En el polo opuesto, el republicano Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, confiesa que el exilio en masa de corporaciones autóctonas es muy pernicioso. Por este motivo, ha telefoneado a los supremos jerarcas de Caixabank y de Banco Sabadell, para pedirles que reintegren sus sedes respectivas a Cataluña.

La respuesta de ambos gigantes ha consistido en un educado pero rotundo no. ¿Cómo van a volver, si el Govern sigue amenazando, semana tras semana, con la dichosa secesión?

Por su parte, el inefable Quim Torra se ha ufanado en un reciente encuentro con hombres de negocios, de que él “garantiza” que todos los prófugos regresen a Cataluña.

Animado quizás por este optimista vaticinio, Josep Sánchez-Llibre, veterano político democristiano y ahora líder de la patronal Foment, le ha pedido al eximio president una declaración pública comprometiéndose a respetar la legalidad. Entiende que ello contribuiría a restablecer la calma y sentaría las bases para que las firmas evadidas vuelvan a sus lares vernáculos.  

Pero de inmediato ha terciado en el asunto la consejera de Empresa, Àngels Chacón. Dice que la proclama sugerida por Sánchez-Llibre es de todo punto innecesaria, dado que “en Cataluña ya impera la más exquisita seguridad jurídica”.

Eso es, a todas luces, una verdad como un puño, casi un artículo de fe. Fíjense si abunda la confianza en esta comunidad, que la estampida abarca ya más de 6.500 razones sociales y supone un éxodo sin parangón en la historia del mundo desarrollado.

A este propósito, no está de más recordar que la región canadiense de Quebec, habitada por 6,5 millones de personas, celebró un referéndum independentista en 1980. Aunque ganó el “no”, aquella iniciativa resultó letal. Provocó tal incertidumbre, que en los años siguientes 700 sociedades escaparon a otros territorios del país.

Debido a la desbandada, el crecimiento económico de Quebec ha caído a tasas inferiores a las de las zonas vecinas. Desde entonces, su PIB per cápita sólo ha subido un 76%, mientras que en el resto de Canadá ha registrado un 109%.

La oleada de fugas de Cataluña (con 7,5 millones de pobladores), comparada con la que hubo en Quebec, reviste unas magnitudes apabullantes. Entre el comienzo del procés por Artur Mas y el advenimiento de Quim Torra a la plaza de san Jaime, emigraron 5.800 empresas, entre ellas la flor y nata del repertorio industrial, comercial y financiero. Y tras la toma de posesión del insigne Torra, la diáspora se ha cobrado ya otras 700 entidades.

Como botones de muestra, en los últimos doce meses se mudaron los restaurantes La Tagliatella; la logística Logifrío; la matriz de Rotecna, líder mundial en equipamiento para granjas porcinas, con un patrimonio de 80 millones; el gigante del catering para aviones Newrest; y las postreras filiales que la hotelera Hotusa, líder nacional, poseía en Cataluña.

Asimismo desertaron el portal inmobiliario Habitaclia; las últimas subsidiarias de la repartidora de paquetería MRW; y la financiera del coloso estadounidense General Electric.

También se trasplantaron varias patrimoniales de la familia Monegal, expropietaria de la perfumera Myrurgia, que amasan fondos por valor de 100 millones; Destilerías MG, fundada en 1835, distribuidora de las conocidas marcas MG, Barceló, Citadelle, Master’s y Tito’s; y las clínicas oftalmológicas Tres Torres.

Por último, son de citar Serunión, líder en restauración para colectividades; la cadena de ópticas MasVisión; la cabecera de BC Nonwovens, de la familia Viñas Pich, con 40 millones en activos; y Energía Boreal, compartida por las hermanas Carmen y Liliana Godia y Caixabank, que almacena en sus cuentas acciones de Gas Natural por importe de nada menos que 1.100 millones.

Las 6.500 firmas que han puesto pies en polvorosa componen una lista devastadora. Para el próximo futuro, los efectos de esta criba se traducirán en un declive inexorable de las inversiones, de la generación de riqueza y de la creación de empleo. En resumen, sufriremos una irreparable decadencia económica y de pulso mercantil.

Cataluña se ha disparado tiros a ambos pies. Pero todos tranquilos. Que no cunda el pánico. El sublime Quim Torra “garantiza” la vuelta de las empresas. Lo malo es que sus “garantías” poseen un valor tendente a cero. Por cierto, al tal Torra ¿quién diablos le avala y afianza?