Algunas preguntas que Andorra debería responder
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra (UIFAND), Carles Fiñana, comparece este miércoles en la comisión de seguimiento y vigilancia del sistema financiero. Este tipo de comisión de investigación parlamentaria se ha creado a raíz de la crisis de Banca Privada de Andorra (BPA) y, sin embargo, parece más orientada a analizar el futuro que no a descubrir realmente qué sucede en el presente o qué males pasados hubo.
La comparecencia ante el Consejo General no es pública. Por tanto, sólo pueden participar los parlamentarios del país. De entrada, los consejeros prevén que Fiñana articule su exposición inicial alrededor de cuatro grandes áreas o cuestiones: la normativa que regula la estructura y funcionamiento interno y externo de la UIFAND; los protocolos de actuación establecidos; las relaciones con los organismos nacionales e internacionales, por razón de la materia, así como la documentación que se deriva; y las medidas para contrarrestar eventuales fuentes de riesgo.
Seguro que Fiñana, director de la Inteligencia Financiera andorrana, podrá responder de memoria a muchos interrogantes
El director de la UIFAND hace días que ensaya su aparición estelar aunque sea a puerta cerrada. Los consejeros le pueden hacer preguntas. Seguro que tienen un buen número de ellas preparadas. Y si éste no fuera el caso, podemos pensar en algunas cuestiones que, a buen seguro, Fiñana sabría responder de memoria y, además, no tendría ningún problema en explayarse. Veamos.
Por ejemplo: seguro que Fiñana puede explicar qué comunicaciones ha habido entre la UIFAND y la FinCEN. Y cuál es su contenido. Y no sólo en cuanto a las comunicaciones escritas. Seguro que hubieron orales. Quizás nuestro hombre en la UIFAND también sabría decirnos si existieron comunicaciones con los controladores de blanqueo españoles (Sepblac) y qué respuestas recogió.
No estaría de más que Fiñana detallara cuál fue la relación antes de la crisis, justo en el momento de estallar el caso BPA y cuáles son, si continúan, las comunicaciones actuales. También habría que saber, por ejemplo, qué comunicaciones iban dirigidas al conjunto del sistema financiero andorrano y qué otras a BPA en concreto. Y si hay un momento especial que se deja de apuntar al sistema para dirigir todos los cañones contra el banco ahora intervenido.
Fiñana podría confirmar o no la existencia de un documento sellado por la FinCEN el 6 de enero. Este documento, si estuviera (y todo parece indicar que está), sería al que se refirió, de forma implícita, el agregado económico de la embajada de Estados Unidos en Madrid, Anton Smith. ¿La FinCEN se ha interesado por cuestiones o casos relacionados con otras entidades bancarias del país? Ésta podría ser otra pregunta a formular.
Resultaría igual de interesante saber cuántos casos hay judicializados en la Batllia andorrana gracias al eficiente trabajo de la UIFAND y a qué bancos afectan. Se supone que Fiñana conocía con todo lujo de detalles los cuatro casos que la FinCEN estadounidense citaba en su nota del 10 de marzo. Pero no estaría de más saber qué pensaba de todo eso el director de la unidad de inteligencia ligada tanto al Ministerio de Finanzas como al Ministerio de Interior y si nunca había pensado que la sangre llegaría al río como finalmente llegó en marzo. ¿Tan grave era todo? ¿Se trataba de situaciones tan excepcionales? ¿A qué atribuye Fiñana la nota de la FinCEN?
¿Tiene la autoridad financiera algo pendiente contra los accionistas de BPA o contra el banco?
Se pueden hacer preguntas, y muchas. Por ejemplo, cuáles son los canales de comunicación entre la UIFAND y el Gobierno. O con el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF). Tampoco estaría del todo mal saber si el director del órgano gubernamental que debe combatir el blanqueo de dinero reconoce como auténticos los documentos con los que se avaló los mecanismos y las medidas adoptadas por BPA. Y se le podría preguntar por si tiene alguna animadversión contra este banco o algunos de sus accionistas. Incluso podría responder cómo es que ha adoptado un perfil tan bajo desde la aparición de la nota. La directora del INAF hizo una comparecencia pública y ella en persona se trasladó a Washington para mantener conversaciones con las autoridades americanas. La UIFAND estuvo, pero no con su director a la cabeza. Por cierto, ¿qué recomendaciones o instrucciones dio la FinCEN en aquel desplazamiento de técnicos de los supervisores andorranos a la capital estadounidense?
Y aún unas cuestiones más, en este caso relacionadas, al denominado caso Petróleo. Es decir, en la historia de los venezolanos que parece que fue uno de los desencadenantes de todo, ¿es cierto que Carlos Fiñana daba por hecho que el Estado podría quedarse los 180 millones de euros que inicialmente se bloquearon? ¿Basó su investigación en algunos elementos más que en informaciones encontradas por Internet? ¿Que la Batllia y el Tribunal de Corts acordaran liberar los fondos le llevó a explicar lo que no tenía que explicar? ¿Es consciente de la responsabilidad del cargo que ocupa y de las implicaciones que pueden tener algunas de sus formas de proceder? Seguro que hay muchos más interrogantes. Y no dudamos que los consejeros generales las tienen en el zurrón o en el sombrero y que este miércoles las pondrán, todas, todas, todas, encima de la mesa.
