La traca de Rigau

La primera vez que coincidí con la consejera de Educación, Irene Rigau, fue en La Nit a Rac1 el 31 de enero del 2014, el día que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó cinco autos obligando a cinco colegios a impartir, al menos, el 25% de las horas lectivas en castellano para el grupo-clase de cinco alumnos cuyos padres habían solicitado la presencia del castellano como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos.

El modelo solo es sostenible mientras persista entre buena parte de la ciudadanía de Cataluña esa confusión en torno a conceptos como “inmersión lingüística” o “lengua vehicular”

Aquel día salí de la radio preocupado por la inconsistencia de los argumentos de la máxima responsable de la enseñanza en Cataluña. Aunque, en su descargo, hay que reconocer que Rigau no tiene ningún incentivo para esforzarse en ser coherente. Por un lado porque se siente amparada por su gobierno, que ha dado sobradas muestras de que para ellos el cumplimiento de las leyes y de las sentencias judiciales no es obligatorio, por lo que, si las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) y del Supremo (TS) son letra muerta, los autos del TSJC solo pueden ser papel mojado. Por otro lado, también se entiende que la consejera no experimente ni la más mínima exigencia de coherencia, habida cuenta de la confusión generalizada sobre lo que significa el modelo de inmersión, su alcance y sus posibles alternativas. No en vano el modelo solo es sostenible mientras persista entre buena parte de la ciudadanía de Cataluña esa confusión en torno a conceptos como “inmersión lingüística” o “lengua vehicular”.

Esa confusión actúa como dique de contención del debate interno, pues permite a los nacionalistas lingüísticos de todos los partidos presentar como un ataque a Cataluña y al catalán cualquier intento de introducir el castellano como lengua docente. “O inmersión o segregación por razón de lengua”, ese es el planteamiento binario de los valedores de la inmersión. Ellos defienden la inmersión, luego quienes no la defendemos tenemos que ser necesariamente partidarios de la segregación de los alumnos por razón de lengua. Como si fuera materialmente imposible ser partidario de un modelo de conjunción lingüística en el que el castellano fuera también lengua vehicular, junto con el catalán. No importa que muchos de los que calificamos de injusta la inmersión obligatoria en catalán consideremos la lengua de Llull tan propia como la de Cervantes, ni que las cultivemos por igual, porque cuestionar la inmersión te convierte ipso facto en partidario de la desaparición del catalán, cuando no en un genocida lingüístico. De ahí que Rigau y compañía no tengan ningún interés en aclarar el embrollo que ellos mismos han creado deliberadamente, sino todo lo contrario.

De hecho, aquel día en Rac1 Rigau ni siquiera se esforzó en parecer coherente. En diez minutos escasos, dijo una cosa y la contraria sin inmutarse, hasta el punto de que no solo parecía no saber lo que dice el TC sobre la inmersión, sino que ni siquiera parecía saber lo que dice la propia LEC (Ley de Educación de Cataluña). Vaya, que o bien no sabe ni el abecé de su cargo, o bien actúa con retranca o de mala fe. Las incongruencias se sucedieron sin solución de continuidad. ¡Atención!:

Entró en antena mostrando su preocupación por el hecho de que el TSJC estuviese obligando a los directores de los colegios afectados por los citados autos a incumplir la LEC. Se entiende que ese insólito incumplimiento de la ley se produce en el momento en el que los centros introducen el castellano como lengua vehicular. A tal respecto, cabe decir que efectivamente la LEC establece con relativa claridad que la única lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña es el catalán, que ha de ser la lengua “normalmente empleada”, “excepto en el caso de las materias de lengua y literatura castellanas y de lengua extranjera”. Ergo, el castellano no es lengua vehicular, sino que su presencia se reduce a la asignatura de lengua y literatura. También es verdad que el redactado de la LEC resulta además de farragoso bastante abstruso, casi tanto como el de la ley de la que emana, el Estatut. Pero cuando el articulado de la LEC repite hasta la saciedad que el catalán es la única lengua vehicular de la enseñanza, y además establece como sola excepción a su uso en el aula “las materias de lengua y literatura castellanas y de lengua extranjera”, lo normal es interpretar que, ciertamente, introducir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña es incumplir la LEC. No obstante, poco parece importarle a Rigau, cuando asegura que el TSJC obliga a los directores de los centros a incumplir la LEC, el hecho de que la exclusión que consagra la LEC del castellano como lengua vehicular sea en la práctica inconstitucional, entre otras cosas porque el régimen lingüístico que prevé se fundamenta en lo que disponía al respecto el Estatut antes de pasar por el tamiz del Tribunal Constitucional (TC). En su sentencia sobre el Estatut, el TC establece que, “como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. Y concluye que “nada permite” que el castellano “no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza.”.

Escuchando a Rigau, Homs y compañía, cualquiera diría que los nacionalistas solo aspiran a ganar debates de vuelo gallináceo en los medios de comunicación, que se conforman con popularizar una mentira con el único fin de ganar seguidores y disfrutar del precario éxito hasta que se les descubra. Parece como si hicieran balance y llegaran a la conclusión de que vale la pena hacer el ridículo. Si no, no se explica la insistencia en falsedades como que el TC ha avalado alguna vez la inmersión obligatoria en catalán, y por tanto la exclusión del castellano como lengua docente; u otras como el supuesto límite del 4% a la solidaridad entre los Länder alemanes; la cita apócrifa del Tribunal de La Haya o la absurda teoría de la ampliación interna de la UE, según la cual Cataluña podría salir de España sin salir de la Unión Europea, teoría que algunos se resisten a abandonar, como si los Tratados, la Comisión Europea o las principales cancillerías de la Unión no existieran.

Ahora resulta que, según Rigau, la LEC no dice que el catalán sea la única lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, y que “normalmente no quiere decir exclusivamente”

En todo caso, Rigau puede estar tranquila. Los directores de los centros educativos no solo no quebrantarían la ley introduciendo el castellano como lengua vehicular, sino todo lo contrario: estarían observando su obligación constitucional (artículo 118 de la Constitución Española) de “cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.

Ahora bien, la apoteosis de la incoherencia de Rigau llegó al final de la entrevista en La Nit a Rac1. Era mi turno de pregunta:

-Buenas noches, señora Rigau.

-Buenas noches.

-Por lo visto es obvio que para el Gobierno de la Generalitat el problema es que el castellano se convierta en lengua vehicular en los colegios catalanes. ¿Para ustedes son suficientes dos horas de castellano a la semana?

Aquí viene la traca de Rigau:

-Yo solo tengo un objetivo, que es que el dominio final de las competencias lingüísticas sea el razonable, y a mí lo que me preocupa son aquellos resultados escolares, sean en catalán, castellano o inglés, en los que hay alumnos que no alcanzan el pleno dominio (sic). Y por tanto, yo lo que tengo que garantizar es ese dominio (…). La presencia del castellano como lengua de materia, cuando se hace la lengua, cuando se hace la literatura y, si hace falta, alguna materia más, pues ya le digo que hay un porcentaje de centros en Cataluña que lo hacen, y a mí eso no me representa ningún problema.

-Pero entonces, señora Rigau, tampoco deberíamos preocuparnos por ese supuesto incumplimiento de la ley en el que según usted estarían incurriendo esos cinco centros, porque según lo que usted dice ya hay “un porcentaje de centros” que estarían incumpliendo la LEC al utilizar el castellano como lengua vehicular.

-¿Quién lo ha dicho eso? ¿Quién dice que incumplen la LEC?

-Hombre, lo dice usted… Si la ley lo que dice es que el castellano no es lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, entiendo que ese “porcentaje de centros” que según usted ya utilizan el castellano como vehicular están incumpliendo la LEC tanto como lo harían los cinco centros afectados por los autos del TSJC impartiendo en castellano el 25% de las horas lectivas.

-¡La LEC no dice eso!

-La LEC dice que el castellano no es lengua vehicular, que la única lengua vehicular es el catalán. ¿No es así?

-¡No, no, no! ¡No, señor! ¡La LEC no dice eso! El artículo que regula el régimen lingüístico del sistema educativo dice que el catalán es “la lengua normalmente empleada”, pero normalmente no quiere decir exclusivamente.

-¡Ah! Pero entonces, ¿dónde está el problema, señora consejera? ¿Por qué no se cumplen las resoluciones judiciales?

Ahora resulta que, según Rigau, la LEC no dice que el catalán sea la única lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, y que “normalmente no quiere decir exclusivamente”. ¡Quién sabe! En todo caso eso es, al menos potencialmente, lo que dicen las sentencias del TC y del TS y los autos del TSJC, que la enseñanza en Cataluña no puede ser exclusivamente en catalán. A ver si ahora va a resultar que la LEC también atenta contra la convivencia lingüística y la cohesión social. Es lo que tiene actuar y legislar con “astucia” -por decirlo en palabras de Mas-, esto es, despreciando el Estado de derecho y tratando de sortear la legalidad con equívocos y ardides. Al final ni ellos saben lo que dicen.