El alquiler en Barcelona: un problema a resolver
Entre 18 y 20 familias sufren a diario en Barcelona órdenes de desahucio por impago de alquiler. Teniendo en cuenta que el 90% de los desahucios en la Ciudad Condal son actualmente por este motivo, conocer que el “Consorci del habitatge de Barcelona” gestionó sólo 180 mediaciones tramitadas a ciudadanos con dificultades de pago del alquiler (que quisieron negociar en el 2014) y que de 198 solicitudes de vivienda por emergencia social se adjudicaron 124, no parece una significativa solución a un problema que afecta cada día.
Ese descomunal incremento de desahucios por impago del alquiler, requiere de soluciones a corto plazo que ayuden a paliar la dramática realidad de tantas familias
Barcelona se ha consolidado como la ciudad española más cara (12,5 euros/m2) en vivienda de alquiler. Ha aumentado un 7,4% y la elección del alquiler como vivienda ha pasado con creces a ser la primera opción actualmente por necesidad, por precariedad o por cambio social. Lo cierto es que estamos ante un cambio de modelo y un previsible y acuciante problema in crescendo, dadas las actuales circunstancias.
Actualmente no sólo son estudiantes y personas jóvenes las que optan por el alquiler. Hablamos de familias que han sido desahuciadas de su vivienda hipotecada, de personas mayores con precarias jubilaciones, de propietarios que han puesto su vivienda en alquiler y han optado por irse a su vez de alquiler… La variedad y casuística se incrementa exponencialmente. Tanto, como sus dificultades para hacer frente a unos precios cada vez más inaccesibles.
Ese descomunal incremento de desahucios por impago del alquiler, requiere de soluciones a corto plazo que ayuden a paliar la dramática realidad de tantas familias.
Requiere de un parque tangible inmediato de alquiler social, que no pasa por la vanagloriada construcción de 500 viviendas que prevé el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, el Consistorio ha resaltado que cuenta con 28 solares públicos con un potencial de 2.067 viviendas. Sin embargo, de momento, opta por volver a rescatar a la constructora del Consell Comarcal: Regesa. Ya se han gastado 28 millones y todo para, una vez más, adquirir a la promotora 56 viviendas a precio de mercado, ante su incapacidad para concluir su construcción o comercializarlas.
Es obvio que necesitamos cambios de políticas públicas, que abandonen esas prácticas clientelistas que destinan recursos a tapar agujeros. Muchas entidades o empresas públicas se han convertido en pozos sin fondo que se crearon para ser una solución y son un problema.
Y no menos importante. Se deben eliminar políticas públicas de vivienda y suelo implementadas, que favorecieron la construcción de viviendas como un producto del que beneficiarse, olvidando que también son un bien de primera necesidad. Lamentablemente, estas prácticas se repiten y reinciden en la ciudad de Barcelona, perpetuando un modelo peligrosamente conocido en el que la especulación y el beneficio económico se prima con el objetivo de reclamar capitales e inversiones a cualquier precio. Ahora con el alquiler.
