Que trata de España. Respuesta a Coll

Hace unas semanas, Joaquim Coll publicaba en este mismo diario una interesante contribución ('Federar España', 28 de febrero) al debate sobre la organización territorial y el desafío secesionista. En ella, Coll defendía la conveniencia de una reforma constitucional federal y replicaba a las tres grandes objeciones o sospechas que, desde posiciones políticas distintas e incluso diametralmente opuestas, reciben los que, como él, se definen explícitamente federalistas: la sospecha de inanidad (¿qué traería el federalismo que no esté ya en un régimen autonómico como el actual?), la de inutilidad (ningún nacionalista va a dejar de serlo gracias a una reforma federal) y la de imposibilidad (eso ya se intentó con el Estatuto -aducen los nacionalistas-, y su fracaso demuestra que no funciona). Tres objeciones dispares, unidas por el común escepticismo ante la deliberada ambigüedad de los responsables políticos que han hecho del "federalismo" su estandarte.

Las réplicas de Coll

Coll responde a estas tres sospechas metódicamente, una por una. Sus réplicas resultan consistentes cuando se examinan por separado, pero su compatibilidad resulta más problemática cuando se consideran en conjunto. En parte, probablemente, porque con ellas el autor pretende vender un mismo producto -la reforma constitucional federal- a sectores políticos y sociales que no sólo no quieren lo mismo, sino que en ocasiones quieren lo contrario; los argumentos que valen para una objeción se vuelven entonces contra los que se emplean para otra, y la coherencia global se resiente. El resultado es una posición a veces confusa y por momentos desdibujada, que no está exenta de contradicciones.

Es cierto que, aunque dotado de "textura federal", el Estado autonómico español carece de algunos elementos de "cierre", tal y como afirma Coll al abordar la primera objeción. Pero una cosa es "cerrar" el sistema autonómico (dotándolo, por ejemplo, de un Senado que permita asociar a las autonomías a las políticas nacionales; clarificando el catálogo competencial o profundizando en instituciones de coordinación y cooperación entre Administraciones), y otra cosa es "cambiar el modelo territorial" tal y como pretendieron -de forma fraudulenta- los ideólogos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán. El matiz es relevante, porque mientras el "cierre" federal autonómico pasa por introducir elementos de racionalidad, coordinación y cooperación entre Administraciones, es decir, por fortalecer los vínculos y avanzar hacia un Estado más operativo; resulta mucho más enigmática e imprecisa la pretensión de "cambiar el modelo territorial español", sin que la referencia a la reforma estatutaria catalana contribuya en exceso a disipar dudas. Sobre todo, porque la vía entonces ensayada (de la que, en gran parte, el actual desafío secesionista es la continuación por otros medios) consistía exactamente en lo contrario, esto es, en convertir ese Estado en "residual en Cataluña", según gráfica expresión de Pasqual Maragall. No parece casual que esta doble retórica del "federalismo de cierre" y el "federalismo de cambio de modelo" se repita entre los principales promotores del federalismo, como si de un reparto de papeles se tratara: mientras los líderes nacionales del PSOE hacen hincapié en lo primero, los dirigentes del PSC, partido central en la gestación del nuevo Estatuto, parecen hablar exclusivamente de lo segundo. Si la propuesta federal que se propone pretende a la vez satisfacer ambos propósitos, el escepticismo que despierta a día de hoy está más que justificado.

Resulta igualmente llamativa la discordancia entre el diagnóstico que hace Coll sobre el Estado autonómico, que señala con acierto la falta de cultura política federal y la ausencia de "cooperación [y] lealtad institucional" entre los distintos agentes políticos; y su remedio, que consiste, según apunta desde la primera línea del artículo, en modificar la Constitución. La Constitución constituye el esqueleto de un sistema político e institucional, pero no determina mecánicamente la cultura política subyacente; más bien es un subproducto de ésta. No basta, por tanto, decretar en una Constitución ni la cooperación ni la lealtad institucional para que éstas se materialicen; al contrario, su obstinada ausencia puede paralizar, o al menos someter a enormes tensiones internas (como las que estamos viviendo ahora) cualquier diseño de Estado complejo, autonómico o federal, que pueda plasmarse en una Carta Magna. Y si la falta de lealtad entre instituciones y de cultura política federal ha lastrado el funcionamiento del Estado autonómico, ¿por qué una Constitución de corte explícitamente federal iba a escapar al mismo problema?

Federalismo, lo instrumental y lo sustantivo

Estas reservas no descalifican, a priori, el proyecto federal, que sigue constituyendo un modelo válido -no el único- para la gestión de la convivencia en sociedades complejas como la española. Pero sí obligan a realizar un esfuerzo de clarificación y a revisar la secuencia que se propone: cuando lo que se discute no es el tipo de convivencia sino el mero hecho de la convivencia en sí, las reformas constitucionales (y más en general, los debates de diseño institucional) no pueden ser el punto de partida del federalismo; en todo caso deberían ser su culminación. Antes de plantear un delicado proceso de modificación de la Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, cabría detenerse en los prerrequisitos del federalismo, que operan a un nivel más político y social que jurídico o institucional.

Cabría plantearse, por ejemplo, cómo puede desplegarse y qué credibilidad tiene un federalismo promovido por agentes políticos incapaces de asumir internamente la lógica federal, es decir, incapaces de (o renuentes a) articular un proyecto político a la vez nacional y local, una visión de conjunto que esté presente en todas las partes y que vaya más allá de su simple yuxtaposición. No se trata de que "no haya federalistas en España", como observan quejumbrosos unos nacionalistas que, en todo caso, serían sus primeros adversarios; es que las fuerzas políticas que se dicen federalistas no saben, no quieren o no pueden organizarse de una manera propiamente federal, prisioneras de unas inercias históricas que tienen poco de federales y mucho de centrífugas. La familia política que ha hecho últimamente bandera de la reforma constitucional federal, la de los socialistas, ha renunciado explícitamente a ello: el PSOE, que abraza en teoría la idea de una "España federal", prefiere estar ausente y desentenderse, como partido, de una autonomía en la que reside casi el 20% de los españoles. Su partido "asociado" en Cataluña, el PSC (PSC-PSOE), hace mucho tiempo que practica, en el mejor de los casos, una suerte de federalismo clandestino y vergonzante: opera en clave exclusivamente localista ("somos antes catalanes que socialistas", decía hace ya años un alto dirigente del partido) y hace todos los esfuerzos por silenciar su participación y minimizar su compromiso, en caso de haberlo, con un proyecto político nacional, para toda España.

Más allá de los prejuicios históricos e ideológicos que puedan pesar en España sobre la noción de federalismo, son estas paradojas, bien presentes y bien reales, las que explican buena parte de las suspicacias que la retórica federal, y sobre todo sus adalides políticos, despiertan entre amplios sectores de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. Para que el federalismo pueda ser asociado eficazmente en España con la "unión en la diversidad" y no con la disgregación, es necesario que exista un proyecto cívico y político nacional, para todos los españoles, del cual el federalismo pueda ser la traducción institucional. Es necesario que exista un horizonte político y social ambicioso e integrador, que no sólo se centre en definir "cómo" organizar el entramado de Administraciones, sino también en "por qué" y "para qué" mantener y reforzar los vínculos comunes; que no se agote en los laberintos y los mecanismos institucionales para "seguir juntos", sino en los motivos por los que la unión cívica y federal es preferible y superior a los proyectos adversarios. Sin una visión clara y políticamente estructurada de la sociedad que queremos, y de las razones por las que esta sociedad necesita o es más factible en una España unida de ciudadanos libres, el federalismo se convierte en una simple técnica institucional para iniciados, incapaz de movilizar a la ciudadanía. Peor aún: en esas condiciones, cualquier dinámica federalizante corre el riesgo de ser secuestrada (como lo ha sido, en buena medida, la dinámica autonómica) por las pulsiones centrífugas, que están apoyadas -ellas sí- por propuestas políticas identitarias excluyentes, populistas, pero que tienen la capacidad de dirigirse directamente a la ciudadanía. Así ocurre, por cierto, no sólo en España, sino también en Bélgica, país en que la ausencia de un proyecto nacional o federal sustantivo, para el conjunto de los belgas, ha convertido al nacionalismo flamenco en motor y guía de la federalización, con la deriva conocida.

No es sólo, como acertadamente observa Coll, que el secesionismo tenga un "componente emocional y épico" que lo hace atractivo. Es que, además, refleja un modelo de sociedad homogénea, autárquica, autosuficiente y armónica que se puede compartir o no (y de cuya viabilidad se pueden tener serias dudas), pero que por lo menos resulta reconocible, y que no se agota en una fría estructura institucional ni legal. Un "projecte de país", por emplear la manoseada pero muy eficaz terminología nacionalista, que en el caso secesionista se restringe obviamente a Cataluña. En esto, el independentismo no tiene y no tendrá adversario en el discurso federalista, al menos mientras los partidarios de este último sigan haciendo de la reforma constitucional el alfa y el omega de su propuesta. Mientras no se atrevan a construir, también, un verdadero proyecto de país para todos y con todos, hasta el Ebro y más allá.

Unión cívica frente a exclusión identitaria

Coll parece compartir, al menos en parte, esta apreciación: su propio artículo acaba incidiendo en ello cuando en su último párrafo afirma, de forma un poco incongruente con el resto del texto, que "más que el federalismo como técnica organizativa del Estado [que sin embargo es el único accesible a través de una reforma constitucional], a los federalistas lo que nos interesa es la federación, que es el deseo de querer seguir compartiendo un proyecto en común". Esta frase conclusiva reconcilia, casi por sí sola, el cuerpo del artículo con su ambicioso título, Federar España. Pero eso es lo que tenemos pendiente los catalanes que, con Coll, creemos que la unión cívica y la convivencia de todos los españoles en un mismo cuerpo político, ampliable y no fragmentable, es un valor superior a su separación: contribuir a federar, actualizar y defender ese "proyecto común", o más bien esos proyectos comunes, que queremos seguir compartiendo con otros españoles. Proyectos que tratan de España: la España que queremos, y lo que queremos y lo que podemos conseguir, con ella y a través de ella, en nuestras vidas cotidianas, en Europa y en el concierto internacional, como sociedad organizada.

No se trata de inventar nada que no haya existido ya. Recordamos estos días a Adolfo Suárez, que encarnó con habilidad y coraje uno de esos proyectos cívicos nacionales que movilizan a la ciudadanía y dan impulso a la convivencia: la construcción de una España por fin democrática, reconciliada consigo misma y vuelta hacia el futuro. Históricamente, la izquierda también ha sabido generar horizontes de convivencia y progreso capaces de ilusionar a los españoles, cuando las inercias heredadas han dado señales de agotamiento: el tristemente truncado ideal regeneracionista y modernizador de la República laica y democrática, que en su momento representó Manuel Azaña; y la ambición por incorporarnos a Europa en lo institucional, pero sobre todo en lo democrático y en lo social, que lideró Felipe González, son buenos ejemplos de esa capacidad para construir futuros compartidos. Ninguno de ellos es directamente trasladable ni mecánicamente repetible ahora, fuera de la situación histórica en que cobraron forma y sentido (algo que demostró, en cierto sentido, la evanescencia del revival republicano y europeísta naïf que intentó Zapatero). Pero ambos pudieron ser vectores de vertebración del país porque se dirigieron directamente a todos los españoles con la vocación de federarlos, y no (sólo) a unas u otras élites con la pretensión de negociar el apoyo de sus respectivas esferas de influencia social. Porque armaron un horizonte complejo y diverso para España -es decir, para los españoles-; rico en referentes, pero coherente y reconocible en su conjunto; sustantivo, y no sólo jurídico o institucional.