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Ya está en vigor la ley contra el desperdicio alimentario: multas de hasta 500.000 euros para quienes la incumplan

La nueva ley gestiona el manejo de la comida sobrante en restaurantes y otros negocios además de imponer sanciones por incumplimiento

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El desperdicio alimentario es uno de los grandes problemas a los que nos afrontamos.

No se produce de manera exclusiva en los hogares de los ciudadanos, sino que también en locales y comercios del sector terciario.

Reducir el desperdicio alimentario

Por ello, el Gobierno de España busca formas de reducir el desperdicio de alimentos para aprovecharlos de una manera más eficiente.

Por consiguiente, España ya aplica la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Multas de hasta 500.000 euros

La norma busca reducir la cantidad de comida que termina en la basura e introduce un régimen sancionador con multas de hasta 500.000 euros para los incumplimientos de mayor gravedad.

En el artículo 21 de la ley figuran las cantidades monetarias que guiarán las sanciones. Las infracciones muy graves pueden castigarse con multas de entre 60.001 y 500.000 euros, las graves entre 2.001 y 60.000 euros y las leves pueden conllevar una multa de hasta 2.000 euros.

"¿Se lo pongo para llevar?"

La norma tiene el objetivo de evitar que los alimentos terminen desechados en cualquier punto de la cadena alimentaria, desde la producción y distribución hasta el consumo final.

La medida más clara y directa para los consumidores será que si sobra comida en el plato, el establecimiento deberá exponer la posibilidad de llevársela y facilitar el envase de manera gratuita. Con una simple pregunta: "¿Se lo pongo para llevar?", se puede recortar en gran medida la cantidad de comida que acaba en la basura.

Qué hacer antes de desechar

Con los excedentes de cocina se priorizará que los aproveche el personal del propio comercio. En segundo lugar, lo sobrante podrá ser destinado a entidades sociales. Y en último término, se podrá venderlos a precios reducidos o a reutilizarlos mediante canales autorizados.

La ley no da atención de modo exclusivo a la sanción, sino que le da mucha importancia a la prevención y cambios de hábitos de consumo a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Informar al cliente

La intención es que la comida que sea apta para el consumo no termine siendo un residuo si existe la posibilidad de que todavía tenga un uso útil. Sea de forma directa para el establecimiento, para fines sociales o mediante otros canales de aprovechamiento autorizados.

En el caso concreto de la hostelería, una de las novedades más notorias es la obligación de informar al cliente de la posibilidad de llevarse la comida que no haya consumido.

Marco legal definido

Este gesto que muchos clientes ya han vivido en varios restaurantes, de forma voluntaria, ha pasado a un marco legal más claro.

Tiene como finalidad que esta práctica se normalice y que contribuya a la reducción del volumen de alimentos desperdiciados al final del servicio.

Envases sostenibles

La norma también pone atención al tipo de envase con el que el consumidor pueda llevarse la comida sobrante. El objetivo es que los recipientes no solo sean aptos para el uso alimentario, sino que preferentemente también sean reutilizables o de fácil reciclado.

De esta manera, la reducción del desperdicio alimentario estará también conectado con criterios de sostenibilidad, ya que procura la menor generación de residuos posible.

Obligaciones concretas

A pesar de que el cambio afecta de forma directa a restaurantes y negocios del sector de la restauración, la ley alcanza diferentes puntos y operadores de la cadena alimentaria.

Por ello la nueva regulación no se limita a tan solo proveer recomendaciones de buenas prácticas, sino que introduce obligaciones concretas y consecuencias económicas relevantes para aquellos que no las cumplan y sigan.

Responsabilidad y reorganización

La nueva regulación, por lo tanto, convierte la lucha contra el desperdicio alimentario en una cuestión de responsabilidad legal, económica y social.

La meta de la ley no se centra en exclusiva a tirar menos comida, sino en reorganizar la gestión de los alimentos y asegurar que que se conviertan en residuos sea la última opción.