El Govern entierra su ley de ciencia en pleno reto tecnológico pos-Covid

En septiembre de 2019, el Govern aprobó la memoria del anteproyecto de la ley de la ciencia de Cataluña. Pero nunca más se supo. Quince meses después, y con la legislatura a punto de concluir, nada se sabe de esa norma que estaba llamada a reordenar el sistema catalán de I+D+i, dotarlo de una suficiente financiación y garantizar la estabilidad laboral de los investigadores.

El objetivo, según la Generalitat, era reconocer la importancia de la innovación como garantía de competitividad y progreso, que es precisamente la filosofía que subyace en los fondos europeos de reconstrucción –Next Generation EU--, donde se priman los proyectos relacionados con las nuevas tecnologías y su transferencia al tejido industrial para tener más resiliencia ante la situación pandémica.

Evolución de la inversión en ciencia en Cataluña respecto al PIB

La ley de ciencia debía poner fin a un estancamiento en la inversión en este terreno, que en Cataluña alcanza el 1,5% del PIB, el mismo porcentaje que en 2009, cuando la UE considera que se debería llegar a un 2%. Una cifra que está lejos de la inversión alemana, aunque se sitúa por encima de la española. Cataluña, aseguran los expertos, es excelente en su talento científico, pero deficiente en cómo se inyecta el conocimiento en el mundo de la industria.

La Generalitat sí que avanzó, durante el mandato de la exconsejera de Empresa Àngels Chacón, en el Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento, que en junio pasado aprobó un documento en el que participaron 78 representantes de las universidades, los centros de investigación, los estudiantes, los sindicatos, el mundo empresarial, el ámbito territorial y todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña. Ese plan establece que, en una primera fase, hasta el 2024, se alcance un gasto global total en I+D+i del 2,12% del PIB catalán, y un incremento del porcentaje de ocupación y producción basada en el conocimiento.

Bloqueo gubernamental

La parálisis gubernamental, derivada de la pugna entre Junts per Catalunya y ERC, así como el final de la legislatura, también mantiene bloqueado un pacto bien visto por la comunidad científica, temerosa, no obstante, de que se repitieran los errores del Pacto Nacional por la Industria, que no se ha llegado a implementar y que finaliza este año.

También se ha avanzado, aunque con un retraso notable, en solucionar la precariedad laboral de los investigadores catalanes, que, no obstante, han estado al pie del cañón durante la pandemia. Hace dos semanas, y después de seis años de lucha, se desencallaron las negociaciones entre sindicatos, patronal y el Departamento de Trabajo para redactar un convenio laboral que ponga fin a la precariedad del sector.

Contratos temporales durante 15 años

En Cataluña hay 40.000 investigadores, de los que 10.000 trabajan en el sector de la biomedicina. Están sujetos al Estatuto de los Trabajadores y ello provoca diferencias salariales abismales, de forma que un profesional puede cobrar el triple que otro por la misma labor. Tal como publicó Crónica Global, el 80% de los investigadores catalanes tiene un contrato temporal y muchos de ellos llevan 15 años en esa situación, a la que el Parlament intentó poner fin en 2016 con la aprobación por unanimidad de una resolución sobre la creación de un marco de negociación para la elaboración de un convenio sectorial.

El pasado jueves, el PSC acogió el acto Los retos de la ciencia en el siglo XXI moderado por la diputada del Parlament Alícia Romero, al que asistieron el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Durante el mismo, se ofrecieron algunos datos destacados. Barcelona es la octava ciudad de Europa en producción científica, según el Nature Index, sin embargo, los gobiernos catalanes no han aumentado la inversión pública. "La situación es mejor de lo que podemos pensar si tenemos en cuenta las condiciones en que trabaja la gente. El objetivo es la estabilización de sistema. Los fondos nos darán un empujón, pero hay que seguir aumentando el gasto", explicó Duque, quien recordó que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan un aumento de la inversión en ciencia del 60%.

El papel de Andreu Mas-Colell

En la sesión, la catedrática de Biología Celular Pura Muñoz recordó "la ilusión con la que hace 20 años se crearon los fundamentos de la ciencia en Cataluña". Reconoció el papel fundamental del exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y su "apuesta clave por la ciencia. Después, el tripartito no paró ninguna de las iniciativas. Los políticos escucharon a los científicos".

Muñoz es investigadora de ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), "pieza clave de la transformación de Cataluña. Se crearon 20 centros de excelencia en el mundo. Pero hace 10 años que está parado, vivimos de rentas, es una pena. El faro del sur de Europa era Barcelona. Se debe reimpulsar la ciencia en general y la excelencia en particular", asegura Muñoz.

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Para Antoni Trujillo, catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director Centro de Tecnología de los Alimentos, es necesario "mejorar los ingresos de capital en el conocimiento, llegar al 3% del PIB. Vivimos una época bastante mala. Hay 20.000 millones que se han dejado de invertir en ciencia; se nota, estamos bajando. Esperemos que con el empuje que viene de Europa podamos mejorar. Necesitaremos una buena organización para ello, el reto es gestionarlo bien y que revierta en la sociedad".

El ministro de Ciencia, Pedro Duque, durante el acto

De ahí que, en su programa electoral, el PSC defienda dotar de más recursos a las políticas de investigación para llegar al 2% del PIB en inversión pública (que incluyendo la inversión privada debería contribuir a lograr el 3% del PIB), así como la aprobación de una ley de ciencia que permita generar un marco jurídico estable y compacto. Iceta explicó que, en la última década en Cataluña, las universidades han recibido un 20% menos de financiación. Actualmente, señaló el dirigente socialista, se aportan 800 millones anuales a las universidades públicas, cifra que debería alcanzar los 1.500 millones entre 2021 y 2024.

Los socialistas proponen un plan de apoyo para aumentar la financiación de las inversiones en las universidades públicas catalanas, revirtiendo los recortes para acercar el gasto a los estándares europeos. Asimismo, el PSC aboga por un plan de estabilización y promoción del personal docente e investigador que combata la precariedad laboral y la pérdida de capital humano.