Tres arquitectos de la Generalitat, imputados por prevaricación

Tres arquitectos de diferentes servicios de urbanismo de la Generalitat de Cataluña han sido citados en calidad de investigados por presunta prevaricación. El trío de técnicos, que desempeñaba funciones de planificación en la estructura del Govern hasta 2014, ha sido imputado en el marco del escándalo Marina Besós, en el que se investiga la presunta reconversión irregular de las piscinas de Sant Adrià (Barcelona) en la discoteca Atlántida.

Según una providencia firmada por el titular de la sala de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), que instruye el sumario, deberán declarar en calidad de investigados --nueva condición de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --LECrim--) Antoni Tobella Roca, Cristina Garcia Perera y Esther Nebot Hernández. El primero es exjefe del servicio territorial de Urbanismo de la comarca del Barcelonès. Parera es exletrada de la dirección general de Urbanismo, mientras que a Nebot se la investiga por su labor en los servicios territoriales del área metropolitana de Barcelona en el 2009. Los tres puestos pendían del Departamento catalán de Territorio, ahora pilotado por Damià Calvet (PDeCAT) y, en el momento de los hechos, capitaneado por Joaquim Nadal, ex del PSC.

Un 'pelotazo' en las piscinas de Sant Adrià

El trío de técnicos, hoy en distintas posiciones profesionales, ha sido citado en calidad de investigado tras pedirlo la fiscalía. El ministerio público quiere saber por qué los tres avalaron la transformación de las antiguas piscinas de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) en una macrodiscoteca y, lo que es más, por qué esta conversión se hizo sin permiso. Tobella y Garcia habrían participado en comisiones territoriales de Urbanismo que avalaron el cambio de usos. Por su parte, Nebot habría redactado una ponencia técnica que también, cree la fiscalía, habría dotado de armazón jurídico la transformación.

En la misma interlocutoria, a la que ha tenido acceso este medio, el juez pide también la declaración como imputado por el mismo tipo penal del concejal delegado del área de territorio, el ahora alcalde Joan Callau (PSC), por adjudicar dos quioscos de bebidas en la playa de Sant Adrià. Asimismo, acepta el juez que la Policía Nacional recabe pruebas documentales sobre los contratos de compraventa de dos pisos por parte de los hijos del exalcalde del municipio, José María Canga. Se trata de dos propiedades sitas en la calle Anna Frank, en el barrio de La Mina.

¿Qué es el caso 'Marina Besós'?

La resolución del juzgado de Badalona corresponde a una pieza separada del caso Marina Besós. Las pesquisas se centran en la reconversión de las antiguas piscinas de Sant Adrià en una macrodiscoteca que operaba bajo la etiqueta de Atlántida, un antiguo club nocturno con sede en Sitges (Barcelona) que era propiedad del magnate de la noche Martín Ferrer, a la sazón exfundador de la sala de fiestas ibicenca Amnesia. La investigación, que se declaró causa compleja en 2017, suma ya varias piezas y una docena de investigados, entre los que se cuentan Canga y Callau, amén del gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès (CCB), Jaume Vendrell, y la secretaria, Marta Gibert.

Sobre la mesa está el subarrendamiento ilegal que hacía, supuestamente, el ente supramunicipal de las piscinas aprovechando la doble posición de Canga como alcalde y presidente del Consejo. Dicha cesión, vehiculada mediante un empresario, terminó abruptamente en 2012, cuando la instalación fue entregada unilateralmente a una mercantil vinculada a Ferrer. Tras la cesión al empresario de la noche, Grupo Amnesia operó la discoteca ilegal hasta 2014, cuando cerró impagando facturas y dejando el terreno en estado de abandono. El actual alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, ha asegurado en varias ocasiones que su investigación por varios cargos carece de fundamento.