El gerente y la secretaria del Consell Comarcal del Barcelonés, imputados

Primero fue el ex alcalde socialista de Sant Adriá, Jesús Canga, y ahora le ha tocado el turno al gerente del Consell Comarcal del Barcelonés, Jaume Vendrell y la secretaria general, Marta Gibert.

El juez les acusa de cohecho y prevaricación por haber permitido la concesión supuestamente irregular de las licencias para la instalación de un centro lúdico en las piscinas de Sant Adrià. Ambos también están citados a declarar el día 5 de octubre ante el juzgado de instrucción numero 2 de Badalona.

Los subcontratistas denuncian

Los hechos se remontan a 2008. Según la querella presentada por unos particulares, el entonces alcalde, valiéndose del decreto de sequía del 2008 que propició la suspensión de las actividades acuáticas de la instalación deportiva, concedió al empresario Emilio Fernández el contrato para la instalación de un complejo lúdico en los terrenos de esa zona deportiva.

Según la querella, a la que ha tenido acceso Crónica Global, aquella concesión fue una “otorgación a medida”. En 2009, el llamado decreto de sequía se suprimió pero, sin embargo, el alcalde renovó la concesión de la explotación a la empresa Gimesports, de Emilio Fernández que, a su vez, subcontrataba a otras sociedades la explotación del los bares y salas de copas instaladas lados en la zona.

El alcalde ofrece terrenos que no son suyos

La querella enumera numerosas irregularidades en la actuación del alcalde. Una de ellas se refiere a la poco trasparente concesión de las licencias lúdicas sobre unos terrenos que, en realidad, no eran propiedad municipal sino del Consell Comarcal. Según la denuncia, los responsables del órgano municipal miraron para otro lado.

Según la querella, el Consell Comarcal trató de acallar a los denunciantes y la imputada, Marta Gibert, habría incluso ofrecido un pago en dinero negro para desactivar la investigación penal.

Cambio de beneficioario

Las distintas sociedades controladas por Fernández continuaron con la explotación del negocio hasta el año 2012 momento en que el Ayuntamiento de Sant Adrià, para sorpresa de todos, se sacó de la manga un decreto que anulaba dicha concesión y la otorgaba a un importante holding empresarial (propietario de la sala Atlantida de Sitges y Amnesia de Ibiza), para su explotación.

Las empresas subcontratadas son las damnificadas por la gestión poco trasparente y nada ortodoxa del anterior equipo de gobierno municipal. El juez ha iniciado esta indagación al objeto de saber si, al margen de posibles irregularidades administrativas, Canga habría recibido algún tipo de compensación por la concesión de las controvertidas licencias. En concreto, se investiga si algún familiar del ex alcalde habría recibido, en compensación, pisos que les habría regalado el empresario Emilio Fernández.