El exalcalde de Sant Adrià Jesús Canga, imputado por el juez, con una imagen de la discoteca Atlantida Beach Club de fondo / CG
Caso Marina Besós: el juez se pone en serio a investigar
El magistrado de Badalona que instruye este presunto caso de corrupción urbanística en Sant Adrià recurre a la Generalitat para saber si hubo tráfico de influencias
5 junio, 2017 00:00La investigación del caso Marina Besós ha cogido por fin velocidad de crucero: el juez de Badalona que investiga las supuestas irregularidades en la concesión de los permisos y licencias de explotación de un centro lúdico en Sant Adrià (en la zona conocida como Marina Besòs), ha oficiado a la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat a fin y efecto de que “designe un experto en arquitectura para determinar si la instalación de esa carpa (donde se ubicó la controvertida discoteca), ya había agotado el 5% edificable permitido en la zona”.
Perito de la Generalitat
El juez pide a se perito que dictamine si las obras de construcción del complejo en Marina Besòs y su ulterior explotación “vulneran la normativa urbanística municipal”.
El juez también ha requerido información al Consell Comarcal del Barcelonés al respecto de la actividad de la controvertida discoteca y a la policía local de Sant Adrià para que especifique el número y contenido de las quejas vecinales provocadas por los supuestos excesos en el funcionamiento de la instalación lúdica.
Dos alcaldes imputados
Recordemos que por esta causa está imputado el alcalde de Sant Adrià Joan Callau y también Jesús Canga, quien fue alcalde en el momento en que se produjeron los hechos (2008-2013). Ahora, y tras los últimos informes policiales incorporados en la causa, el juez ha ampliado la condición de imputado a quien fuera secretario municipal, Josep Reverendo, al concejal de servicios técnicos, Ricardo Silvestre, de los técnicos municipales Enric Padrós y José Leal y de los directivos de las empresas que gestionaron el centro lúdico que, durante esos años, funcionó sin permiso en Sant Adrià.
Tal y como adelantó Crónica Global, el fiscal que investiga el caso bajo la instrucción del juez número dos de Badalona considera que, “la instalación de la carpa (Carpes Goha Beach Club) en la zona conocida como Marina-Besos, precisaba de la obtención del permiso medioambiental y la de licencia urbanística y, además, precisaba del cambio de usos que pensaba desarrollarse en esa finca objeto de autos, siendo de destacar que la actividad de discoteca era incompatible con aquellos terrenos de titularidad pública”.
