Sandra Guaita
Sandra Guaita, alcaldesa de Reus, se enfrenta a una de las peores crisis de su mandato. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula FuneCamp, la funeraria pública impulsada por cuatro ayuntamientos tarraconenses, coloca a la regidora en el ojo del huracán.
La justicia no solo ha tumbado los acuerdos de pleno que permitieron la creación de esta iniciativa, sino que además ha condenado a las administraciones locales a asumir las costas del procedimiento. Un revés que refleja, en buena medida, la improvisación y la falta de previsión política de Guaita.
FuneCamp nació con un propósito ambicioso: competir con el sector privado ofreciendo servicios funerarios más económicos. Sin embargo, la iniciativa ha tropezado con la realidad del mercado y la legislación vigente. Las empresas privadas denunciaron competencia desleal, argumentando que la funeraria pública operaba financiada por impuestos ciudadanos, alterando de manera irregular la libre competencia.
Los tribunales han dado la razón a estas compañías, dejando en evidencia que Guaita y su equipo se excedieron de sus competencias municipales. La alcaldesa de Reus parece haber confundido el servicio público con la intervención directa.
El fiasco de FuneCamp se agrava por la gestión interna. Desde el inicio, la funeraria ha estado marcada por conflictos laborales y decisiones polémicas, como la contratación de la pareja del gerente sin concurso público. El descontento de la plantilla y las intervenciones de UGT para detener el proyecto muestran una administración incapaz de controlar su propia iniciativa.
Además, la promesa de servicios baratos —entierros cercanos a 1.800 euros— se ha diluido hasta situarse en 2.700 euros, alineándose con el mercado, y dejando a la alcaldesa sin excusa frente a la crítica pública.
