Cristina Alarcón
En política municipal, los gestos pequeños suelen delatar problemas grandes. La gratificación de 4.000 euros al gerente urbanístico de Salt de la que da cuenta este medio contrasta con el informe desfavorable emitido por el Ministerio de Transportes.
La alcaldesa Cristina Alarcón ha justificado la recompensa económica al remitirse a los objetivos contemplados en el contrato y al visto bueno del área de recursos humanos del consistorio.
Una respuesta correcta en lo formal, pero insuficiente en lo político. Porque cuando el Gobierno tumbó el planeamiento y obligó a rehacer cálculos clave, la pregunta no era si el procedimiento de la gratificación era legal, sino si el criterio era oportuno.
El reto que hereda Alarcón es mayúsculo y a su Ejecutivo no le va a valer embobarse con los plazos. Los calendarios son ajustados, con informes que tensan el calendario y una creciente inquietud entre profesionales sanitarios, que califican de “poco realista” la apertura del hospital en 2031.
La alcaldesa sostiene que se trata de una discrepancia técnica y que el mismo equipo rehace ahora los cálculos con apoyo de la Generalitat. Pero incluso si el trámite se encarrila, la sensación de fondo persiste: que el Ayuntamiento de Salt debe demostrar que está a la altura del proyecto sanitario más importante en Cataluña en los próximos años.
La ciudadanía espera algo más que el cumplimiento mecánico de objetivos contractuales: espera criterio, autocrítica y una vigilancia extrema de los plazos. Porque el nuevo Trueta no admite premios por intentarlo; exige aciertos a la primera
